Alcaldes extremeños llevan hasta La Moncloa una carta que pide a Sánchez no cerrar Almaraz: "El tiempo se acaba"

Los representantes municipales del Campo Arañuelo, una comarca situada en Extremadura, han expresado su preocupación por el impacto que acarrearía el cierre programado de la central nuclear de Almaraz y subrayaron la falta de respuesta del Ejecutivo central ante sus reiteradas solicitudes de reunión. Mediante una carta entregada en el complejo de La Moncloa, los firmantes advierten que la decisión de clausurar la central podría afectar a más de 4.000 empleos y modificar de forma significativa el entorno socioeconómico de la región. Según informó Europa Press, estos alcaldes pidieron directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “diálogo leal” y una reconsideración de la fecha de cierre pactada en 2019, señalando que las circunstancias actuales distan de las que motivaron ese acuerdo.

Europa Press reportó que nueve alcaldes de municipios del Campo Arañuelo acudieron personalmente al registro de La Moncloa para entregar la misiva, la cual está suscrita en total por 15 ediles, entre ellos miembros de diversas formaciones políticas, incluido el PSOE. En la carta dirigida a Sánchez, los firmantes recalcan que “la central nuclear de Almaraz no puede cerrar”, y solicitan que se revalúe la clausura prevista para 2027 y 2028. Argumentan que el compromiso adoptado hace cinco años se realizó en un contexto muy distinto, lo que justificaría la revisión de los plazos.

El medio Europa Press detalló que los alcaldes se refirieron a las declaraciones hechas por Sánchez durante la jornada ‘Spain Investors Day’, en las que el presidente reiteró la intención del Ejecutivo de mantener el calendario de cierre nuclear pactado en 2019. Ante esa postura, los ediles indicaron que Almaraz cumple con los tres requisitos que el propio Gobierno estipuló para considerar una prórroga en la vida útil de las plantas nucleares. Según la carta, la central satisface todas las garantías de seguridad, favorece de manera apreciable la estabilidad del suministro energético y el equilibrio territorial, y sus propietarios han formalizado su disposición a invertir lo necesario para su prolongación, sin repercutir costes ni en los ciudadanos ni en la Administración General del Estado.

La falta de diálogo ha sido otro de los puntos destacados. Europa Press consignó que los representantes municipales lamentaron la ausencia de respuesta a cinco peticiones de reunión enviadas por escrito a diferentes miembros del gobierno: la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Los alcaldes interpretaron esta falta de interlocución como un agravio comparativo que se percibe en las zonas afectadas, ya que a su juicio “no todos los territorios reciben la misma atención, aun cuando las consecuencias de determinadas decisiones pueden resultar especialmente graves y difíciles de revertir”.

De acuerdo con el texto difundido por Europa Press, la carta repasa periódicamente los argumentos esgrimidos en defensa de la continuidad de la central nuclear. Detallan que el complejo de Almaraz garantiza el empleo directo e indirecto de más de 4.000 personas, además de favorecer la fijación de población en la zona y dinamizar el tejido económico local a través de servicios y empresas auxiliares. Los ediles resaltan que la planta sostiene servicios públicos en los municipios aledaños y aporta una previsibilidad mínima a futuro para las comunidades locales.

El documento también subraya el desempeño de la central a lo largo de sus años de actividad. Según el extracto reproducido por Europa Press, los alcaldes enfatizan que la planta ha operado “bajo elevados estándares de seguridad” y se ha sometido de manera constante a la supervisión de los organismos reguladores pertinentes. Este aspecto, considerado clave para justificar una eventual prórroga, se presentó junto a la petición de que el Gobierno evalúe los hechos y escuche la posición de un territorio que, según los propios regidores, actúa de forma unánime “más allá de siglas y diferencias ideológicas”.

Entre los firmantes de la petición figuran alcaldes de diferentes partidos, en un grupo encabezado por Juan Antonio Díaz (PSOE, Almaraz), Fernando Sánchez (Levanta, Belvís de Monroy y Casas de Belvís), Desiderio Riaño (PP, Casatejada), Pedro Javier Gutiérrez (PP, El Gordo), Dionisio Cordero (PSOE, Higuera de Albalat), Aniceto González Sánchez (Levanta, Majadas de Tiétar), Roberto Muñoz Martín (PSOE, Mesas de Ibor), Ahitana Gómez Ballesteros (PP, Millanes), Enrique Hueso (PP, Navalmoral de la Mata), Evaristo Blázquez (PSOE, Romangordo), Iñaki Campo (PP, Saucedilla), Nélida Martín (Levanta, Serrejón), Roberto Baños (PP, Talayuela), Eugenio Trebejo (PSOE, Toril) y Faustino Herrero (PP, Valdecañas).

La carta concluye con un llamamiento al Gobierno para que actúe “con visión de Estado” y brinde al territorio la oportunidad de expresarse y ser oído “antes de que se agote el tiempo”. Según destacó Europa Press, los alcaldes insisten en la posibilidad de adoptar una decisión ajustada al interés general y acorde a las actuales circunstancias, abogando por un proceso basado en información objetiva y diálogo institucional.