Una jueza federal de EEUU bloquea la revocación de protecciones a haitianos a escasas horas de su fin

La decisión reciente de la jueza federal Anna Reyes incluyó la valoración de publicaciones en redes sociales de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a quien mencionó por su lenguaje hacia los migrantes haitianos acogidos al Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta resolución, dada a conocer a tan solo horas de la expiración de dichas protecciones, implica un freno judicial a la revocatoria impulsada por la Administración Trump, lo que paraliza provisionalmente los planes de deportación de cerca de 350.000 ciudadanos haitianos residentes en Estados Unidos, según consignó el medio informativo.

La jueza del distrito de Columbia argumentó que los demandantes probablemente logren demostrar que la medida de Noem para cancelar el TPS a los haitianos es "arbitraria y caprichosa", tal como publicó la fuente original. En su fallo, que consta de más de 80 páginas, Reyes señaló que encuentra probable el éxito de las alegaciones de que la suspensión se basó en animadversión hacia la población negra y haitiana. Además, destacó que según la revisión del expediente, Noem "no tiene los hechos de su parte, o al menos los ha ignorado", y que tampoco "tiene la ley de su parte, o al menos la ha ignorado".

La magistrada también hizo referencia a la libertad de expresión de Noem bajo la Primera Enmienda, admitiendo su derecho a utilizar lenguaje despectivo sobre los inmigrantes en redes sociales, pero puntualizó que las acciones de un funcionario deben ceñirse a los hechos y la legalidad al implementar el programa TPS. Reyes añadió: “El expediente hasta la fecha muestra que aún no lo ha hecho”, planteando que ese déficit justifica la suspensión de la revocatoria de las protecciones.

El medio informó que el TPS, creado en 1990, surgió como mecanismo excepcional que protege de la deportación a nacionales de países afectados por situaciones temporales de inestabilidad o desastres, y que Haití accedió a este estatus tras el terremoto de 2010. En los últimos años, la Casa Blanca bajo gobierno de Donald Trump ha puesto en marcha acciones para derogar el TPS a ciudadanos de hasta doce países, siendo Haití y Venezuela los últimos casos.

En relación a estos dos países, la Secretaría de Seguridad Nacional dirigió la suspensión del TPS pese a una decisión reciente de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que determinó que la cancelación para Haití y Venezuela carecía de fundamentos legales. Sin embargo, de acuerdo con el reporte, la sentencia no afectó de inmediato la situación de las personas beneficiarias debido a una orden previa del Tribunal Supremo de Estados Unidos, cuya mayoría de jueces republicanos se ha encargado de bloquear suspensiones similares que provengan de cortes inferiores mientras los litigios continúan.

La reacción del Departamento de Seguridad Nacional llegó rápidamente tras el fallo. La subsecretaria de la agencia, Tricia McLaughlin, lo calificó de "activismo ilegal" mediante una declaración pública reproducida en redes sociales y recogida por el medio de referencia. McLaughlin manifestó que el TPS para Haití se otorgó tras un terremoto ocurrido "hace más de 15 años" y que "nunca se pretendió que fuera un programa de amnistía de facto"; añadió que según su perspectiva, "así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas". Insistió en que el carácter temporal del programa debe respetarse y que, según sus palabras, "la última palabra no la tendrá un juez activista que legisla desde el estrado", mencionando que esperan que sea el Tribunal Supremo quien dictamine como última instancia.

De acuerdo con la cobertura, este nuevo capítulo judicial ocurre en un contexto de creciente tensión política en torno a la gestión migratoria en Estados Unidos, mientras la Administración Trump intensifica sus esfuerzos para restringir las garantías y beneficios migratorios otorgados bajo gobiernos anteriores. El caso de los migrantes haitianos representa uno de los expedientes más significativos dentro de esa disputa, dada la magnitud de la población protegida y la persistencia de una crisis humanitaria en su país de origen.

La fuente explicó que la decisión judicial vigente mantiene temporalmente la vigencia de las protecciones del TPS para miles de haitianos, quienes de otra manera habrían quedado expuestos a la deportación inmediata. La controversia sobre la legalidad y la motivación de la administración federal anula, de momento, la orden de Noem, mientras los litigios siguen su curso en las instancias superiores del sistema judicial estadounidense.