Colombia y Ecuador se responsabilizan mutuamente de mantener los aranceles tras reunión de alto nivel

Quito ha incrementado en más de 900% la tarifa por el transporte de petróleo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), elevando el costo de 2,5 dólares a más de 30 dólares por barril para los usuarios extranjeros. La decisión de las autoridades ecuatorianas ha sido rechazada por Bogotá, quien ha calificado la medida de “desproporcionada” en un contexto de crecientes tensiones comerciales y diplomáticas entre ambos países, informó el medio Europa Press. El conflicto se intensifica tras una serie de desacuerdos sobre políticas fronterizas y comerciales que afecta sectores estratégicos y amenaza con una prolongada disputa.

Las autoridades de Colombia y Ecuador han sostenido un encuentro de alto nivel con el fin de aliviar la disputa comercial, aunque la reunión concluyó sin lograr resoluciones efectivas. Según detalló Europa Press, ambos gobiernos emitieron comunicados tras el evento, responsabilizándose mutuamente por la imposición de aranceles y la falta de avances en la negociación. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador declaró en un comunicado que “llama la atención que se pretenda atribuir la responsabilidad de este desacuerdo al Ecuador, cuando precisamente su origen radica en la falta de control efectivo y presencia estatal de Colombia en su frontera sur”. De esa manera, Ecuador sostiene que la raíz del problema se ubica en la insuficiencia de medidas colombianas contra el narcotráfico y en la administración de su zona limítrofe.

Por su parte, la Cancillería colombiana informó que, tras solicitar la suspensión de los nuevos aranceles ecuatorianos mientras continuaran las negociaciones, Quito declaró que esos gravámenes solo se eliminarán cuando se logre un acuerdo total. Ante la negativa de Ecuador a retirar la tasa del 30% sobre las importaciones procedentes de Colombia, el gobierno colombiano ha decidido implementar aranceles recíprocos del mismo porcentaje sobre más de 50 productos originarios de Ecuador y suspender temporalmente la venta de electricidad a su vecino, según consignó Europa Press.

El origen inmediato de estos gravámenes se remonta al pasado enero, cuando Ecuador impuso una “tasa de seguridad” del 30% a las importaciones colombianas, alegando la “falta de reciprocidad y acciones firmes” por parte de Colombia frente a las amenazas de narcotráfico. Bogotá replicó poco después con la imposición de un arancel espejo del 30%, argumentando que su medida respondía a razones de seguridad nacional. Europa Press reportó que este cruce de restricciones comerciales se ha sumado a una serie de reproches mutuos en temas de seguridad fronteriza.

Las versiones respecto a la situación en la frontera difieren considerablemente entre ambos gobiernos. Colombia sostiene que ha reforzado la seguridad en la zona limítrofe para combatir los delitos relacionados con el narcotráfico, mientras Ecuador afirma que las propias autoridades colombianas han reconocido problemas relativos a “la falta de control fronterizo y eliminación del cultivo de coca en (su) territorio”, citó Europa Press.

La disputa ha trascendido el ámbito bilateral, ya que Bogotá ha oficializado su intención de presentar una demanda ante la Comunidad Andina —bloque regional que agrupa a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— por el supuesto incumplimiento del Acuerdo de Cartagena. Este tratado estableció las bases legales y comerciales de la Comunidad Andina y, según alega Colombia, las recientes medidas ecuatorianas vulneran sus disposiciones, especialmente las normas sobre aranceles y comercio intrarregional.

Europa Press también detalló que la ofensiva comercial se ha visto acompañada de la suspensión temporal de la exportación de electricidad colombiana hacia Ecuador, una medida que impacta la integración energética regional y se enmarca dentro de las políticas de represalia implementadas.

A pesar del tono confrontativo y del cruce de acusaciones, ambos países manifestaron la disposición de mantener abiertas las vías de negociación, aunque los recientes encuentros no han derivado en acuerdos sustanciales que permitan desactivar la “guerra comercial” en curso. Los representantes gubernamentales de los dos países han señalado que continuarán los esfuerzos diplomáticos para encontrar soluciones, mientras distintos sectores económicos permanecen a la expectativa de un desenlace que estabilice las condiciones en la frontera y el flujo de bienes estratégicos.