
La preocupación por el impacto de la fauna salvaje y el riesgo de propagación de enfermedades como la peste porcina se manifestó entre los representantes del sector primario durante la protesta celebrada en Burgos. El presidente electo de Asaja Burgos, David Martínez, detalló la problemática que genera el lobo en los rebaños, destacando que las principales víctimas son vacas, ovejas y cabras, y no especies salvajes como corzos o jabalíes. Según Martínez, la presencia de estos depredadores también representa un peligro añadido, ya que pueden favorecer la transmisión de enfermedades que podrían afectar gravemente a la producción porcina de la región.
De acuerdo con lo informado por la Subdelegación del Gobierno y recogido por varios medios, más de 1.500 agricultores y ganaderos, acompañados de 600 tractores, recorrieron las calles principales de Burgos para exigir una mayor protección para el sector. Según publicó la agencia de noticias, la concentración se movilizó hasta las sedes de los principales partidos políticos, el PSOE y el PP, entregando un manifiesto dirigido a sensibilizar a las formaciones sobre la crisis que vive el campo.
Durante el acto de protesta, intervinieron diferentes portavoces de las organizaciones agrarias convocantes. Susana Pardo, presidenta de la Unión de Campesinos de Castilla y León en Burgos (UCCL), destacó cuáles son las reivindicaciones centrales: defender los alimentos producidos por el sector primario local y evitar la entrada de productos de origen extranjero que no respeten los estándares impuestos por la normativa europea. Según detalló el medio, la manifestación incluyó una parada en la sede de la Diputación de Burgos, donde los participantes distribuyeron patatas como símbolo de la producción agrícola local y de la necesidad de proteger los intereses de los agricultores.
En declaraciones consignadas por el medio local, Diego Saldaña, representante de Coag Burgos, enfatizó la urgencia de adoptar más controles sanitarios y de calidad para la producción nacional. Saldaña señaló que los productores demandan que las autoridades implementen medidas efectivas que protejan la seguridad alimentaria y garanticen la competitividad de los productos autóctonos frente a la competencia exterior, que, aseguran, llega en condiciones desiguales.
Según subrayó Gabriel Delgado, secretario local de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), los manifestantes responsabilizan a los responsables políticos de no defender con suficiente firmeza los intereses del sector agrario. Delgado reclamó un mayor grado de implicación institucional ante las dificultades que sufren los productores, quienes se enfrentan a recortes y continuos ajustes normativos derivados de la Política Agraria Común (PAC).
Los organizadores de la protesta confirmaron que la crítica a los recortes de la PAC fue uno de los ejes del reclamo, junto al rechazo explícito al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur. Los agricultores argumentan que este acuerdo internacional permite la entrada masiva de productos desde el exterior sin equiparar las condiciones de producción y los controles exigidos a los productores europeos. Tal como señala la UCCL, el riesgo de “importar alimentos que no cumplen la normativa europea” compromete tanto la viabilidad de las explotaciones locales como la seguridad de los consumidores.
El recorrido de los tractores y manifestantes culminó tras varias horas y múltiples paradas significativas en diversos puntos institucionales de la ciudad. En todas ellas, las organizaciones agrarias insistieron en la necesidad de que las autoridades nacionales y autonómicas establezcan un marco de competencia justa y planteen soluciones viables a la crisis que afrontan los sectores agrícola y ganadero. Según han manifestado públicamente los representantes del sector, la presión de la competencia internacional, la falta de medidas de control efectivo y el impacto de recortes sucesivos en las ayudas directas de la PAC han colocado a los productores en una situación de riesgo económico y social.
Durante la concentración, la entrega de alimentos y las consignas leídas reflejaron el malestar y la urgencia de respuestas por parte de las administraciones. Las entidades convocantes reiteraron que la estabilización del sector depende de una mayor protección frente a factores externos, financiación suficiente y normas que permitan equilibrar los costes de producción, garantizando la pervivencia del campo en la provincia y en el conjunto de Castilla y León.
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