Economía-El campo leonés sale a la calle: cerca de 1.000 tractores y 4.000 personas claman por la pervivencia del sector

El bloqueo al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur por parte del Parlamento Europeo la semana anterior abrió una ventana de oportunidad, según representantes de las organizaciones agrarias, para intensificar la presión política y social contra una política comercial y agraria que, en su opinión, pone en riesgo la continuidad del campo leonés. La movilización convocada este jueves en León capital evidenció esa tensión, según reflejó el medio Europa Press, con la presencia de cerca de 1.000 tractores y alrededor de 4.000 personas que tomaron las calles en defensa de la actividad agroganadera y el futuro de la provincia.

Las acciones de protesta, detalló Europa Press, contaron con la participación coordinada de las cuatro principales organizaciones agrarias: Asaja, UCCL, Ucale-COAG y UGAL-UPA. El apoyo superó, según explicaron fuentes de Asaja, todas las previsiones, lo que atribuyen a una creciente insatisfacción del sector y a la convicción de que sus demandas responden a necesidades reales del campo leonés. Desde primeras horas, los convoyes de tractores fueron acercándose a las inmediaciones del Estadio Reino de León, donde, a las 11:00 horas, ya se registraban en torno a 400 vehículos. La cifra se incrementó rápidamente y las organizaciones cifraron finalmente la participación en más de 800 tractores movilizados en el transcurso del día.

Los responsables agrarios expusieron una serie de exigencias dirigidas tanto al gobierno español como a las instituciones comunitarias, entre las que destacan la petición de una Política Agraria Común (PAC) que no contemple recortes presupuestarios y que esté pensada para el agricultor profesional. Otro de los puntos centrales consistió en la solicitud de revisar los precios de venta de los productos agrarios, reclamando que garanticen la viabilidad económica de las explotaciones. Además, demandaron que se eliminen los aranceles vigentes sobre insumos fundamentales como los abonos, con el objetivo de mantener la competitividad del sector.

El secretario general de Asaja León, José Antonio Turrado, sostuvo que el principal objetivo de esta manifestación es hacer recapacitar tanto a los políticos como a los responsables de la administración pública sobre la gravedad de la situación y exigir respuestas ante lo que consideran un trato desigual en los intercambios comerciales con terceros países. Turrado subrayó que los agricultores de León no solo reclaman reciprocidad en los acuerdos internacionales de comercio, sino que advierten sobre el riesgo de que las explotaciones dejen de ser rentables si no se toman medidas para asegurar precios y condiciones equitativas: “Que nuestra profesión permita la rentabilidad, la competitividad y que contribuyamos a mantener la vida económica y social en el medio rural, que es otra de nuestras responsabilidades”, afirmó, según citó Europa Press.

Otro asunto destacado durante la jornada fueron las consecuencias del acuerdo UE-Mercosur, que las organizaciones consideran perjudicial para el sector. Turrado manifestó su conformidad con la reciente decisión del Parlamento Europeo de elevarlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, interpretándolo como una oportunidad para continuar generando conciencia política y social, y reiteró que existen fórmulas alternativas para gestionar las relaciones comerciales con bloques externos.

Durante la marcha, la secretaria general de UGAL-UPA en León, Sonia Castro, coincidió en los planteamientos expuestos y resaltó la importancia de estas demandas para promover el desarrollo rural y asegurar el relevo generacional en el campo. Castro insistió en la necesidad de indemnizaciones proporcionales cuando las explotaciones sufren ataques de lobos u otras especies de fauna salvaje, y exhortó a los políticos a respaldar de forma efectiva al sector, evitando que los agricultores se conviertan en “moneda de cambio” en negociaciones sobre tratados con otros intereses.

El presidente de Ucale-COAG en León, Apolinar Castellanos, explicó que los profesionales del campo salieron a las calles “para reivindicar nuestros derechos y poder sobrevivir”, ya que, según declaró a Europa Press, las políticas aplicadas por los diferentes niveles de gobierno están comprometiendo la viabilidad de las explotaciones. Castellanos se refirió a la conducta de los representantes políticos, acusándolos de faltar a los compromisos adquiridos con el sector y de votar medidas contrarias a los intereses de los agricultores y ganaderos. Señaló que la provincia de León experimenta una caída continuada de su tejido productivo, al perder la industria del carbón y haber desaparecido todas sus fábricas azucareras, lo que, en su opinión, refleja una tendencia que amenaza también a la agricultura y la ganadería.

En relación a los acuerdos internacionales, Castellanos remarcó que, cuando se negocian tratados como el de Mercosur, existen sectores que se benefician, pero el agro leonés se ve especialmente damnificado por las condiciones pactadas, y consideró que los políticos tienen la obligación de operar en beneficio real del pueblo.

El presidente de UCCL, Juan Antonio Rodríguez, remarcó que la unión de las organizaciones agrarias demuestra el consenso y la firmeza en el rechazo a la orientación actual de la política agraria europea. Rodríguez resaltó que sin un cambio drástico en la dirección de estas políticas, la supervivencia de los pueblos del ámbito rural está en peligro. Anunció además una nueva acción de protesta prevista para el 11 de febrero en Madrid, donde esperan reunir 1.500 tractores y 15.000 asistentes, en la que las organizaciones leonesas participarán unidas bajo el lema de la defensa de los pueblos y su producción agrícola y ganadera.

La jornada estuvo marcada por la presencia activa de agricultores de todas las edades y por el énfasis en la defensa del modo de vida rural y la sostenibilidad de la economía ligada al sector primario. Las organizaciones coincidieron según Europa Press en la importancia de coordinar esfuerzos y mantener la presión social para “hacer reflexionar” a los encargados de las decisiones políticas, al considerar que solo así se pueden revertir las condiciones que, según sus representantes, están llevando al límite al campo leonés.