Mónica García emplaza por carta al Comité de Huelga a conseguir un Estatuto Médico mediante iniciativas parlamentarias

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado en su última comunicación dirigida al Comité de Huelga médico que existen mecanismos legislativos y legales alternativos para promover las reivindicaciones del colectivo facultativo, señalando que procedimientos como las proposiciones de ley o las iniciativas ciudadanas ofrecen vías legítimas para impulsar un Estatuto propio para médicos, sin afectar de forma prolongada la prestación sanitaria ni a los pacientes. Según informó el medio que recoge la carta enviada este jueves, García planteó a las organizaciones sindicales recurrir a estos trámites en vez de mantener la actual convocatoria de paros estatales.

De acuerdo con lo reportado, esta misiva se enmarca en las acciones previas al inicio de la huelga estatal de médicos de la que forma parte la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), así como el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA). La protesta está prevista para comenzar el lunes 16 de febrero y tendrá lugar durante una semana cada mes hasta el mes de junio, con el objetivo fundamental de reclamar un Estatuto Marco específico que recoja las condiciones y especificidades del trabajo médico. Los sindicatos firmantes también manifestaron su rechazo al acuerdo normativo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF, actualmente en proceso de tramitación antes de su remisión al Consejo de Ministros.

El medio detalla que, en el contenido de la carta, la titular de Sanidad subraya que la Mesa del Ámbito de Negociación constituye el órgano legitimado para el diálogo y la adopción de acuerdos sobre legislación laboral dentro del sector sanitario. En este foro participan organizaciones sindicales elegidas en los procesos electorales correspondientes, representando a todos los profesionales del sector, incluidos los médicos facultativos. Aun así, García informó que el Ministerio ha mantenido más de veinte reuniones con los integrantes del Comité de Huelga, entre ellas numerosas sesiones con la CESM y con organizaciones como APEMYF, para debatir las demandas. Según la carta citada, en estos encuentros se lograron puntos de convergencia reflejados en el texto del acuerdo y, en diciembre de 2025, Sanidad remitió un documento con diferentes propuestas orientadas a alcanzar un posible acuerdo, aunque no recibió respuestas o contrapropuestas formales por parte de los sindicatos.

La ministra argumenta, según documentos recogidos por el medio, que el acuerdo relativo al Estatuto Marco permitiría actualizar una normativa vigente desde hace veintitrés años, lo que representaría una mejora relevante en las condiciones laborales del personal sanitario en general. Además, este borrador normativo incluye un capítulo específico para el colectivo médico y recoge la mayor parte de las reivindicaciones planteadas según lo manifestado por los propios sindicatos convocantes en diferentes encuentros. García aclara que aquellas demandas que exceden las competencias ministeriales o que no corresponden a una ley marco estatal han sido derivadas a las comunidades autónomas. Entre estos asuntos transferidos figuran cuestiones como las retribuciones, la negociación sobre el pago de las horas de guardia, la organización de la jornada laboral, la planificación de plantillas y el aumento de personal, competencias que recaen plenamente en los gobiernos autonómicos.

Según consignó la misma fuente, la ministra considera injustificado exigir la retirada del texto acordado tras más de tres años de negociación y más de sesenta reuniones entre los agentes involucrados. García argumenta que comenzar de nuevo la redacción de un estatuto exclusivo para médicos supondría dejar fuera de las mejoras a otros profesionales del Sistema Nacional de Salud, romper un modelo de trabajo multidisciplinar, desconocer la legislación actual en materia de negociación colectiva y desaprovechar los esfuerzos acumulados durante las negociaciones previas.

En la carta, García expresa su “máximo respeto” por el derecho de huelga como mecanismo de presión, pero señala que acudir a esta herramienta para exhortar al Ministerio de Sanidad a elaborar un estatuto propio presenta dificultades de fondo, por lo que aconseja explorar alternativas viables dentro del marco legal vigente. Detalla que las organizaciones pueden promover una proposición de ley a través de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, recurrir a la iniciativa legislativa popular —que requiere apoyo directo ciudadano— y emplear iniciativas legislativas autonómicas en los respectivos parlamentos regionales. Además, las mesas sectoriales de negociación autonómica permiten a los sindicatos pactar condiciones laborales cuya competencia se encuentra en la autonomía.

En lo que respecta a la tramitación normativa, la responsable ministerial recuerda que todo proceso de esta naturaleza —incluido el del Estatuto Marco impulsado por Sanidad— se somete de forma pública al período de presentación de alegaciones y a la revisión parlamentaria mediante el debate y la posible incorporación de enmiendas. García señala en su comunicación que los plazos vinculados a estas vías alternativas no serían mayores que los necesarios si el propio Ministerio impulsara un texto diferente de forma unilateral, por lo que considera que la duración de los trámites no puede justificar la convocatoria de una huelga indefinida.

La ministra concluye recordando que canalizar todas las reivindicaciones únicamente al Ministerio de Sanidad no resulta el proceso más adecuado, dado que existen numerosos cauces legales disponibles y accesibles que permiten articular propuestas y mejoras para el colectivo médico y que la decisión tomada hasta ahora ha respondido a la legalidad y al diálogo social. García reitera la disposición del Ministerio para mantener el diálogo dentro de los procedimientos establecidos, siempre con el objetivo de avanzar en la mejora de las condiciones laborales y proteger tanto al conjunto de profesionales del sistema sanitario como a la ciudadanía.