Bruselas calibra con Google los cambios que le impondrá para cumplir con la ley de mercados digitales

El primer expediente iniciado por la Comisión Europea se centra en determinar de qué manera Google está obligado a asegurar que proveedores externos de inteligencia artificial puedan acceder a prestaciones equivalentes a las de sus propios servicios, como Gemini y su asistente digital, con el fin de garantizar igualdad de condiciones para la competencia y la innovación en el desarrollo de inteligencia artificial en dispositivos móviles. Según informó el medio original, esta exigencia se enmarca en el proceso de aplicación de la Ley de Mercados Digitales (DMA) para grandes empresas tecnológicas dentro del territorio comunitario.

De acuerdo con lo publicado, la Comisión Europea anunció este martes el inicio de dos procedimientos formales destinados a precisar, en un plazo de seis meses, las acciones concretas que Google debe adoptar para alinear sus productos y servicios de inteligencia artificial con los principios de interoperabilidad y acceso a datos contemplados en la normativa DMA. El Ejecutivo comunitario detalló que este proceso se estructura en dos fases: una inicial de tres meses, en la que los organismos de competencia transmitirán a Google sus conclusiones preliminares, incluyendo una propuesta con las adaptaciones requeridas para evitar conductas que pudieran limitar la competencia o generar discriminación en el sector tecnológico.

El medio original reportó que, según declaraciones de Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, "esperamos ayudar a Google a explicar con más detalle cómo va a cumplir con sus obligaciones", y añadió que las plataformas de inteligencia artificial están modificando profundamente la forma en que los ciudadanos europeos acceden a la información y utilizan los dispositivos tecnológicos. Ribera aclaró que la intención de Bruselas es “maximizar el potencial y los beneficios de este profundo cambio tecnológico garantizando una competencia abierta y justa que no favorezca a unos pocos grandes operadores”.

El segundo procedimiento comunicado por la Comisión trata sobre el acceso a datos anónimos manejados por Google Search. Conforme detalló el medio original, la legislación obliga a la empresa estadounidense a ofrecer a proveedores externos de motores de búsqueda en línea acceso transparente, razonable y no discriminatorio a información anónima relativa a clasificaciones, consultas, clics y visualizaciones presentes en la base de datos del buscador. El objetivo es que esta compartición de datos permita a otros actores competir en condiciones de equidad y contribuir a un mercado digital más plural.

La Comisión Europea explicó, según consignó el medio original, que la apertura de ambos expedientes no impide que en el futuro se puedan tomar decisiones adicionales sobre la situación de la empresa respecto al cumplimiento de la DMA y sobre la posible aplicación de sanciones si se detectan infracciones. De este modo, el procedimiento formal sirve para concretar cómo Google aplicará los principios de la legislación, pero deja vigente la potestad sancionadora del organismo en función del desarrollo del caso.

La DMA supone una serie de obligaciones para las grandes plataformas tecnológicas sobre prácticas de negocio, acceso a datos, interoperabilidad y condiciones equitativas para proveedores y usuarios. En este contexto, la postura de la Comisión es que los avances en inteligencia artificial deben realizarse bajo parámetros que garanticen la competencia y eviten el reforzamiento de posiciones dominantes de mercado, según subraya la información difundida por el medio original.

En ese marco, Google debe demostrar ante las autoridades europeas de competencia que sus servicios no establecen barreras que impidan la innovación por parte de proveedores de IA rivales ni que obstaculicen el libre acceso a información que pudiera resultar esencial para la elaboración de productos alternativos. Las conclusiones preliminares que se presentarán a la empresa durante la primera etapa del procedimiento pretenden esbozar qué cambios resultan imprescindibles para cumplir con el marco regulatorio, una vez realizados análisis técnicos y jurídicos sobre la operativa de los servicios implicados.

Tal como documentó el medio citado, la vicepresidenta Ribera destacó la naturaleza transformadora de las herramientas de inteligencia artificial para la sociedad europea, de ahí la importancia de contar con reglas claras y mecanismos para asegurar la neutralidad y apertura del mercado digital. Además, recalcó que el propósito del Ejecutivo comunitario es que tanto los consumidores como los proveedores dispongan de condiciones equitativas para sacar provecho de la revolución tecnológica.

La apertura de este procedimiento formal implica que Google y la Comisión mantendrán un diálogo estructurado durante seis meses para definir y precisar el modo en que los productos de inteligencia artificial del gigante estadounidense se adaptarán a la normativa europea. En paralelo, la Comisión retiene la capacidad de decidir, en función de los resultados obtenidos, si procede el inicio de acciones sancionadoras por eventuales incumplimientos de la DMA.

El caso constituye un paso relevante dentro de la agenda comunitaria de regulación del mercado digital, en la que la interoperabilidad y el acceso igualitario a los datos se consideran elementos esenciales para evitar prácticas anticompetitivas asociadas al crecimiento de los servicios de inteligencia artificial y buscadores de internet, según la información sistematizada por el medio original.