Un informe revela que el Parlamento incumple la Constitución al actuar como "simple buzón" de las peticiones ciudadanas

Según el informe presentado por Political Watch, el análisis sobre el tratamiento de las peticiones ciudadanas en España destaca que el Congreso ha recibido 386 solicitudes en lo que va de legislatura, derivando 380 de ellas a otras instituciones sin un seguimiento que garantice una respuesta efectiva. El Senado, por su parte, ha registrado 167 peticiones, de las cuales 89 acabaron archivadas y las restantes 78 remitidas a diferentes ministerios u órganos administrativos. Esta situación, señalada en el estudio 'El derecho de petición en el contexto digital', pone en evidencia que las Cortes Generales se limitan a actuar como intermediarias administrativas, sin ejercer un control real sobre la tramitación ni la consecuencia de esas demandas. Political Watch denuncia que se desconoce si estas solicitudes llegan a convertirse en acciones concretas y afirma que tampoco las peticiones trasladadas por las cámaras legislativas alcanzan al Ejecutivo, ya que los ministerios reciben menos de una solicitud ciudadana al mes.

El medio Europa Press detalló que Political Watch considera que esta "inoperancia" contraviene los artículos 29 y 77 de la Constitución, los cuales reconocen el derecho fundamental de los españoles a presentar peticiones individuales o colectivas por escrito ante instituciones públicas. Dichos preceptos prevén que el Congreso y el Senado reciban solicitudes y, si lo estiman oportuno, las trasladen al Gobierno, que debe justificar su actuación si así se le requiere. Sin embargo, según explicó Political Watch, el parlamento nacional ha adoptado el papel de un "simple buzón" en el proceso, actuando como un mero canal de transferencia, sin seguimiento ni evaluación del impacto. La Comisión de Peticiones del Congreso, desde el año 2011, solo se ha reunido entre 45 minutos y 3 horas anuales, muy por debajo de las 150 horas por legislatura de la Comisión de Presupuestos, lo que es interpretado por los autores del informe, Miguel Ángel Gonzalo y Belén Agüero, como una muestra del escaso interés institucional hacia este derecho.

Europa Press consignó que la falta de respuesta y transparencia ha llevado a que numerosos ciudadanos busquen alternativas fuera del sistema nacional, principalmente recurriendo al Parlamento Europeo o plataformas privadas como Change.org. España encabeza el número de peticiones a la Eurocámara, acumulando el 23% del total en 2023. Según Political Watch, esto refleja una confianza reducida en las vías formales disponibles dentro del país y una preferencia creciente por canales supranacionales o de la sociedad civil.

El estudio compara la situación española con la de otros países europeos, señalando que modelos como los de Alemania, Reino Unido, Estonia y Escocia ofrecen mecanismos más participativos y eficaces. Por ejemplo, en el Reino Unido, alcanzar las 100.000 firmas en una petición popular obliga a la apertura de un debate parlamentario, mientras que en Alemania, con 30.000 apoyos, el Bundestag celebra una audiencia pública. Estonia requiere solo 1.000 firmas para activar la consideración obligatoria de una petición, y Escocia prescinde de umbrales mínimos, añadiendo además herramientas de seguimiento en tiempo real.

Political Watch también examinó la regulación del derecho de petición en el ámbito autonómico español. Cuatro comunidades autónomas cuentan con normativas específicas que otorgan mayor protagonismo a este proceso. El Parlamento de Asturias se presenta como referencia, permitiendo la presentación de solicitudes tanto por escrito como electrónicamente ante la Comisión de Peticiones, con la particularidad de que las reclamaciones "fundadas" obligan a la Cámara a adoptar medidas efectivas. En Cataluña, se ha implementado una plataforma digital propia con procedimientos que incluyen la identificación verificable y la opción de comparecencias presenciales. La Asamblea de Murcia, aunque calificada de "aceptable pero poco efectiva", permite solicitar información adicional para cada demanda y rinde cuentas al Pleno mediante un informe anual. El Parlamento canario admite tanto peticiones individuales como colectivas y posibilita la derivación al Diputado del Común.

Entre los temas principales que motivan las peticiones ciudadanas destacan el funcionamiento del sistema judicial, la discusión de leyes como la de Amnistía o reformas del Código Penal, problemas relativos a instituciones penitenciarias, solicitudes relativas a asuntos sociales como las ayudas a la dependencia, el Ingreso Mínimo Vital o cuestiones relacionadas con la violencia vicaria, así como una variedad de reclamaciones y quejas dirigidas a la administración pública. No obstante, el problema que identifica el informe no radica únicamente en la cantidad de solicitudes, sino en la eficacia del sistema, dado que las Cortes sólo actúan como intermediarias, sin mecanismo alguno de control sobre lo que ocurre tras el traslado de las peticiones.

El documento elaborado por Political Watch apunta una serie de propuestas para incrementar la efectividad del derecho de petición en España. Estas incluyen la creación de plataformas digitales públicas integradas a las webs institucionales del Congreso y del Senado, el establecimiento de umbrales objetivos para activar mecanismos como audiencias en comisión (por ejemplo, a partir de 10.000 firmas), debates en pleno (con un mínimo de 50.000 firmas) y preguntas orales obligatorias a partir de 5.000 respaldos ciudadanos. El informe también recomienda reforzar la Comisión de Peticiones con más sesiones y personal técnico, y dotarla de capacidad para realizar un seguimiento efectivo. Sugiere además vincular ciertas peticiones con el proceso legislativo para que, si cuentan con un umbral de apoyo específico, puedan tramitarse como Iniciativas No Legislativas o proposiciones no de ley.

Otra medida propuesta consiste en publicar online todas las peticiones, junto con sus respuestas y el seguimiento correspondiente, así como la elaboración de informes anuales que incluyan indicadores de eficacia y permitan a la ciudadanía complementar sus solicitudes antes de la presentación formal. Según reportó Europa Press, los autores del estudio insisten en que estas propuestas no buscan crear figuras nuevas, sino hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición tal como está previsto en la Constitución, asegurando que los mecanismos funcionen y que las demandas ciudadanas sean realmente valoradas dentro del proceso parlamentario nacional.