En una rueda de prensa celebrada en Bruselas, el comisario de Interior de la Unión Europea, Magnus Brunner, enfatizó que la decisión sobre cómo abordar las políticas relacionadas con la migración y la necesidad de mano de obra en España corresponde íntegramente al Gobierno español. Según informó el medio, Brunner aclaró que la reciente regularización extraordinaria de migrantes en España es un mecanismo legal válido para enfrentar los requerimientos del mercado laboral del país, pero subrayó que la prerrogativa para adoptar este tipo de medidas se halla exclusivamente en manos de las autoridades nacionales, sin intervención directa de la Comisión Europea.
Tal como publicó la agencia, tras consultas sobre la nueva legislación española en materia migratoria, Brunner declaró que Bruselas reconoce la facultad de los Estados miembro para definir sus propias respuestas a los desafíos internos vinculados con la migración legal y la demanda de trabajadores. Explicó que la competencia en torno a la regularización de personas que ya residen dentro de un Estado de la UE recae en cada gobierno nacional, ya que las instituciones europeas no disponen de autoridad para imponer criterios u obligación alguna en este campo.
De acuerdo con la información difundida, el comisario se refirió explícitamente a la ley aprobada por el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez, indicando que la labor de garantizar la cobertura de las necesidades laborales corresponde a España. Brunner detalló que “es competencia de los Estados miembro decidir cómo quieren reaccionar, cómo abordar la parte de la migración legal y los trabajadores, la mano de obra que necesitan para sus países, y eso es lo que está haciendo España”, según consignó el medio. Así, recalcó que la Comisión Europea observa el proceso normativo pero carece de atribuciones para intervenir o influir en las medidas adoptadas por el gobierno español.
La Comisión Europea, reportó el medio, ha ratificado que las soluciones para ofrecer un marco legal a los migrantes deben adaptarse al contexto y a la legislación interna de cada Estado miembro. La regularización extraordinaria puesta en marcha por el Ejecutivo español el miércoles se inscribe dentro de las posibilidades a disposición de los Estados para responder de manera eficaz a los desafíos que surgen por la demanda de mano de obra y por situaciones relacionadas con la integración laboral de los migrantes ya presentes en territorio nacional.
El organismo europeo precisó que considera la vía de la regularización una de las alternativas legales que pueden utilizar los países afectados por necesidades en su mercado de trabajo. La Comisión subrayó, según detalló la nota de prensa, que corresponde a cada gobierno examinar qué fórmulas legislativas adoptar en función de sus prioridades económicas, sociales y laborales, sin que la normativa comunitaria condicione ni limite estas decisiones soberanas.
El medio recogió que la declaración del comisario Brunner se produce después de que la nueva ley española de regularización extraordinaria para migrantes recibiera amplia atención pública, destacando tanto sus repercusiones en el mercado de trabajo como su encaje en el marco legal comunitario. Según el análisis de Bruselas, la regularización representa un instrumento legal que puede utilizar un Estado miembro siempre que considere que responde a las necesidades de su sociedad y de su tejido productivo.
Preguntado por los efectos que podría tener esta legislación en el seno de la Unión Europea, Brunner reiteró que la responsabilidad y el margen de decisión son nacionales y no está previsto un pronunciamiento de la Comisión sobre el contenido o los detalles de la ley aprobada en España, precisó la información divulgada por el medio. Agregó que la UE sólo interviene en cuestiones de migración cuando existen competencias compartidas o armonización normativa, lo que no es el caso de los procesos de regularización internos.
Finalmente, la Comisión Europea reiteró que continuará monitorizando las respuestas de los Estados miembro en materia de migración laboral, pero insistió, según resaltó el medio, en que las soluciones ofrecidas por los gobiernos nacionales forman parte de la variedad de enfoques permitidos por la legislación comunitaria, en la que predomina la competencia nacional en este tipo de medidas.
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