Petro notifica 14 muertos por ola de frío ártico y exige que la Corte retire la suspensión de la emergencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió que la llegada de un segundo frente frío ártico durante el fin de semana podría agravar el desastre que vive el país, extendiendo la emergencia económica, ambiental y social a regiones adicionales. Según informó el medio Europa Press, la situación ya ha dejado 14 personas fallecidas, aproximadamente 9.000 viviendas destruidas, alrededor de 50.000 familias damnificadas, cerca de 35.000 hectáreas inundadas y unas 300.000 personas afectadas en departamentos como Córdoba y Sucre.

De acuerdo con Europa Press, el fenómeno de la “corriente fría ártica” que azota el norte colombiano no presenta precedentes respecto a las bajas temperaturas y las intensas lluvias registradas en la zona. Estas condiciones meteorológicas extremas han dado lugar a un desastre humanitario y material amplio, por lo que el mandatario ha resaltado la urgencia de una respuesta estatal integral. Petro solicitó a la Corte Constitucional revocar la suspensión del decreto de emergencia económica, argumentando que la medida es esencial para gestionar la crisis y responder a sus efectos.

En una publicación en redes sociales, tras celebrar una reunión del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el presidente Petro expresó que los daños corresponden precisamente a los escenarios descritos en el decreto de emergencia, el cual fue suspendido por el máximo tribunal constitucional. El jefe del Ejecutivo colombiano sostuvo: “Estamos ante un hecho (…) que describíamos explícitamente en el decreto de emergencia que suspendió la Corte. Hay 14 muertos, 9.000 viviendas destruidas, casi 50.000 familias afectadas, 35.000 hectáreas inundadas y 300.000 afectadas”.

Durante sus declaraciones, reportó Europa Press, Petro manifestó que subestimar la magnitud de la crisis o reducir el presupuesto destinado a la atención de desastres sería extremadamente perjudicial para la población de las zonas afectadas. “Recortar presupuestos en esta situación es un suicidio”, aseguró el mandatario, destacando la necesidad de recursos adecuados para mitigar las consecuencias del fenómeno climático.

En relación con las acciones concretas de respuesta, el presidente Petro anunció que el Ejército procederá a eliminar diques que impiden el flujo natural del agua en las zonas de desastre. Además, se contemplará restituir tierras que, según indicó, habrían sido robadas a ciénagas y caños, con el objetivo de permitir el desagüe y reducir la intensidad de las inundaciones.

El medio Europa Press detalló que el presidente también criticó la gestión de los embalses de agua, calificándola de guiada por intereses económicos de terratenientes influyentes en las cortes. También señaló que tanto las termoeléctricas de gas como las hidroeléctricas habrían priorizado intereses privados, lo cual, según el mandatario, limita la capacidad de respuesta ante la crisis.

Estas acusaciones y demandas ocurren después de que la Corte Constitucional suspendiera el decreto de emergencia económica, una medida contra la que el presidente Petro se ha manifestado enérgicamente. Petro consideró que la decisión del tribunal fue apresurada y que, en su opinión, favoreció intereses financieros por encima del bienestar general de la población afectada. Europa Press citó al mandatario deplorando la postura de la Corte frente a la catástrofe.

El decreto de emergencia económica había sido implementado por el Gobierno tras la negativa del Congreso, a principios de diciembre, de aprobar una reforma tributaria que buscaba recaudar 16.300 millones de pesos (alrededor de 3.700 millones de euros) para fortalecer el presupuesto del país en 2026. Este revés legislativo, según consignó Europa Press, dejó al Ejecutivo sin una fuente adicional de financiamiento mientras Colombia enfrenta una crisis marcada por la destrucción de miles de viviendas, el desplazamiento de decenas de miles de familias y el impacto socioeconómico de las lluvias extremas.

El fenómeno climático que actualmente afecta a Colombia no solo ha provocado víctimas mortales y cuantiosos daños materiales, sino que también ha motivado un debate sobre la capacidad institucional del Estado para responder ante emergencias naturales sin instrumentos legales y presupuestarios específicos. El desarrollo del desastre y su gestión seguirán determinados, según publicó Europa Press, por la decisión que tome la Corte Constitucional ante la solicitud del Gobierno de restablecer el decreto de emergencia y por las medidas que adopten las autoridades en campo para hacer frente a la magnitud del evento meteorológico.