El Gobierno de EEUU cesa a una abogada del ICE en Minnesota que afirmó ante un juez que el sistema "apesta"

Durante una reciente comparecencia en la corte federal de distrito, la situación de las autoridades migratorias en Minnesota quedó expuesta a raíz de las declaraciones de la abogada Julie Le, quien expresó ante el juez Jerry Blackwell que tanto su función como el sistema migratorio presentaban deficiencias sustanciales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó dar por concluida la asignación temporal de Le en este estado después de que ella manifestara ante el tribunal el impacto de una sobrecarga laboral y la dificultad de cumplir con las órdenes judiciales, según informó el portal de noticias Politico.

La decisión se tomó un día después de la audiencia en la que, interpelada por el juez, Le criticó abiertamente el funcionamiento de las estructuras migratorias. En dicho contexto, la abogada señaló que tanto los procedimientos a los que se enfrenta como la dinámica del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las operaciones de control migratorio tenían profundas limitaciones estructurales. Politico consignó que durante la vista, el juez Blackwell cuestionó también a la abogada Ana Voss sobre diversas irregularidades, algunas relacionadas con el traslado de personas arrestadas por agentes federales en Minnesota apenas horas después de su detención, seguidos de demoras de hasta trece días para devolverlas una vez que se identificaba la ilegalidad de su detención.

Dentro de la audiencia, Le relató que había planteado preguntas sobre estas prácticas y no había recibido respuestas de sus superiores. Expuso que “el sistema apesta. Este trabajo apesta. Y estoy haciendo todo lo posible para conseguirle lo que necesita”, en referencia a las órdenes del juez, según la transcripción recogida en el documento oficial. Además, compartió que, debido a la presión y la carga acumulada, había considerado renunciar, pero su salida no se concretó inicialmente por falta de un reemplazo directo. Detalló que había dado un periodo específico a sus superiores para encontrar un sustituto y que, antes de finalizar su labor, logró liberar a un menor detenido, lo que consideró un pequeño avance. Tras aquel episodio, explicó su retorno bajo la premisa de continuar facilitando la liberación de personas en situación irregular.

De acuerdo con lo publicado por Politico, Le también expresó que su permanencia en el cargo perseguía que la agencia reconociera la necesidad de acatar plenamente las disposiciones judiciales, un objetivo que, según sostuvo, aún no se cumplía. La abogada manifestó además que el proceso para corregir condiciones de liberación requería una cantidad excesiva de trámites, mencionando hasta diez correos electrónicos, dos niveles superiores de escalada y amenazas de renuncia para que se implementaran cambios. Durante la vista, Le aseguró al juez que no era blanca y señaló que también su familia corría riesgos similares a los de las personas bajo arresto, lo que forjaba su percepción de responsabilidad personal hacia los detenidos.

Este testimonio se dio en el contexto de la campaña de control antimigratorio puesta en marcha por la administración de Donald Trump en Minnesota. Según detalló Politico, esta campaña incluyó múltiples detenciones, varias de las cuales se llevaron a cabo de manera ilegal. Asimismo, las acciones de los agentes federales provocaron la muerte de dos ciudadanos estadounidenses disparados por funcionarios del gobierno durante los operativos.

El juez Blackwell también subrayó que algunos de los detenidos fueron trasladados desde Minnesota a El Paso, Texas, donde el ICE gestiona un centro señalado por organizaciones de derechos civiles. Politico informó que en ese establecimiento, considerado polémico, fallecieron tres migrantes en enero de 2026, lo que motivó a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) a solicitar su clausura. La intervención de Le puso de manifiesto las dificultades internas no solo para gestionar el flujo de detenciones y traslados, sino también para garantizar que se cumplieran los procedimientos legales en cada caso.

De acuerdo a la misma fuente, el fiscal federal en Minnesota fue el encargado de notificar la finalización de la labor de Julie Le en este territorio, una medida que se atribuye a la gravedad y al contenido de sus afirmaciones en la sala judicial. Politico precisó que la funcionaria, desde el inicio de su asignación temporal, ya había manifestado preocupación por la incapacidad institucional para abordar los volúmenes de trabajo y la insuficiencia de respuesta ante las irregularidades detectadas.

El balance de la campaña migratoria en Minnesota, de acuerdo con el análisis de Politico, arroja no solo una cifra destacada de detenciones cuestionadas por su legalidad, sino también consecuencias mortales y serias inquietudes sobre el apego de los organismos responsables a los mandatos de las cortes federales. Ante ese escenario, las palabras de Le y los comentarios del juez Blackwell intensificaron el escrutinio sobre los métodos y prioridades de los encargados de la política migratoria en Estados Unidos.