El Gobierno aprueba un nuevo 'escudo social', con la suspensión de desahucios y el bono social energético

El Gobierno español decidió extender las ayudas estatales dirigidas a quienes resultaron afectados por la DANA y determinó mantener la exención en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades para las ayudas que la Generalitat Valenciana ha otorgado por los daños ocasionados por este fenómeno. Según informó el medio, el nuevo real decreto ley aprobado durante el Consejo de Ministros también prolonga la vigencia de otros apoyos económicos y energéticos, al tiempo que implementa cambios en impuestos y financiamiento a comunidades autónomas y entidades locales. Esta medida aparece tras el rechazo, el 27 de enero pasado, por parte del Congreso, de la convalidación de un decreto que previamente aglutinaba diversas políticas sociales y de pensiones.

De acuerdo con los detalles publicados por el medio, el texto gubernamental garantiza la protección a hogares en situaciones críticas al prorrogar la suspensión de procedimientos de desahucio y lanzamientos para personas vulnerables que no tengan alternativa habitacional cuando el arrendador sea un gran tenedor o un fondo de inversión. Esta medida está dirigida a inquilinos que, debido a obligaciones sobrevenidas, no puedan afrontar el pago del alquiler y no cuenten con otra vivienda disponible. Según fuentes del Ejecutivo citadas por el medio, el ‘escudo social’ mantendrá esta protección mientras que, siguiendo el acuerdo con el PNV, la prórroga no afectará a propietarios con uno o dos inmuebles o en situación también de vulnerabilidad; en estos casos, serán los servicios sociales quienes deban identificar una solución habitacional de emergencia para los arrendatarios afectados.

En el ámbito energético, el Consejo de Ministros acordó mantener hasta el 31 de diciembre de 2026 tanto el bono social de energía como la garantía de suministro de agua y energía para consumidores. Además, el Gobierno aprobó la adaptación de la tasa de retribución financiera de los sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo regulatorio comprendido entre 2026 y 2031, según reportó el medio.

El decreto contempla otras acciones relevantes. Entre ellas figura la prórroga de la prohibición de despidos para aquellas empresas que reciban ayudas públicas. Se llevaron a cabo también diversas modificaciones en la normativa fiscal: la actualización del anexo de la ley del IVA en relación con hidrocarburos, cambios en la metodología del cálculo del IRPF mediante el sistema de estimación objetiva, y ajustes en los regímenes simplificado y especial para los sectores de agricultura, ganadería y pesca en el IVA, según detalló el medio. También se ratificaron incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos, infraestructura de recarga y nuevas inversiones basadas en fuentes de energía renovable.

En adición, el texto señala la exención en el IRPF para indemnizaciones por daños personales derivados de incendios forestales, la introducción de deducciones por obras que contribuyan a la eficiencia energética de viviendas y la actualización del régimen de imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF.

Según informó el medio, también se realizaron ajustes en materias financieras: se actualizaron las entregas a cuenta para comunidades autónomas y municipios, se definió el régimen de endeudamiento autonómico y se estableció que las cuotas nacionales de telefonía móvil que el Estado devuelva a las compañías no deberán reembolsarse. Asimismo, la suspensión de la causa de disolución por pérdidas derivadas de fenómenos naturales sufre una prórroga, excluyéndose del cómputo las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta la conclusión del periodo fiscal que inicie en 2026.

Junto con el llamado ‘escudo social’, el Consejo de Ministros sancionó este martes otro real decreto ley que determina la revalorización de las pensiones en 2026, así como la de otras prestaciones y cotizaciones sociales, incorporando la congelación de las cuotas para los trabajadores autónomos.

Durante la comparecencia posterior a la reunión del Consejo, la ministra Portavoz y de Seguridad Social, Elma Saiz, defendió la relevancia de las medidas aprobadas, apuntando que su objetivo es facilitar la cobertura de gastos básicos para personas con necesidades especiales y reforzar la protección de los sectores más encontrados. Saiz recalcó algunos puntos de ayuda, como la prórroga de contribuciones derivadas de la DANA, el pago de la factura de la luz y la del agua a quienes presentan dificultades, e interrogó sobre el rechazo del Partido Popular a este paquete de medidas en la rueda de prensa, según consignó el medio.