Los tres acusados de introducir cocaína en discos de vinilo desde Perú aceptan cinco años de cárcel

El método utilizado para esconder la droga consistió en distribuir casi 900 gramos de cocaína en 30 láminas ocultas dentro de las carátulas de discos de vinilo, según detalló el medio Europa Press. Este hecho se convirtió en el elemento central de un caso que tuvo su desenlace tras la aceptación de un acuerdo por parte de los acusados, quienes recibieron una condena de cinco años y un día de prisión cada uno, además de una multa económica.

Durante la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Almería, los tres procesados admitieron los hechos que se les imputaban, tal como reportó Europa Press. El tribunal de la Sección Tercera dictó sentencia firme de conformidad tras el acuerdo alcanzado entre la defensa y la Fiscalía, en el que también se impuso a cada uno una multa de 60.000 euros. Por otra parte, la posible expulsión del territorio nacional quedó supeditada a la fase de ejecución de la condena, de acuerdo a lo publicado por Europa Press.

La operación comenzó cuando agentes de aduanas de la Guardia Civil, en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, identificaron un paquete sospechoso procedente de Lima, Perú, con destino a Roquetas de Mar (Almería). El paquete contenía 25 discos de vinilo y fue detectado durante funciones de análisis de riesgo la mañana del 3 de enero del año anterior, según informó Europa Press. Tras pasar el envío por una máquina de rayos X, se observaron indicios de un doble fondo y, en el interior de las carátulas de 15 discos, los agentes hallaron las planchas de cocaína, que mostraron una pureza del 88 por ciento y un peso total de 897,5 gramos. Según cálculos consignados por el mismo medio, la droga incautada podría haber alcanzado un valor de 32.988,44 euros en el mercado ilícito.

Con las pruebas reunidas, la Guardia Civil solicitó autorización judicial para efectuar una entrega vigilada en la dirección del destinatario en Roquetas de Mar. Se sustituyó la cocaína por una sustancia inocua a fin de no alertar a los receptores del envío y, bajo vigilancia del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), se preparó un dispositivo de entrega. Un agente, caracterizado como repartidor y usando un camión de una empresa real de paquetería, se encargó de la entrega supervisada.

Europa Press especificó que, cerca de las 11:12 horas del día del dispositivo, los tres acusados acudieron a las inmediaciones de la dirección de destino: dos de ellos cumplían funciones de vigilancia y el tercero se identificó como receptor. El agente infiltrado realizó una llamada, a la que uno de los encausados respondió indicando que se encontraba en la calle antes de proceder a recibir el paquete y firmar el albarán correspondiente. Tras tomar posesión del envío, el receptor fue arrestado en ese mismo instante.

Los otros dos encausados intentaron escapar al percatarse de la detención, pero fueron perseguidos y arrestados por los agentes que custodiaban el lugar. En la intervención también se confiscaron teléfonos móviles a los acusados, los cuales formaron parte de los elementos analizados en la investigación, como divulgó Europa Press.

Respecto a la logística del envío, queda constatado que los detenidos se sirvieron de los datos personales de un cuarto individuo, cuyo rol fue objeto de análisis durante la investigación. Finalmente, la participación de esta persona en los hechos fue descartada y, por ese motivo, el juzgado acordó sobreseer provisionalmente las actuaciones respecto a ella, señaló Europa Press.

El acuerdo judicial permitió que se retirara el agravante por el delito contra la salud pública inicialmente planteado, lo que evitó que la condena se elevara hasta los ocho años de prisión, como había solicitado el Ministerio Fiscal al inicio del proceso, según detalló el medio. La representación legal de los acusados correspondió a los abogados Nabil El Meknassi, Paloma Zuloaga y Miguel Martínez Molina.

Europa Press puntualizó que los tres encausados, en situación legal en España y de origen colombiano y peruano, planificaron la introducción de la sustancia ilícita recurriendo a un servicio postal comercial con el propósito de su distribución en el mercado de drogas. Los hechos probados establecieron una coordinación entre los implicados para la recepción y manejo del envío, intervención que quedó frustrada por la actuación coordinada de los agentes de aduanas y el EDOA de la Guardia Civil.

España mantiene un estricto control sobre la importación y tráfico de estupefacientes, lo que explica la naturaleza de la operación y la aplicación de medidas especiales como la entrega vigilada y la sustitución de la sustancia ilegal. Europa Press recopiló los detalles clave de esta intervención, que concluyó con la condena y las sanciones económicas para cada uno de los tres principales responsables.