Mueren trece personas por un derrumbe en una mina de oro en el sur de Sudán

Los cinco pozos donde ocurrió el desastre permanecían cerrados y fuera de operación, pero varias personas accedieron ilegalmente cortando los soportes de seguridad, propiciando la tragedia. Las autoridades locales han afirmado que existe preocupación por el número exacto de personas atrapadas, ya que el recuento de desaparecidos todavía no es definitivo y la cifra de víctimas mortales podría incrementarse. El medio, difundido por la Compañía Sudanesa de Recursos Naturales mediante un comunicado reproducido en redes sociales, confirmó la gravedad de la situación en el estado de Kordofán Sur, donde además del saldo letal de trece fallecidos, se identificaron al menos seis heridos.

Según informó la Compañía Sudanesa de Recursos Naturales, el incidente se registró en la mina Um Fakrun, ubicada en el sur de Sudán, dentro de una zona que ha experimentado un aumento de los enfrentamientos entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en los últimos meses. Tal como consignó la empresa en su comunicado, el derrumbe se produjo tras colapsar varios pozos abandonados en el lugar, lo que ha desencadenado tareas de rescate y búsqueda de posibles sobrevivientes y cuerpos entre los escombros. La posibilidad de más personas atrapadas mantiene en alerta a los equipos de emergencia, mientras familiares y colegas de los mineros aguardan nuevas noticias.

La empresa administradora del yacimiento precisó que los pozos colapsados se encontraban en desuso y advirtió sobre los riesgos que supone ignorar las regulaciones de seguridad, según publicó la Compañía Sudanesa de Recursos Naturales. Uarsha Naser Uarsha, responsable de la firma en la región, declaró que los trabajadores ingresaron de forma clandestina tras desmantelar los sistemas de soporte. En su comunicado, el director local expresó: “Pedimos a los trabajadores que respeten las regulaciones y no trabajen en pozos abandonados”, en un intento por prevenir más accidentes similares.

De acuerdo con la información difundida por la empresa minera y replicada en medios locales, la minería representa un medio de vida para cientos de miles de sudaneses. Sin embargo, el brote de violencia iniciado en abril de 2023 ha deteriorado la situación laboral y ha impulsado a más personas a buscar el sustento en explotaciones informales y no reguladas, lo que incrementa considerablemente los riesgos de accidentes fatales y condiciones inseguras. El estado de Kordofán Sur, enfrentado a inestabilidad debido al conflicto armado entre fuerzas gubernamentales y paramilitares, se ha convertido en punto crítico para incidentes laborales relacionados con la extracción de oro y otros minerales.

El impacto de la guerra afecta tanto a la vigilancia como a la operación de los sectores mineros. El control estatal sobre la actividad extractiva se ha visto debilitado, creando vacíos que son aprovechados por grupos que buscan explotar los recursos sin permisos ni supervisión técnica, informó la Compañía Sudanesa de Recursos Naturales en su reporte divulgado tras el accidente. El sector minero, pieza clave en la economía sudanesa, se enfrenta actualmente a desafíos estructurales y de seguridad que dificultan el cumplimiento de protocolos para evitar tragedias.

Además del número de muertos y heridos confirmados, las autoridades han movilizado recursos para continuar con la búsqueda de desaparecidos. Familiares de los trabajadores afectados y representantes de la comunidad minera exigen respuestas y atención inmediata para evitar nuevos episodios de este tipo. Las causas identificadas en el reporte preliminar señalan la prohibición de acceso a pozos en desuso como una medida esencial que no fue respetada en esta ocasión.

Por su parte, la administración de recursos naturales recordó que el acceso ilegal a zonas mineras abandonadas está penado por la normativa vigente, advirtiendo sobre las implicaciones legales y personales para quienes incurran en prácticas de este tipo. La precariedad y las presiones económicas en el contexto del conflicto armado han elevado los niveles de informalidad en el rubro, lo cual multiplica los peligros tanto para los operarios como para el entorno.

La mina donde tuvo lugar el accidente ya había sido declarada insegura y no apta para la explotación formal, pero debido a la falta de alternativas laborales para la población circundante, continúan dándose incursiones clandestinas, según consignó el comunicado de la Compañía Sudanesa de Recursos Naturales. Las autoridades mineras locales reiteraron el llamado a reforzar los controles y a aumentar la presencia de supervisores en sectores considerados de alto riesgo, para evitar pérdidas humanas.

La noticia del derrumbe ha reavivado el debate sobre las garantías de seguridad y la regulación del trabajo minero en Sudán, un país que, tras años de conflicto y crisis, ve cómo la actividad extractiva informal compite con los esfuerzos gubernamentales para imponer orden y prevención de siniestros. Miles de personas dependen de la minería para su subsistencia, mientras que organizaciones civiles y entidades estatales insisten en aplicar sanciones a quienes infringen las normas y procedimientos para el trabajo en minas.

El evento ocurrido en Um Fakrun se suma a una cadena de episodios relacionados con el trabajo irregular en minas de oro en todo el territorio sudanés, donde la presencia de pozos inseguros y el acceso sin autorización a zonas peligrosas aumentan las probabilidades de colapsos fatales. La compañía estatal reitera la necesidad de observancia de las reglamentaciones y fomenta la cooperación entre trabajadores y autoridades para adoptar medidas eficaces que minimicen los riesgos asociados.

El reciente colapso en Kordofán Sur evidencia la vulnerabilidad de los sectores productivos sometidos a la doble presión del conflicto armado y la fragilidad del control institucional sobre los recursos nacionales. El desenlace del operativo de rescate y la actualización del balance de víctimas podrían influir tanto en las políticas públicas del sector como en la relación entre las comunidades mineras y las autoridades responsables de velar por la seguridad en el trabajo.