CEOE rechaza el incentivo fiscal ligado al SMI por ser una "fórmula trilera" con requisitos "inalcanzables"

Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han criticado que la propuesta gubernamental sobre incentivos fiscales se haya divulgado en los medios de comunicación antes de discutirse formalmente en la mesa de negociación prevista con el Ejecutivo. Ambas entidades señalan que el contenido filtrado representa una ruptura en las formas habituales de diálogo social. En ese contexto, han calificado como una falta de respeto que detalles de la reducción aplicable al Impuesto sobre Sociedades se conocieran públicamente antes de un intercambio directo con los agentes involucrados. Según publicó Europa Press, la principal noticia sobre la propuesta es el rechazo frontal del empresariado al diseño del incentivo fiscal propuesto por Hacienda para compensar el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI).

De acuerdo con Europa Press, CEOE y Cepyme consideran que este mecanismo de reducción fiscal sustituye a la opción de indexar los contratos públicos y no llega a cubrir los costes derivados del aumento del SMI. Según las patronales, el incentivo no responde a los consensos alcanzados en el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, alcanzado por diferentes interlocutores sociales, ya que excluye a autónomos, cooperativas, entidades sin ánimo de lucro y empresas que declaran pérdidas. Las organizaciones empresariales sostienen que las condiciones planteadas para acceder a la reducción fiscal resultan imposibles de cumplir para una amplia mayoría de empresas. Agregan que la exigencia de aumento de plantilla y otros requisitos genera una injerencia en la negociación colectiva y limita la libertad empresarial, describiendo la medida como intervencionista.

El texto de la propuesta a la que accedió Europa Press detalla que la reducción fiscal está concebida de manera progresiva, vinculada al crecimiento de la plantilla y a incrementos salariales por encima del SMI. El Ministerio de Hacienda busca que estas medidas beneficien a compañías que aumenten el empleo y los sueldos, siempre que la plantilla media al concluir el periodo impositivo supere la cifra inicial. Por ejemplo, empresas de menos de 100 empleados deben contratar al menos una persona a tiempo completo durante un año; aquellas con 100 o más empleados, deben sumar dos personas a tiempo completo o incrementar su plantilla al menos un 1%. El monto de la reducción crece en función del porcentaje de incremento: es menor si el aumento de personal no supera el 5% y llega al máximo — 100% — si la plantilla aumenta al menos un 15%.

El esquema presentado por Hacienda indica que el importe de la reducción se calcula multiplicando la subida bruta anual del SMI por un coeficiente dependiente del porcentaje de incremento de la plantilla. En concreto, si el aumento es inferior al 5%, se multiplica por 0,25; si se encuentra entre el 5% y el 10%, el factor es 0,50; crece a 0,75 para incrementos superiores al 10% e inferiores al 15%; y llega al coeficiente 1 para subidas de plantilla iguales o superiores al 15%. Los empleados deben mantener ese incremento durante los dos ejercicios posteriores al periodo impositivo en que se aplicó la reducción.

El acceso a la reducción también exige que los gastos de personal de la empresa superen el 70% del total de los gastos de explotación, y está establecido que la base imponible tras la reducción nunca puede ser negativa. Si la empresa incumple los requisitos, deberá devolver lo recibido con los intereses de demora correspondientes. Así lo especifica la propuesta analizada por Europa Press.

Según el medio, la intención del Ministerio de Trabajo a través de este incentivo fiscal es incluir a CEOE en el acuerdo de incremento del SMI. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que la reunión sobre el SMI de este jueves será la última, manifestando su deseo de alcanzar un acuerdo al finalizar la jornada.

Las organizaciones empresariales sostienen que el planteamiento del Gobierno genera discriminación en el acceso a la reducción fiscal e impide la participación de una parte significativa del tejido productivo español. CEOE y Cepyme recordaron que los requisitos presentados dejan fuera a sectores clave y que la exclusión de cooperativas, entidades sin ánimo de lucro y empresas en números rojos no encuentra justificación, máxime cuando muchas de esas organizaciones sufren de forma significativa el impacto del aumento del SMI. Denuncian que estas condiciones restan eficacia al incentivo propuesto por el Ejecutivo.

El análisis presentado en la nota de prensa de las patronales señala además que sustituir la concertación social por la política del anuncio y de la puesta en escena perjudica los pilares de la economía y la propia sociedad. Insisten en que las negociaciones deben producirse en la mesa y no filtrarse previamente a los medios, alegando que esta dinámica dificulta el diálogo efectivo y el consenso entre partes.

Según Europa Press, la CEOE indicó que su Comité Ejecutivo valorará oficialmente la propuesta fiscal tras recibir y examinar la documentación en detalle de parte del Gobierno. Por el momento, la posición de las organizaciones empresariales permanece en contra del incentivo, argumentando que la medida representa una fórmula que no resuelve los costes que afrontan por el cambio en el SMI. La patronal insiste en que se requieren condiciones más inclusivas y representativas de la realidad empresarial en España para lograr un consenso efectivo entre el sector público y el privado.