El caso de Ryan Wedding cobró visibilidad por la propia publicación del presunto jefe del narcotráfico en sus redes sociales, donde expresó su intención de entregarse en la Embajada de Estados Unidos en México. Este detalle fue recordado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien abordó la controversia surgida tras su detención. Según informó el medio original, Sheinbaum enfatizó que la aprehensión de Wedding, quien se encontraba entre los diez fugitivos más buscados por Washington, no resultó de una operación conjunta entre fuerzas mexicanas y estadounidenses.
En una conferencia matutina celebrada este lunes, Sheinbaum respondió a declaraciones del director general del FBI, Kash Patel, quien había afirmado que el arresto se produjo a través de una operación bilateral. La mandataria rechazó categóricamente esta versión, según publicó la fuente, y explicó que Wedding decidió entregarse voluntariamente acudiendo a la sede diplomática de Estados Unidos en la capital mexicana.
La presidenta reiteró que “tiene que quedar muy claro. No hay operaciones conjuntas en México... No permitiríamos eso”, según citó el medio. Sheinbaum puntualizó que este principio fue expresado al entonces presidente Donald Trump en conversaciones previas y que la soberanía mexicana no admite intervenciones operativas extranjeras en su territorio. Además, añadió que la verdadera dinámica de colaboración que se mantiene con agencias estadounidenses se limita al intercambio de información entre autoridades de ambos países, pero sin acciones conjuntas dentro del territorio nacional, de acuerdo con los comentarios difundidos por la prensa.
De acuerdo con la información reunida, primero el ministro mexicano de Seguridad, Omar García Harfuch, ya había desmentido que existiera tal coordinación operativa, seguido después por el propio embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, quien también negó la existencia de una operación conjunta. Sheinbaum dejó en manos del secretario general del FBI la explicación sobre las razones que condujeron a la difusión de la versión original sobre un trabajo conjunto en la detención de Wedding.
Según detalló el reporte, Wedding, de 44 años, estaba en busca y captura bajo cargos relacionados con el tráfico de cocaína a gran escala y acusaciones de homicidio. Fue aprehendido en México el jueves por la noche y, tras su entrega voluntaria, las autoridades lo trasladaron de forma inmediata a Estados Unidos. Tal como consignó el medio, este arresto coincidió con la visita oficial del director general del FBI, Kash Patel, a la capital mexicana.
El historial de Wedding incluye una condena previa en 2010 cuando fue detenido y sentenciado a cuatro años de prisión por intento de trasladar 24 kilogramos de cocaína desde San Diego hacia Canadá, según reportó el medio. Un año después de la sentencia, fue liberado y posteriormente deportado a Canadá. La trayectoria de Wedding no se limita a actividades ilícitas; también formó parte del equipo canadiense de snowboard durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City.
De acuerdo con lo publicado por la fuente, las acusaciones recientes contra Wedding apuntan a su pertenencia al Cártel de Sinaloa, donde habría dirigido operaciones de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Canadá durante los últimos años. Washington lo incluyó en una de sus listas de criminales más buscados antes de que se materializara su detención en el territorio mexicano.
En su rueda de prensa, la presidenta insistió en diferenciar los procedimientos de coordinación existentes con la entrega voluntaria del presunto criminal. “Los agentes de Estados Unidos, el FBI y de alguna otra agencia, tienen muy claras sus limitaciones”, subrayó Sheinbaum, según recogió el medio, remarcando que cualquier colaboración actual entre países se limita estrictamente a canales de información y no a operaciones logísticas en campo dentro del territorio mexicano.
Hasta ahora, el entorno diplomático y de seguridad permanece atento a las repercusiones de este caso, especialmente debido al cruce de versiones entre autoridades mexicanas y estadounidenses respecto a la naturaleza del arresto. La presidenta reiteró su postura y la de sus colaboradores, deslindando al gobierno mexicano de cualquier acción conjunta que contravenga las políticas de soberanía nacional.
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