La recolección de más de 1.294.000 firmas validadas en apoyo a la iniciativa ciudadana 'Stop Destroying Videogames' llevó a que la Comisión Europea inicie el proceso de examen para determinar si establecerá nuevas normativas que obliguen a preservar títulos digitales tras el cierre de sus servidores. El medio explicó que la iniciativa fue registrada en junio de 2024 y excedió los umbrales previstos en 24 Estados miembro de la Unión Europea, lo que autoriza a la Comisión a avanzar con el trámite legal correspondiente.
Según consignó el medio, la propuesta reclama que la Unión Europea imponga la obligación a los estudios y distribuidores de videojuegos de habilitar mecanismos que permitan conservar y continuar usando los títulos una vez que se clausuren los servidores originales. Los promotores de la campaña argumentan que esto responde a la necesidad de defender los derechos de los consumidores, quienes actualmente ven cómo los títulos pueden desaparecer súbitamente del acceso público.
De acuerdo con el comunicado de los organizadores de 'Stop Destroying Videogames', el problema actual reside en la llamada "obsolescencia planificada". Aunque los juegos no tengan una fecha de caducidad anunciada, el cierre de servidores fuerza su desaparición definitiva, incluso cuando los usuarios han realizado una compra legítima. El texto citado por el medio señala que, en la industria actual, la adquisición de un videojuego se interpreta legalmente como la compra de una licencia de uso, no de la propiedad del software. Por ello, los distribuidores mantienen la potestad de interrumpir el acceso al contenido comprado, ya sea por descarga directa o a través de la nube.
El medio informó que esta situación ha motivado una demanda creciente para que la legislación europea evolucione al ritmo de la industria digital. Actualmente, la Comisión Europea debe iniciar un proceso de examen tras recibir una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que supere el millón de firmas certificadas. El reglamento establece la obligación de examinar la petición e informar acerca de la posición y posibles medidas a tomar, lo que puede traducirse en una propuesta legislativa o en la presentación de otras acciones alternativas.
La Comisión, tal como comunicó el medio, tiene hasta el 27 de julio de 2026 para emitir una respuesta oficial que detalle si propondrá un nuevo marco legal, mantendrá el statu quo o impulsará debates adicionales. El proceso incluye la celebración de una reunión detallada con los promotores de la iniciativa, que tendrá lugar durante las próximas semanas.
De acuerdo con los organizadores y lo reportado por el medio, el fenómeno de la desaparición de videojuegos tras el cierre de los servidores constituye un desafío tanto para los consumidores como para la preservación del patrimonio cultural digital. La iniciativa demanda específicamente que los desarrolladores tengan la obligación legal de proporcionar alternativas de acceso o descarga cuando un videojuego esté en riesgo de ser retirado, evitando así la pérdida irreversible de estos productos.
Actualmente, según detalló el medio, existe una percepción extendida entre usuarios y organizaciones de consumidores de que el modelo de licencias digitales limita sus derechos frente a obras por las que han pagado, al depender totalmente de la voluntad y decisiones comerciales de los distribuidores. La iniciativa 'Stop Destroying Videogames' se convirtió en la decimocuarta Iniciativa Ciudadana Europea válida que accede a esta etapa de análisis oficial, hecho que refuerza la relevancia social y legal de la problemática planteada.
El examen en marcha abre la puerta a posibles cambios regulatorios que podrían sentar precedentes en la protección de bienes digitales en la Unión Europea, especialmente ante la tendencia creciente del entretenimiento en línea y la distribución digital. La acción ciudadana evidencia la preocupación de amplios sectores sociales por encontrar equilibrio entre los intereses comerciales de la industria tecnológica y los derechos de quienes adquieren productos en formato digital, remitiendo a la Comisión Europea la responsabilidad de responder a este reto en el corto y largo plazo.
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