Feijóo (PP) dice que cualquier mujer que denuncie acoso sexual tiene el derecho y el deber de acudir a la justicia

Alberto Núñez Feijóo subraya que corresponde a los afectados recurrir a tribunales en casos de acoso y afirma que su organización responde de inmediato y examina las acusaciones con rigor, valorando la vía judicial si persisten dudas

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La investigación interna en torno al caso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, fue gestionada en primer término por el Partido Popular de Madrid, que, según detalló el propio Alberto Núñez Feijóo durante una visita en Calanda (Teruel), decidió no archivar el expediente tras recibir la denuncia hace dos años, dada la relevancia de los hechos reportados y pese a su antigüedad. Feijóo precisó que, concluida la indagación autonómica, el asunto se trasladó automáticamente al Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular nacional, siguiendo lo establecido en los estatutos de la formación. Según informó el medio, el máximo dirigente del PP señaló que, después de analizar el caso, la dirección regional consideró que no existían indicios suficientes ni racionales para adoptar medidas adicionales contra el denunciante.

De acuerdo con lo publicado por los principales medios, el presidente del Partido Popular subrayó que, en situaciones semejantes, su organización abre automáticamente expedientes internos e investiga todas las denuncias recibidas, actuando cuando detecta verosimilitud en los hechos descritos e insistiendo en la necesidad de claridad a través de la vía judicial si persisten dudas tras la investigación interna. “Comportamientos contra la dignidad de las mujeres en mi partido no caben”, afirmó Feijóo según recogió la prensa, remarcando la obligación de examinar cada denuncia y de actuar en caso de detectarse algún grado de veracidad. “Si esa conducta puede tener alguna probabilidad de veracidad, se actúa; y en caso contrario, se archiva”, sostuvo el dirigente popular, quien puso en valor la importancia de examinar caso por caso atendiendo a las pruebas y los hechos disponibles.

Durante su visita en Aragón, Feijóo reiteró en diversas ocasiones, según reportó el medio, que, ante una denuncia por acoso sexual, “cualquier mujer tiene no solamente el derecho, sino también el deber de acudir a la justicia para que se haga justicia”. El líder del PP manifestó que la actuación judicial constituye la vía adecuada tanto para esclarecer los hechos como para garantizar el derecho a la defensa, e insistió en que la apertura de procedimientos internos por parte de los partidos políticos debe producirse tan pronto como se recibe una denuncia, pero que corresponde al afectado recurrir a los tribunales en busca de una resolución formal e imparcial.

En el caso específico del alcalde de Móstoles, los hechos denunciados datan de hace dos años y fueron investigados en su momento por la dirección madrileña del PP, según consignó el medio. Tras esa investigación, el expediente no fue archivado de inmediato y pasó a instancias nacionales, donde se mantuvo como una investigación abierta hasta que se concluyó que los indicios resultaban insuficientes para avanzar. Según matizó Feijóo, la posibilidad de recurrir a la justicia sigue en pie si la denunciante insiste en sus acusaciones, y tanto la organización como los tribunales permanecerán atentos a cualquier nuevo desarrollo.

El líder popular también hizo referencia a la comparecencia este jueves en el Senado de Paco Salazar, ex asesor de La Moncloa, quien fue denunciado dentro del PSOE por parte de compañeras de trabajo. Según la información publicada, Feijóo relacionó ambos casos afirmando que las recientes denuncias de comportamientos indignos, bien sea en partidos rivales o en el propio PP, deben tratarse con la mayor seriedad. El presidente popular describió las actuaciones denunciadas en el entorno de Salazar como “una grosería que yo nunca había escuchado ni había visto”, siguiendo las versiones expuestas en el medio, y matizó que en este caso la denuncia fue reciente, a diferencia del caso de Móstoles.

En relación a la secuencia de los procedimientos internos dentro del PP, Feijóo puntualizó, según informaciones de prensa, que ante hechos de posible acoso sexual, el partido inicia un expediente, convoca a los implicados y traslada el asunto a los órganos competentes, como el Comité de Derechos y Garantías. Este órgano valora la consistencia de la denuncia y, si procede, realiza nuevas pesquisas o mantiene el archivo en caso de falta de pruebas.

El secretario general del PP, Miguel Ángel Tellado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel García Ayuso, también realizaron declaraciones sobre el asunto en las que destacaron la existencia de protocolos y la rápida respuesta ante la recepción de denuncias. Estas intervenciones fueron mencionadas por Feijóo como ejemplos del proceder del partido en materia de investigaciones internas relativas a acusaciones de acoso.

Dentro de la campaña electoral en Aragón, Feijóo manifestó ante los periodistas que la coincidencia temporal de la comparecencia de Paco Salazar en el Senado y la reapertura en la opinión pública del caso de Móstoles reflejan el alcance mediático que adquieren hoy este tipo de denuncias, más allá de la antigüedad de los hechos, y reiteró la importancia de garantizar respuestas claras, ajustadas a derecho y respetuosas con las posibles víctimas, tal como reportó el medio.

El dirigente gallego defendió la actuación de su partido y aseguró que el marco estatutario del PP prevé tanto la apertura de expedientes como la revisión por parte de órganos nacionales cuando los hechos adquieren relevancia pública o no pueden ser archivados por falta de pruebas determinantes. Además, insistió, según precisó la prensa, en que los partidos políticos deben colaborar con la justicia para el esclarecimiento definitivo de los hechos, siendo la vía judicial el instrumento fundamental para garantizar el derecho de las personas afectadas, así como la corrección de posibles abusos.

Las palabras de Feijóo han reavivado el debate sobre la gestión interna de denuncias de acoso sexual en los partidos políticos y el papel de la justicia como garante último de los derechos tanto de las víctimas como de los acusados, según informaron los diferentes medios presentes en el acto.

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