La Eurocámara aprueba las salvaguardas agrícolas diseñadas para salvar el acuerdo con Mercosur

El umbral que activará la respuesta de Bruselas frente a posibles distorsiones en el comercio agrícola con el Mercosur se ha reducido del 8% al 5%, una decisión que fue impulsada por Italia y respaldada por la Eurocámara, permitiendo que el gobierno de ese país retirase su veto al acuerdo. De acuerdo con el texto publicado por el medio de origen, el Parlamento Europeo aprobó un paquete de salvaguardas agrícolas que busca proteger a los sectores más vulnerables de la agricultura europea ante la entrada en vigor provisional del tratado de libre comercio con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Según consignó el mismo medio, la aprobación de estas herramientas de protección forma parte de las condiciones exigidas por los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea para destrabar la firma del tratado, la cual quedó pendiente después de alcanzar un consenso el pasado enero. Las medidas incorporan la posibilidad para la Comisión Europea de iniciar investigaciones y aplicar respuestas específicas en un máximo de 21 días, en el caso de detectarse impactos negativos en productos agrícolas considerados sensibles, tales como aves de corral, carne bovina, huevos, cítricos y azúcar.

Las nuevas disposiciones operan ante incrementos promedio del 5% en las importaciones y caídas del 5% en los precios de dichos productos en un período de tres años, parámetros que sustituyen la propuesta inicial de la Comisión Europea, que planteaba umbrales del 10%. El medio detalla que tanto autoridades nacionales como representantes del sector agrícola, incluidas personas y empresas, podrán solicitar a los servicios de la Comisión Europea la apertura de una investigación cuando exista riesgo de daño severo para alguno de estos sectores.

Se ha estipulado también que el Ejecutivo comunitario debe presentar informes al menos semestrales ante el Parlamento Europeo, evaluando el impacto de las importaciones de productos sensibles. Este requisito introduce un mayor grado de supervisión que responde a las preocupaciones expresadas por diversos Estados miembros y organizaciones agrarias sobre los riesgos que la liberalización comercial representa para el campo europeo.

A falta todavía del respaldo formal de los 27 Estados miembros, el último trámite previo a su publicación oficial y entrada en vigor, las salvaguardas podrán aplicarse cuando el acuerdo de libre comercio comience a implementarse provisionalmente. Tal como señaló el propio medio, el bloqueo inicial por parte de Italia, Francia y Polonia respondía a la exigencia de mecanismos de protección más estrictos para el sector agroalimentario. Tras el ajuste en el umbral al 5%, el ejecutivo italiano liderado por Giorgia Meloni levantó su veto, lo que reactivó el proceso de ratificación.

La votación en el Parlamento Europeo reflejó diferentes posturas entre los grupos políticos. El Partido Popular Europeo, a través de declaraciones del eurodiputado Gabriel Mato, destacó que las salvaguardas servirán para garantizar “una protección real y efectiva para los agricultores” y permitirán actuar antes de que los efectos negativos sobre el mercado sean irreversibles. Mato resaltó la introducción de criterios claros y objetivos para la detección de perturbaciones y la rapidez en la respuesta ante indicios de daño.

La representante del Partido Nacionalista Vasco, Oihane Agirregoitia, sostuvo que el mecanismo refuerza el control de los productos y permite una reacción más ágil frente a alteraciones en el mercado, señalando que la Unión Europea está dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para que la liberalización comercial no perjudique al sector agrícola.

Por parte de los Socialistas y Demócratas, Francisco Assis, negociador de las salvaguardias, afirmó que el propósito principal es proveer garantías “sólidas” mientras dure la aplicación del acuerdo y subrayó que la Unión ha atendido las demandas de los agricultores.

No obstante, dentro del Parlamento también surgieron voces críticas, como la de Mireia Borrás, eurodiputada de Vox y miembro de la comisión de Agricultura. Según transmitió el medio citado, Borrás cuestionó la utilidad real del mecanismo, señalando que, al no formar parte integral del acuerdo con Mercosur, las salvaguardas resultan insuficientes y sólo complican el proceso con nuevas cargas burocráticas. “Las salvaguardias no son una protección, son una coartada. No se activan automáticamente, llegan cuando el daño ya está hecho y no corrigen la competencia desleal”, declaró Borrás.

El nuevo sistema introduce un marco de actuación sin precedentes, que contempla la posibilidad de activar investigaciones de forma rápida y la obligación de monitorizar y reportar con regularidad el impacto en determinados sectores. Según lo publicado, este enfoque es fruto del consenso entre los eurodiputados y la Comisión Europea, que en diciembre ya había alcanzado un acuerdo interinstitucional sobre el alcance cuantitativo de las salvaguardias.

Las medidas cuentan con la oposición de algunos partidos y sectores que consideran que es imposible garantizar la protección efectiva del sector agrícola europeo solo con mecanismos administrativos. Otros grupos, no obstante, insisten en la necesidad de contar con vías que permitan actuar de manera preventiva antes de que un daño severo sea irreversible para los agricultores, en particular en ramos donde la competencia de los países sudamericanos podría afectar la estructura de precios y los ingresos de los productores europeos.

La votación favorable en el pleno del Parlamento Europeo deja ahora el camino abierto a la aprobación formal por parte del Consejo y a la entrada en vigor de las salvaguardias, coincidiendo con la previsto para el inicio provisional del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados que integran el Mercosur.