Cantabria rechaza incluir la anguila en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, lo que prohibiría su pesca

El análisis de la Dirección General de Montes y Biodiversidad de Cantabria sostiene que la recuperación de la anguila europea solo resulta viable mediante acciones conjuntas en todos los países donde se distribuye la especie, conforme a las recomendaciones de la Convención para la Conservación de las Especies Migratorias. Esta postura llevó al Ejecutivo autonómico a rechazar firmemente la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) para que la anguila europea (Anguilla anguilla) pase al Catálogo Nacional de Especies Amenazadas bajo la categoría de “en peligro de extinción”, lo que implicaría la prohibición de su captura en todo el país, según informó el medio de comunicación.

Tal como publicó el medio, la Consejería de Pesca del Gobierno cántabro adelantó que su representante votará en contra de esta propuesta central en la próxima reunión del Comité Nacional de Flora y Fauna señalada para el 17 de febrero. El Ejecutivo regional remarcó que la protección de la biodiversidad requiere decisiones basadas en datos científicos, medición de resultados tangibles y colaboración con territorios que evidenciaron eficacia en la gestión, en vez de optar por disposiciones centralizadas que, desde su perspectiva, desatienden la realidad local y los logros obtenidos.

Según explicó el medio de comunicación, la Consejería argumentó que prohibir la pesca representaría una penalización injusta para aquellas comunidades que han aplicado durante años modelos rigurosos de gestión de anguila, incorporando control de la presión pesquera, seguimientos científicos y demostraciones de éxito verificables. En ese sentido, el Gobierno autonómico identificó a Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Cataluña como territorios que llevan más de una década impulsando planes específicamente dirigidos a controlar la pesca y combatir la captura furtiva de anguilas. De acuerdo con la información citada, estos métodos permitieron que la actividad pesquera tradicional sobreviviera dentro de criterios de sostenibilidad, mostrando indicadores positivos de conservación de la especie.

En el caso específico de Cantabria, el medio detalló que en los últimos años se han instrumentado varias medidas, como la prohibición de la pesca recreativa, la reducción del esfuerzo pesquero, el establecimiento de paros temporales, la limitación de cupos de pescadores y la creación de zonas de reserva. Además, se han impulsado programas de repoblación y un mecanismo estricto de control y supervisión científica sobre la población de anguilas. Para el Gobierno cántabro, la combinación de estas acciones permitió compatibilizar la preservación de la especie y la continuidad de una actividad con relevancia social y económica en la región.

Según consignó la fuente, la Consejería mostró su desacuerdo ante la posibilidad de que se decida una protección máxima de la anguila a nivel estatal sin evaluar de forma objetiva y diferenciada los resultados alcanzados por los planes autonómicos. Para la administración cántabra, esta visión contradice el actual marco jurídico del ámbito comunitario europeo. Asimismo, la Consejería manifestó que “la conservación de la anguila europea no puede convertirse en una excusa para implantar prohibiciones generalizadas que no reconozcan el esfuerzo ni la eficacia de modelos locales”.

El Ejecutivo regional brindó una advertencia sobre el hecho de que se impulsa esta medida sin una postura clara del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo que a su juicio genera incertidumbre en el sector pesquero y evidencia la urgencia de unificar criterios dentro del Gobierno central, según reportó el medio. La Consejería reclamó que el enfoque en la recuperación de la especie debe priorizar el refuerzo contra la pesca ilegal y el tráfico internacional no autorizado de anguilas, señalados como los principales riesgos actuales para la supervivencia de la especie, en lugar de focalizar esfuerzos en restringir actividades legales, reguladas y supervisadas por procedimientos científicos.

El propio gobierno cántabro recalcó la importancia de acometer restauraciones de cauces fluviales y eliminar obstáculos a la migración, como presas, saltos de agua y centrales hidroeléctricas, medidas consideradas indispensables para favorecer la dinámica biológica de la anguila, según reflejó la fuente. Además, la Consejería reiteró que cualquier decisión futura debe basarse en estudios diferenciados por cuenca hidrográfica, eliminando propuestas generalistas que ignoran particularidades técnicas y ambientales de cada territorio.

El medio de comunicación relató que la Consejería insistió en la necesidad de valorar, con anterioridad, el posible impacto social y económico de cualquier medida restrictiva sobre las comunidades que dependen de la pesca de anguila, una práctica identificada con una tradición local significativa. Por esa razón, el Gobierno cántabro rechazó también la aplicación de moratorias que solo afecten a España, subrayando que la especie en cuestión está regulada a nivel comunitario y que países vecinos no aplican condiciones igualmente estrictas.

Al final, según la información divulgada, la administración regional reiteró su compromiso con la preservación y el restablecimiento de la anguila europea, exigiendo que cualquier abordaje sobre la especie se sustente en evidencia científica, coordinación internacional y reconocimiento del trabajo de territorios y sectores pesqueros que han demostrado competencia en la gestión sostenible.