
El rechazo parlamentario al denominado decreto ómnibus incluyó la no convalidación de varias medidas sociales, entre ellas la subida de las pensiones, lo que generó la necesidad de buscar soluciones independientes para garantizar este aumento. El Ejecutivo está contemplando la posibilidad de aprobar la revalorización de las pensiones mediante un Real Decreto separado, con el objetivo de que los pensionistas no vean retrasada la actualización prevista para la próxima nómina de febrero. Según fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press, el Consejo de Ministros podría tomar la decisión en su sesión de este martes.
El paquete legislativo inicial agrupaba varias medidas del denominado ‘escudo social’ como la moratoria antidesahucios para personas vulnerables y la prohibición de cortes en los suministros básicos de agua y energía para familias en situación precaria. La falta de consenso respecto a la protección a pequeños propietarios y la oposición parlamentaria de PP, Vox, Junts y UPN provocó que el pasado 27 de enero el Congreso rechazara el decreto. Esto supuso que el texto no llegara a implementarse, incluida en él la revalorización de las pensiones.
Europa Press detalló que el Gobierno se plantea dividir las medidas, de modo que el aumento de las pensiones avance con independencia de las restantes propuestas rechazas. Si la aprobación específica de la revalorización no se produce este martes, fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que la medida se formalizaría “a la mayor brevedad posible”. El objetivo principal es evitar que los pensionistas pierdan la subida prevista y que ésta figure de inmediato en la nómina de febrero.
El Plan aprobado previamente por el Consejo de Ministros contemplaba una revalorización del 2,7% de las pensiones contributivas y de las denominadas clases pasivas para 2026. Además, las pensiones mínimas experimentarían un aumento superior al 7%. Las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares, junto a las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), tenían previsto incrementarse un 11,4% en 2026, según lo recogido en el decreto original que fue rechazado por el Congreso.
La revalorización de las pensiones constituye una de las iniciativas con mayor respaldo en la Cámara, lo que llevó al Gobierno a considerar su desvinculación de otras medidas objeto de controversia. De acuerdo con Europa Press, el Ejecutivo prioriza que la actualización de las prestaciones a los pensionistas no se vea enlazada al resto del ‘escudo social’, cuyas otras disposiciones no lograron suficiente consenso entre los diferentes grupos parlamentarios.
Otras disposiciones del decreto ómnibus buscaban extender la protección frente a desahucios y evitar la interrupción de suministros esenciales, especialmente dirigidas a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica. Sin embargo, el rechazo se produjo principalmente debido a los desacuerdos en el balance entre la protección a estos colectivos y la de los pequeños propietarios.
El gobierno, según reportó Europa Press, mantiene como prioridad la protección económica de los pensionistas, dado el amplio respaldo político que suele recibir la revalorización anual de las prestaciones. Mientras tanto, las disposiciones relativas a los desahucios y los cortes de suministros, incluidas en el paquete no convalidado, seguirán pendientes de consenso en el ámbito parlamentario.
La reunión prevista en el Consejo de Ministros de este martes podría despejar la incógnita sobre la aprobación definitiva del incremento, después de que la estrategia de presentar las medidas por separado emergiera como respuesta a la reciente votación en el Congreso. En caso de demorarse la decisión, las fuentes consultadas por Europa Press apuntan a que el nuevo Real Decreto se aprobará tan pronto como sea posible, con el fin de impedir que la nómina de febrero de los pensionistas no refleje la subida acordada en el último encuentro del Gobierno.
El decreto rechazado reunía además de la subida de pensiones otras medidas sociales bajo el paraguas del ‘escudo social’, fórmula empleada durante los últimos años para paliar los efectos económicos en colectivos vulnerables. Europa Press reseñó que este mecanismo había sido implementado en años previos, integrando múltiples iniciativas de protección económica y social, si bien en esta ocasión la falta de acuerdo llevó a su fraccionamiento.
No se descarta que en los próximos días el Ejecutivo explore nuevas vías legislativas para abordar aquellas medidas sociales que no consiguieron avanzar en el Parlamento. Entre tanto, la revalorización de las pensiones figura como asunto prioritario en la agenda gubernamental inmediata, de acuerdo con la información proporcionada por Europa Press.
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