El Parlamento de Filipinas da carpetazo a la moción para destituir al presidente por el arresto de Duterte

Según se argumentó en la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, las mociones impulsadas por varios diputados para destituir al presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., no presentaron pruebas suficientes para demostrar la implicación directa del mandatario en esquemas de corrupción. Tal como consignó el medio, durante la sesión celebrada el miércoles, los miembros de la comisión archivaron ambas iniciativas tras considerar que, aunque cumplían con los requisitos formales, carecían de sustancia para continuar adelante con un proceso de ‘impeachment’. Este hecho se produce en un contexto de marcada tensión política, tras la detención del expresidente Rodrigo Duterte, que ha avivado los desacuerdos entre los grupos afines a Marcos y los seguidores de la familia Duterte.

De acuerdo con lo publicado, los legisladores que promovieron las mociones acusaron a Marcos de haber puesto en peligro el orden constitucional al permitir la entrega de Duterte al Tribunal Penal Internacional (TPI) y de, presuntamente, haber desviado recursos públicos de proyectos de infraestructura. Sin embargo, Ysabel Zamora, vicepresidenta de la comisión, enfatizó que no existían pruebas que vincularan de manera clara al presidente con ninguna operación de corrupción destinada a defraudar a los contribuyentes filipinos. En el mismo sentido, la diputada Alyssa Gonzales explicó que la documentación presentada no demostraba que Marcos Jr. fuese parte de un mecanismo organizado dedicado a la malversación de fondos estatales.

Según detalló la agencia, la decisión del comité sirvió para dar por concluido cualquier intento de abrir un proceso formal de destitución contra el jefe de Estado. Desde la oficina de la Presidencia, la vocera Claire Castro afirmó que las iniciativas carecían de fundamento y que el presidente nunca consideró que existieran elementos que justificaran la apertura de ese tipo de procedimiento. Castro llamó a avanzar y manifestó que el gobierno busca dejar atrás el episodio, reforzando la idea de que el mandatario tenía confianza en su inocencia frente a los señalamientos.

La situación se produce luego de la detención del exmandatario Rodrigo Duterte, una figura que conserva una amplia base de apoyo en Filipinas. La entrega de Duterte al TPI generó una fuerte reacción en distintos sectores políticos y sociales. A pesar de que Filipinas formalizó su salida del Estatuto de Roma, Marcos Jr. defendió la actuación de su gobierno al sostener que el país mantiene la obligación de colaborar con Interpol cuando el tribunal internacional emite órdenes de captura. Esta interpretación legal ha sido objeto de debate en el entorno político y jurídico filipino.

La reacción popular respecto al arresto no se ha hecho esperar. Según reportó el medio, muchos ciudadanos lo interpretan como un acto de secuestro más que una extradición formal, una visión respaldada incluso por la vicepresidenta Sara Duterte, hija del exmandatario. La postura oficial de la actual vicepresidenta refleja la fractura existente entre las dos influyentes familias políticas: los Marcos y los Duterte. Según la cobertura, esta relación, antaño caracterizada por la cooperación, muestra signos de deterioro desde las elecciones de 2022. El caso de Duterte ante el TPI y la gestión de su arresto han servido para amplificar esas tensiones.

Los hechos han puesto de relieve la agitación interna en el sistema político filipino, ya que la disputa entre las dos dinastías ocurre en un momento donde el país enfrenta desafíos sociales y económicos considerables. El desacuerdo en torno a la interpretación de las obligaciones internacionales de Filipinas y las acusaciones de uso indebido de fondos públicos forman parte de una narrativa más amplia que evidencia la volatilidad dentro del escenario político filipino, según la información consignada. La decisión de la Comisión de Justicia no ha resuelto las fricciones de fondo, pero sí ha significado un revés para quienes buscaban llevar a Marcos Jr. a un juicio político.