
Estudios recientes muestran que los algoritmos empleados en redes sociales pueden alterar procesos fundamentales de la mente en niños y adolescentes, afectando áreas como el estrés, la autoestima, el sueño y la salud psicológica, de acuerdo con declaraciones recogidas por Europa Press en una entrevista al investigador de UNIR, Joaquín González Cabrera. En este contexto, González Cabrera sostiene que el bienestar mental de los jóvenes debe situarse en el centro del debate y no reducirse solo a situaciones extremas como los discursos de odio. El especialista resalta la necesidad de analizar cómo los sistemas de recomendación y la falta de transparencia digital tienen impacto directo sobre los ciclos emocionales y conductuales en la población infanto-juvenil.
El medio Europa Press detalló que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció su intención de establecer una restricción legal que prohíba el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. Ante este anuncio, González Cabrera valora fijar límites de edad y sugiere que el umbral de 16 años podría representar una medida aceptable en términos generales, aunque matiza que la decisión sobre la idoneidad del acceso debe contemplar siempre el estadio de desarrollo del menor y el nivel de acompañamiento por parte de las familias. Subraya que, mientras la medida busca proteger a los menores, la normativa no basta por sí sola si no va acompañada de acciones formativas y de mediación parental. En palabras del propio especialista, "prohibición sin educación no sirve de nada", y reclama ampliar la visión más allá de las respuestas puntuales y políticas.
El investigador, quien forma parte del comité de expertos consultados por la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados (Oficina C), integra el equipo redactor del 'Informe C: Redes sociales y menores', donde se recopila la evidencia internacional más reciente sobre la exposición de los menores a riesgos en las plataformas digitales. Según publicó Europa Press, González Cabrera insiste en que el uso habitual de redes sociales representa "una situación anómala", que tiende a la normalización, y advierte que el dominio técnico de los jóvenes para navegar no garantiza que utilicen dichos entornos de forma adecuada o segura.
En este sentido, el medio cita la opinión del experto sobre la posibilidad de retrasar el acceso a estas plataformas, argumentando que el simple aplazamiento del contacto digital tampoco ofrece una solución autónoma. González Cabrera señala que las redes sociales actúan como un negocio orientado a captar y retener la atención de los usuarios, lo que intensifica la problemática. Pone el foco, además, en la responsabilidad de las empresas tecnológicas, a las que acusa de carecer de mecanismos de transparencia suficientes en cuanto al funcionamiento de sus algoritmos, diseñados para mantener tanto a menores como adultos conectados.
Europa Press reportó también cómo el investigador atribuye el peso final de la responsabilidad a la industria digital y critica el modelo de diseño enfocado en la ingeniería conductual, que se apoya en sistemas como el 'scroll' infinito, una mecánica orientada a suministrar contenido personalizado y a maximizar el tiempo frente a la pantalla. González Cabrera observa que la exposición no siempre se limita a material inofensivo, y expresa preocupación por el fácil acceso a contenidos inapropiados entre los y las menores.
Sobre el estado de la investigación, González Cabrera resalta que "no existen todavía estudios concluyentes" que permitan dimensionar los riesgos asociados al uso intensivo de las redes. Sin embargo, demanda cautela y una actitud proactiva por parte de la industria, que sigue desarrollando y operando sus plataformas sin restricciones relevantes, mientras la regulación nacional e internacional avanza lentamente. Como ejemplo, menciona las medidas pilotadas en Australia, cuya utilidad considera aún discutible.
Para González Cabrera, la protección de la infancia digital requiere la implicación de todos los actores, más allá del ámbito legislativo: familias, centros educativos, entidades sociales y empresas tecnológicas. Subraya, según constató Europa Press, que la respuesta no puede depender únicamente de los poderes públicos ni de anuncios políticos que, en la práctica, resultan insuficientes. Advierte que la "urgencia" por encontrar soluciones debe ir acompañada de "mayor profundidad" en la elaboración y puesta en marcha de políticas que aborden el problema en su raíz.
El experto apuesta por una estrategia que priorice la formación, fomente la evaluación de las medidas adoptadas y exija a las plataformas mayor transparencia y responsabilidad sobre el diseño y la seguridad de sus servicios. Según sus palabras reproducidas por Europa Press, "la responsabilidad de que una aplicación sea segura la tiene la empresa", remarcando la lucha permanente que mantienen investigadores e instituciones para advertir sobre los riesgos inherentes al modelo actual de negocio digital. "Mientras esos estudios se están haciendo, las redes siguen operando con total impunidad", sostiene.
El investigador defiende, según publica Europa Press, la construcción de un marco de acción transversal que brinde herramientas formativas, evaluación continua y un enfoque de políticas de Estado, superando dinámicas partidistas. "El debate de la prohibición es bueno, pero sin educación y sin un marco general para todos los implicados, esto al final es un brindis al sol", concluye.
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