
Gergely Karacsony, al frente del Ayuntamiento de Budapest desde 2019, publicó reiterados llamamientos en redes sociales para sumar asistencia a la manifestación del Orgullo y encabezó la marcha el 28 de junio de 2025, en un contexto de alta tensión política en torno a los derechos LGBTI en Hungría. De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía de Budapest y recogida por Europa Press, esa movilización colectiva se llevó adelante después de que el Ejecutivo liderado por Viktor Orbán promulgara una ley que prohíbe cualquier tipo de exhibición pública considerada por el oficialismo como contraria a los comportamientos y valores que, a su juicio, deben ser mostrados ante menores de edad en el espacio público.
La Fiscalía presentó este miércoles cargos formales contra Karacsony por persistir en la organización del desfile del Orgullo LGBTI pese a la prohibición oficial, acusándolo específicamente de violar la libertad de asociación y reunión. En un escrito presentado ante el Tribunal del Distrito Central de Pest, la institución propuso que se imponga al alcalde una multa sin necesidad de juicio previo, mediante sentencia penal, según detalló Europa Press. La acusación subraya que Karacsony tuvo conocimiento de la prohibición el mismo día en que se dictó, no interpuso recurso alguno y optó por realizar la marcha, mientras la restricción ya tenía carácter definitivo.
El documento de la Fiscalía recuerda que el alcalde no solo asumió la iniciativa de convocar y promover la participación en la marcha, sino que además la presidió personalmente. Europa Press reportó que Karacsony no agotó la vía judicial ante la prohibición, lo que para la Fiscalía profundiza la supuesta infracción.
En respuesta al anuncio de los cargos, Gergely Karacsony expresó públicamente que ha pasado "de ser un sospechoso orgulloso a ser un acusado orgulloso". En declaraciones difundidas por el propio alcalde en redes sociales y citadas por Europa Press, afirmó: "Al parecer, este es el precio en este país por defender nuestra libertad y la de los demás. Pero, si alguien cree que puede impedirme o desanimarme para que mi ciudad y yo lo hagamos, está muy equivocado". Subrayó además que, según su punto de vista, las autoridades buscan multarlo sin someter el caso a juicio porque "no quieren enfrentarlo", agregando: "El hecho de que cientos de miles de personas vinieran hizo de ese día un milagro inolvidable, un punto de inflexión".
Según consignó Europa Press, el desfile movilizó a entre 35.000 y 40.000 personas, alcanzando una cifra considerada récord para este tipo de manifestaciones en la capital húngara. Esta marcha constituyó una importante respuesta ciudadana en favor de los derechos de las personas LGBTI, en un momento en el que la ley en cuestión, promovida por el Gobierno nacional, prohibía expresamente actos públicos que pudieran interpretarse como contrarios a los valores tradicionalistas que el oficialismo promueve para la exposición ante menores.
Karacsony, en su declaración, sostuvo que "nunca" aceptará que "sea delito defender la libertad, expresar una opinión, que se prohíba la libertad de amar, que cualquiera sea castigado por creer en algo diferente, pensar diferente, amar de forma distinta a la de la mayoría". El alcalde manifestó también su intención de resistir cualquier intento de represión a los derechos y libertades individuales. "A pesar de todas las amenazas y castigos, lucharé contra el hecho de que quienes quieren prosperar, vivir y amar sean traicionados por su propio país, por el Gobierno", declaró Karacsony, según recogió Europa Press.
El medio Europa Press destacó que la Fiscalía de Budapest incluyó en su escrito una propuesta concreta: la imposición de una multa sin la celebración de un juicio ordinario, lo que sugiere un procedimiento acelerado y sancionador ante lo que consideran una violación clara de la normativa vigente. La acusación resultante se produjo inmediatamente después de la masiva convocatoria que desafió visiblemente la normativa instaurada por el Gobierno húngaro, legislación que ampara–según los impulsores oficiales–la protección de menores frente a manifestaciones públicas que, a su entender, atentan contra los valores tradicionales.
Las restricciones introducidas por el Gobierno de Viktor Orbán sobre manifestaciones públicas que aluden a cuestiones LGBTI forman parte de una serie de medidas que han generado amplias reacciones tanto dentro de Hungría como en el plano internacional. Europa Press remarcó que la aprobación de la nueva ley y el episodio judicial contra el alcalde intensifican el debate sobre la libertad de expresión y el derecho de asociación en el país.
La participación de decenas de miles de personas en la marcha, que fue promovida y presidida por Karacsony, resultó uno de los principales desafíos visibles a la política antiLGBTI del actual Ejecutivo nacional. Europa Press reportó que esta movilización, por sus dimensiones y por la presencia de figuras públicas al frente, representó un acto de desobediencia civil colectivo respecto a las medidas de restricción impuestas recientemente.
El procedimiento judicial se mantendrá ahora en el Tribunal del Distrito Central de Pest, que deberá decidir si acoge la petición de una sanción económica o procede con otras medidas. Mientras tanto, el caso sigue suscitando respuestas y pronunciamientos desde diferentes sectores sociales y políticos en Hungría, centrando la atención en el alcance de las libertades civiles a la luz de las recientes reformas legales.
La información compilada por Europa Press refleja el pulso actual entre el Ayuntamiento de Budapest, encabezado por Karacsony, y el Gobierno central respecto a la vigencia de derechos y libertades en el país, en medio de un escenario en el que las leyes nacionales establecen límites controvertidos a la libre manifestación y la defensa de la diversidad en el espacio público.
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