
El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, declaró que la presentación de una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es inminente apenas se oficialice la nueva prohibición europea sobre las importaciones de gas ruso. Szijjártó explicó que Hungría utilizará todos los mecanismos legales disponibles para revertir la medida que considera contraria a los intereses nacionales, afirmando que el plan REPowerEU incluye un “truco legal” al presentarlo como una decisión de política comercial para evitar la unanimidad entre los estados miembros. Esta reacción refleja el desacuerdo profundo de Hungría y Eslovaquia con una de las políticas energéticas más significativas adoptadas recientemente por la Unión Europea. Según consignó Europa Press, ambos países aseguran que la normativa pone en riesgo su seguridad energética y anticipan el inicio de acciones judiciales.
De acuerdo con Europa Press, la Unión Europea acordó este lunes la eliminación gradual de las importaciones de combustibles fósiles procedentes de Rusia a partir del año 2027. La norma recibió el respaldo de la mayoría de los veintisiete miembros, aunque Hungría y Eslovaquia votaron en contra y Bulgaria se abstuvo. Este nuevo reglamento implica la prohibición de importar gas natural licuado (GNL) ruso a comienzos de 2027 y la suspensión de las compras de gas por gasoducto desde el otoño del mismo año. Además, el acuerdo contempla que los contratos en vigor podrán mantener un periodo transitorio destinado a moderar los efectos de la medida sobre los precios y el mercado energético europeo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, a través de sus canales oficiales, indicó que el país también llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Eslovaquia votó en contra del reglamento REPowerEU sobre la eliminación gradual de las importaciones de gas ruso... y expresó las reservas fundamentales del país”, sostuvo la diplomacia eslovaca según subrayó Europa Press. El titular eslovaco de Exteriores, Juraj Blanar, manifestó que la imposición de restricciones no tuvo en cuenta “las circunstancias específicas de cada país” y que la transición hacia nuevas fuentes energéticas debe ser “realista y socialmente sostenible para todos los Estados miembros”.
Europa Press detalló que uno de los argumentos principales esgrimidos por el gobierno húngaro es el impacto económico negativo que tendría la nueva normativa sobre las familias. Szijjártó advirtió que impedir a Hungría comprar petróleo y gas de Rusia generaría un alza significativa en los costos energéticos para la población. Para ambos gobiernos, tanto el proceso de consulta como la fórmula de adopción fueron insuficientes, ya que sostienen que la medida vulnera sus intereses energéticos sin proporcionar alternativas viables.
El plan REPowerEU, promovido por la Comisión Europea, pretende eliminar la dependencia comunitaria de los combustibles fósiles rusos antes de 2030. Europa Press explicó que el mecanismo aprobado por los 27 ha sido articulado como una medida de política comercial y no como sanción directa, lo cual permite su adopción sin requerir unanimidad y facilita acelerar la implementación. Esta situación generó el rechazo de los ejecutivos de Budapest y Bratislava, que critican el enfoque utilizado y consideran que las condiciones particulares de ciertos estados miembros no recibieron la debida atención durante las negociaciones.
Según lo publicado por Europa Press, la aprobación de este reglamento busca limitar la capacidad de Rusia para obtener ingresos energéticos del mercado europeo, una fuente de financiamiento considerada relevante para Moscú en el contexto de las sanciones impuestas por la guerra en Ucrania. No obstante, Eslovaquia y Hungría sostienen que la decisión fue tomada sin valorar completamente su capacidad de adaptación y el efecto sobre la seguridad energética nacional. Blanar remarcó la necesidad de asegurar una transición justa para todos los estados y reiteró las reservas esenciales de Eslovaquia ante el bloque comunitario.
Europa Press también indicó que la demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte de ambos países podría afectar la aplicación práctica del reglamento y reabrir el debate sobre los procedimientos y fundamentos legales empleados por la Unión Europea para aprobar medidas que afectan sectores estratégicos. En el caso del gas, la dependencia de determinados estados miembros respecto de Rusia figura desde hace años como una de las principales preocupaciones en el seno de la política energética europea.
El periodo transitorio previsto busca evitar perturbaciones graves en el abastecimiento y dar margen a que los países adapten sus infraestructuras y esquemas de importación a nuevos proveedores. Sin embargo, el malestar expresado por Hungría y Eslovaquia ante Europa Press sugiere que estos países consideran insatisfactorios los mecanismos compensatorios o las alternativas propuestas desde Bruselas.
La aprobación del reglamento destapó un nuevo capítulo de tensión entre la necesidad europea de cohesión frente a desafíos externos, y la defensa que realizan algunos gobiernos de intereses energéticos nacionales considerados críticos. La judicialización del desacuerdo por parte de Budapest y Bratislava pone de manifiesto el grado de discrepancia interna y las dificultades inherentes a la definición de políticas comunes en ámbitos sensibles. Tal como reportó Europa Press, las implicancias legales y políticas de la medida y de sus eventuales impugnaciones seguirán generando debate tanto en los tribunales como en los órganos de gobierno de la Unión Europea.
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