Los auditores europeos alertan de más complejidad y riesgos de gestión en el próximo presupuesto de la UE

El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado su evaluación del presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, en la que destaca que la creación de nuevos recursos propios, como las contribuciones basadas en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, derechos sobre el tabaco y gravámenes a empresas con ventas superiores a 100 millones de euros, supondrá una mayor complejidad en el sistema y un incremento en la carga que deberán asumir los presupuestos nacionales. Este análisis advierte que el incremento en el número de fuentes de ingreso no reducirá significativamente la dependencia de las contribuciones de los Estados miembro, dado que cerca del 77 % del aumento de ingresos provendrá de aportes nacionales, una cifra que superará los 208.000 millones de euros anuales. Así lo detalla el medio El País en base a los dictámenes publicados por el Tribunal.

El informe del Tribunal de Cuentas Europeo, citado por El País, señala que el nuevo presupuesto a largo plazo, elaborado por la Comisión Europea y pendiente de negociación, forma parte del marco financiero plurianual de la UE y prevé un aumento global del presupuesto que asciende a 2 billones de euros para el periodo 2028-2034, lo que representa un crecimiento del 59 % en comparación con el ciclo anterior. Este incremento se explica en buena parte por la incorporación de los pagos previstos para saldar la deuda derivada del plan de recuperación "Next Generation EU". No obstante, si se excluye este componente, el aumento real del presupuesto resulta mucho más moderado, situándose apenas en un crecimiento del 1,13 % al 1,15 % de la renta nacional bruta de la UE, según lo consignado por El País tras las observaciones del Tribunal.

En cuanto al enfoque de gasto, el Tribunal de Cuentas Europeo advierte un cambio hacia una mayor centralización. Se proyecta reducir en 20 puntos porcentuales la parte del presupuesto que actualmente se gestiona en forma compartida con los Estados miembro, lo que en términos prácticos implica que la Comisión Europea tendrá que asumir una porción mucho mayor de la gestión directa e indirecta de los fondos. Esta modificación podría tensionar la capacidad administrativa del Ejecutivo comunitario, según advirtió el Tribunal de Cuentas, ya que se deberán asumir más tareas de control, supervisión y verificación del rendimiento de los distintos programas financiados por el presupuesto europeo.

El Tribunal sostiene que el giro hacia una menor gestión compartida puede alterar igualmente la distribución territorial del gasto. Según la información de El País, la concentración de fondos podría incrementarse en los Estados miembro con mayor capacidad para captar ayudas mediante procedimientos competitivos, mientras que otros territorios podrían ver reducida su participación en esos recursos. Esta posible desigualdad preocupa a los auditores por sus implicaciones en la cohesión europea.

Respecto a las propuestas de simplificación presupuestaria, la Comisión ha planteado reducir el número de programas comunitarios de 52 a 16. El Tribunal indica que esta medida solo tendrá un efecto real si las normas de ejecución y control se diseñan de manera clara y se aplican rigurosamente, tal como reportó El País. Además, se indican incertidumbres sobre la operatividad de los instrumentos de flexibilidad presupuestaria que deberán ser aclaradas antes de su adopción definitiva.

Un aspecto relevante del trabajo del Tribunal es su evaluación sobre la nueva metodología propuesta para el ajuste anual del presupuesto con el objetivo de proteger a la Unión Europea frente a desviaciones por inflación. El Tribunal estima que esta técnica podría aportar mayores garantías, pero solicita considerar sus impactos potenciales antes de que el Parlamento Europeo y el Consejo tomen una decisión definitiva sobre el marco propuesto.

En torno a los ingresos comunitarios, la introducción de cinco nuevos recursos eleva el total a nueve. Entre las novedades destacan los ingresos relativos a la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, derechos sobre el tabaco y contribuciones de empresas grandes, junto a los ya contemplados que están vinculados al comercio de emisiones y al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono. El Tribunal de Cuentas, según detalló El País, estima que estos nuevos flujos incrementarían los ingresos en una media de 58.000 millones de euros cada año.

Aunque se plantea una disminución del peso relativo de la aportación calculada según la renta nacional bruta, el Tribunal recuerda que esta fórmula seguirá empleándose como mecanismo de balance para compensar eventuales insuficiencias en otras fuentes de financiación. Por otro lado, el órgano fiscalizador considera positiva la eliminación de los mecanismos correctores que históricamente reducen las contribuciones de algunos Estados miembro, al entender que ello hará el sistema presupuestario más transparente, según lo recogió El País.

No obstante, la mayor cantidad de fuentes de ingresos hará el sistema más complejo y el Tribunal de Cuentas alertó que la tasa financiera sobre las empresas podría entrar en conflicto con los objetivos de competitividad de la Unión Europea. Además, el informe recomienda reevaluar los límites máximos de los recursos propios tras la reciente aprobación de un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, que cuenta con la garantía del presupuesto comunitario.

El dictamen presentado por el Tribunal de Cuentas forma parte de un paquete más amplio de opiniones sobre la estructura institucional y presupuestaria futura de la Unión Europea. Según publicó El País, se prevé que la institución emita nuevos análisis en los meses siguientes, en coincidencia con la apertura de las negociaciones parlamentarias y del Consejo para definir el marco financiero plurianual que regirá a partir del año 2028.