Un 25,7% de la población sigue en riesgo de pobreza en España, con más de un tercio de menores de 16 años afectados

Más de uno de cada cuatro habitantes atraviesan precariedad económica en el país, mientras las tasas presentan ligeros descensos respecto al año anterior según el Instituto Nacional de Estadística, persistiendo grandes diferencias por edad y nivel educativo

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El informe definitivo de la 'Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2025' revela que el ingreso medio por persona en España alcanzó los 15.620 euros durante 2024, lo que representa un incremento anual del 5,5%, y que la renta neta media por hogar llegó a 38.994 euros, casi 2.000 euros más que en 2023 y el nivel más alto desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó a recopilar esta serie. Según publicó el INE este jueves, a pesar de este aumento de ingresos, un 25,7% de la población española seguía catalogada en 2025 como en riesgo de pobreza o exclusión social, la cifra más baja desde 2014 pero prácticamente igual que la del año anterior.

El estudio del INE, consultado por múltiples medios, expone que aunque la tasa AROPE (porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión social) descendió levemente, pasando del 25,8% de 2024 al 25,7% en 2025, la mejora resulta poco significativa consideradas las persistentes desigualdades. El mayor impacto se concentra en los menores de 16 años: el 33,9% de ellos viven bajo riesgo de pobreza, el porcentaje más elevado entre todos los grupos etarios. En contraste, la tasa baja al 25,9% para quienes tienen entre 16 y 64 años y se reduce al 19,2% para las personas mayores de 65 años.

De acuerdo con lo publicado por el INE, dos de los tres componentes que definen el riesgo de pobreza o exclusión social experimentaron mejoras respecto a 2024: la tasa de riesgo de pobreza relativa descendió y también lo hizo el porcentaje de población con carencia material y social severa, situándose este último en un 8,1%, dos décimas por debajo del año anterior y su nivel más bajo desde 2022. Sin embargo, el porcentaje de personas con baja intensidad en el empleo permaneció sin cambios.

En concreto, la proporción de la población considerada en riesgo de pobreza se situó en 2025 en el 19,5%, el nivel más bajo desde 2008. Según datos del INE, el 1,4% de la población cumplía al mismo tiempo con las tres condiciones: riesgo de pobreza, carencia material y social severa y baja intensidad en el empleo. Esta proporción representaba un ligero aumento respecto al año anterior, que fue del 1,3%.

El nivel de formación influye considerablemente en la probabilidad de encarar situaciones de precariedad. Quienes poseen estudios superiores presentan una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 13,9%, mientras que el porcentaje aumenta al 24,6% entre quienes cuentan con secundaria de segunda etapa, sube al 31,5% en quienes sólo completaron la primera etapa de secundaria, y alcanza el 35,3% entre las personas con educación primaria o inferior.

El paro figura como el factor que más eleva la exposición a la pobreza o exclusión: el 55,4% de las personas desempleadas están en esta situación, seguido del 37,4% entre los inactivos no jubilados. Los ocupados registran un 16,4% y los jubilados el menor dato, con un 15,4%.

El informe del INE también puntualiza las dificultades económicas cotidianas de los hogares españoles. El 8,5% declaraba llegar a fin de mes con "mucha dificultad", una reducción respecto al 9,1% de 2024 y el mejor dato desde 2019. Respecto a la capacidad para afrontar imprevistos, el 36,4% de los hogares respondió no poder cubrir gastos inesperados, una cifra seis décimas superior al año previo. Por su parte, el 32,2% de los hogares no pudo permitir vacaciones de al menos una semana fuera del domicilio habitual, porcentaje que mejoró en comparación al 33,4% de 2024.

Los retrasos en pagos de la vivienda principal o compras a plazos afectaron al 13,3% de los hogares, nueve décimas por debajo del año anterior, según reflejó el INE en su publicación. Además, el 15,9% de las familias no logró mantener el hogar a una temperatura adecuada, cifra menor que en 2024, cuando alcanzó un 17,6%, y que en 2023, año que marcó el máximo desde el comienzo de la serie en 2004 con un 20,7%.

Respecto a la alimentación, el 5,4% de los hogares no podía permitirse comer pollo, carne o pescado al menos cada dos días, siete décimas menos que en 2024. En cuanto a bienes duraderos, el 5,4% no podía disponer de un automóvil, una décima más que el año anterior, y el 27,1% no podía sustituir muebles deteriorados, mejorando el dato del 27,7% de 2024.

La encuesta contempló también la situación de la vivienda: el 73,3% de los hogares residía en propiedad, el porcentaje más bajo registrado desde que el INE inició la serie en 2004. El 20,2% vivía de alquiler, dos décimas menos que el año anterior; el 16,7% lo hacía a precios de mercado, tres décimas menos que en 2024, y el 3,5% a precios inferiores, con un ligero aumento.

Los datos regionales muestran marcadas diferencias territoriales. Andalucía registró la tasa más elevada de riesgo de pobreza o exclusión social con un 34,7%, seguida de Castilla-La Mancha con el 34% y la Región de Murcia con el 32,5%. En el extremo opuesto se sitúan el País Vasco, Baleares y Navarra, con tasas del 14,7%, 15,2% y 16,5% respectivamente. Si se considera únicamente la tasa de riesgo de pobreza, las regiones con los porcentajes más altos fueron Andalucía (27,7%), la Región de Murcia (26,7%) y Extremadura (26,2%), mientras que País Vasco (9,3%), Baleares (11,6%) y Navarra (12,3%) presentaron los menores valores.

Las dificultades económicas para llegar a fin de mes varían también según la comunidad autónoma. Castilla-La Mancha alcanzó el porcentaje más alto, con un 12,7% de personas manifestando "mucha dificultad", seguida por la Región de Murcia (12,1%) y Canarias (11,5%). Los menores porcentajes se registraron en el País Vasco (3,8%), Aragón (4,7%) y Baleares (4,8%).

El INE señala que la encuesta se realizó entre febrero y mayo de 2025, abarcando datos de renta correspondientes a 2024. Los resultados subrayan que, aunque algunas tasas mejoran de forma marginal y el ingreso promedio por persona y por hogar aumentan, la precariedad económica afecta todavía a una proporción considerable de la población. Las diferencias por edad, nivel educativo, situación laboral y territorio continúan marcando las posibilidades de los españoles para superar las situaciones de riesgo de pobreza y exclusión social.

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