El Senado comienza a tramitar una ley del PP para sancionar a cargos y funcionarios que no respeten la bandera de España

Las obligaciones de defensa y protección de los símbolos oficiales quedarían restringidas al espacio físico y a los edificios de titularidad pública, según plantea la proposición de ley que ha impulsado el Partido Popular en el Senado. El Pleno aprobó este miércoles la toma en consideración de una iniciativa que busca establecer un régimen sancionador para cargos y funcionarios públicos que no cumplan con el deber de respetar la bandera, el escudo y el himno de España, además de los símbolos de las comunidades autónomas, entidades locales, la Casa Real y la imagen del Rey, detalló Europa Press.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, la propuesta liderada por el PP avanzó en la Cámara Alta debido a que el grupo dispone de mayoría absoluta en el Senado. La próxima etapa será el paso de la proposición al Congreso de los Diputados, donde se determinará si procede o si se rechaza la iniciativa. El texto de la proposición abarca once artículos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, distribuidas en tres capítulos.

Durante la sesión parlamentaria, la defensa de esta proposición recayó en Marimar Blanco, senadora del Partido Popular, quien solo encontró respaldo entre los representantes de Vox. Según reportó Europa Press, los representantes de Vox valoraron positivamente la propuesta, aunque expresaron que resulta “limitada y claramente insuficiente porque es una regulación de carácter exclusivamente administrativo”, argumentando que la sanción solo operaría en ese ámbito.

El Partido Popular destaca que la normativa pretende cubrir una falta de regulación en la defensa y protección de los símbolos nacionales, autonómicos y locales, más allá de lo dispuesto sobre el delito de ultraje en el Código Penal. Según informa Europa Press, el partido sostiene que la iniciativa permitiría consolidar legalmente la exhibición y el respeto de banderas, escudos e himnos en los respectivos ámbitos territoriales, exceptuando situaciones protocolares vinculadas a visitas de cortesía de delegaciones extranjeras o comunidades autónomas.

La proposición define como símbolos oficiales la bandera, el escudo y el himno nacionales, los mismos símbolos de las comunidades autónomas y de las entidades locales —incluyendo estandartes y emblemas—, así como los símbolos de la Casa Real y la imagen del Rey. Europa Press detalló que el texto especifica que la protección de estos símbolos se limita a los espacios y edificios de titularidad pública administrados por organismos oficiales.

Respecto al régimen de sanciones, la normativa establece varios grados de infracción. Las consideradas graves conllevarán la pérdida del derecho a indemnización por cese en el cargo. Cuando se trate de infracciones muy graves, además de esa sanción, el funcionario o cargo público dejaría de ser elegible para nombramientos durante un periodo de cuatro años. El alcance de estas obligaciones, según Europa Press, quedaría circunscrito a altos cargos y al funcionamiento interno de las administraciones.

La oposición manifestó un rechazo unánime ante la medida. El PSOE y sus aliados en la Cámara Alta calificaron el texto como "inconstitucional", según recogió Europa Press, acusando al Partido Popular de intentar imponer una unidad simbólica y de promover una recentralización contraria al pluralismo político. Los senadores de ERC, EH Bildu y PSOE utilizaron argumentos jurídicos para fundamentar su voto en contra y subrayaron la incompatibilidad de la medida con la Constitución.

El senador Francesc Xavier Ten, de Junts, sostuvo durante el debate que la propuesta del PP transforma el principio de neutralidad institucional en una obligación de sumisión simbólica, lo que en su opinión contradice los principios de libertad ideológica y pluralismo. Carla Delgado, de Más Madrid, afirmó que la intención política de la reforma es “absolutamente regresiva” y calificó la medida como rozando la censura. Estefanía Beltrán, portavoz del PNV en el Senado, consideró que la iniciativa responde a un intento de recentralización centrado en un único modelo de España, según recogió Europa Press.

Con la remisión de la proposición al Congreso, la norma deberá enfrentar un nuevo proceso de debate y votación, en el que se decidirá su destino definitivo, informó el medio Europa Press. Los próximos pasos legislativos determinarán si la propuesta queda incorporada al ordenamiento como ley o si finalmente resulta archivada tras el procedimiento parlamentario.