El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para iniciar esta semana la tramitación de una proposición de ley de "defensa y protección" de los símbolos nacionales --como la bandera de España, el escudo de la Casa Real y la imagen del Rey--, que incluye un régimen sancionador para cargos públicos con prohibiciones de nombramiento de hasta cuatro años.
Esta propuesta del PP, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido incluida en el Pleno del Senado de esta semana y su mayoría absoluta le permitirá sacarla adelante sin problemas. A partir de ahí, la proposición de ley pasará al Congreso, que decidirá si sigue adelante con la tramitación de la norma o finalmente la rechaza.
Los 'populares' se quejan de que no existe una referencia concreta a la defensa y protección de las banderas, escudos e himnos de España, sus comunidades y entidades locales, más allá de la regulación del delito de ultraje que está en el Código Penal.
Por ello, sostienen que esta proposición de ley "viene a llenar ese vacío normativo", regulando las obligaciones de defensa y protección de los símbolos oficiales de España. La norma consta de once artículos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, estructurándose en tres capítulos.
TAMBIÉN BANDERAS DE LAS CCAA Y LOS AYUNTAMIENTOS
A los efectos de la ley del PP, tienen consideración de símbolos oficiales: la bandera, el escudo y el himno de España; la bandera, el escudo y el himno de las comunidades autónomas; la bandera, el escudo, el estandarte y el emblema de las entidades locales; así como el escudo y estandarte de la Casa Real y la imagen del Rey.
El PP insiste en que estos símbolos serán exhibidos en sus ámbitos territoriales a excepción únicamente de la colocación ocasional de otros símbolos como relación de cortesía con otros Estados o comunidades con ocasión de visitas oficiales.
Como es una norma administrativa y teniendo en cuenta su ámbito personal de aplicación, la protección de los símbolos se "circunscribe" al espacio físico y los edificios y locales de titularidad de cada administración pública.
Las obligaciones de defensa y protección serán exigibles a los altos cargos, con un régimen sancionador con diferentes grados.
Las infracciones graves serán sancionadas con la no percepción de la indemnización por cese en el cargo, mientras que a las muy graves se le añade que los cargos públicos o autoridades no pueden ser nombrados como tal durante un período de cuatro años.
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