
La investigación sobre presuntas actividades financieras ilícitas surgió tras la solicitud de cooperación legal de la Policía de Mónaco respecto a una transacción bancaria considerada sospechosa, en la cual también se vieron implicados otros países como Francia y Estados Unidos. A partir de este episodio, la Autoridad Nacional para la Investigación y el Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales de Noruega (Okokrim) formalizó cargos contra dos ciudadanos noruegos y la filial de la petrolera PetroNor, acusados de sobornar al presidente de la República del Congo, Denis Sassou-Nguesso. Según consignó Okokrim en un comunicado difundido este lunes y recogido por diversos medios internacionales.
La autoridad noruega detalló que las supuestas transferencias involucraron montos considerados particularmente elevados, vinculados tanto al mandatario africano como a su entorno familiar. De acuerdo con la información presentada por Okokrim, las operaciones bajo investigación datan de 2016 y habrían coincidido en tiempo con procesos de solicitud y obtención de participaciones en licencias petroleras por parte de los acusados. El organismo precisó que los dos ciudadanos noruegos enfrentan cargos tanto por soborno grave como por infracciones contables de carácter grave. Por su parte, la filial de la petrolera, Hemla Africa Holding AS, en cuyo nombre presuntamente actuaron, fue imputada por corrupción grave.
Tal como amplió la fiscal responsable del caso, Marianne Djupesland, la investigación noruega tuvo su punto de partida tras la advertencia de autoridades monegascas sobre movimientos financieros irregulares. La pesquisa se expandió rápidamente al identificar vínculos con otros países europeos y estadounidenses, revelando así una red de transacciones que abarcó múltiples jurisdicciones. Según reportó Okokrim, estas maniobras se produjeron paralelamente al interés de los implicados en acceder a concesiones petroleras estratégicas en África central, donde habrían buscado ventaja a través de pagos indebidos al círculo presidencial del Congo.
En respuesta directa a la acusación, la empresa PetroNor manifestó su postura por medio de un comunicado público, rechazando "categóricamente la acusación" formulada contra su filial Hemla Africa Holding AS. PetroNor añadió que “agradece la oportunidad de que el caso sea examinado exhaustivamente en los tribunales” e informó que continuará desarrollando sus operaciones habituales, estimando que la definición del caso podría demorarse considerablemente.
Según la información oficial publicada el lunes, la investigación noruega implicó la colaboración y el intercambio de información con autoridades de otras naciones involucradas en la detección de flujos monetarios sospechosos asociados al caso. La fiscal Djupesland puntualizó que la gravedad de los delitos atribuidos responde tanto a la cuantía económica de los sobornos detectados como a su conexión con la obtención de derechos sobre recursos naturales en un país extranjero.
El comunicado de Okokrim subrayó que los hechos bajo análisis se centran en transferencias ligadas a la obtención de participaciones petroleras y afectaron directamente a las relaciones entre una empresa noruega y autoridades de alto rango en la República del Congo. Fuentes del organismo señalaron que la magnitud de las operaciones investigadas supera la habitual en casos de corrupción internacional y ha requerido la participación de especialistas en delitos económicos y ambientales.
El caso forma parte de una serie de investigaciones de alcance internacional sobre prácticas de soborno y corrupción en el sector petrolero, donde la intervención de jurisdicciones como Noruega, Francia, Mónaco y Estados Unidos evidencia la complejidad de rastrear y sancionar este tipo de delitos. La totalidad de la acusación, según difundió Okokrim, permanece sujeta al análisis judicial en Oslo y se prevé que el proceso judicial requerirá la revisión de extensa documentación contable y financiera tanto en Noruega como en otros países relacionados.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, la compañía PetroNor insistió mediante su declaración pública en la normalidad de sus actividades cotidianas y reiteró su confianza en que la resolución final llegará tras una revisión detallada en sede judicial. Por su parte, la fiscalía noruega anticipó que la investigación podría derivar en nuevas acciones sobre personas o entidades vinculadas, según el avance de las diligencias legales.
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