La Junta de Andalucía ha manifestado inquietud ante la posibilidad de que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur comience a aplicarse antes de contar con salvaguardias específicas para el sector agrario andaluz, argumentando que los productores locales podrían verse en desventaja si no se garantizan estándares equivalentes en temas como el uso de sustancias fitosanitarias y condiciones ambientales. Según informó Europa Press, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, expresó esta postura tras la votación del pleno del Parlamento Europeo sobre el tratado, que se realizó el miércoles 21 de enero.
El debate en el Parlamento Europeo resultó en una ajustada mayoría en favor de solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un dictamen sobre la compatibilidad del pacto UE-Mercosur con el Derecho comunitario, decisión que podría suspender el proceso de ratificación formal del acuerdo pero que, según detalló Europa Press, no excluye la posibilidad de su aplicación provisional bajo la autoridad de la Comisión Europea. La propuesta para acudir al Alto Tribunal europeo, impulsada por la izquierda parlamentaria, se aprobó con 334 votos a favor frente a 324 en contra y once abstenciones. Una segunda moción similar, promovida por el grupo ultraderechista Patriotas por Europa, fue rechazada con 225 votos a favor, 402 en contra y trece abstenciones, consignó el medio.
En una declaración dirigida a los medios y difundida por Europa Press, Fernández-Pacheco subrayó que la Junta considera inviable la aplicación del tratado si no se cumplen las garantías solicitadas por la administración andaluza, fijando su postura en la protección de los intereses de agricultores y ganaderos de la región. El consejero enfatizó: “No se puede aplicar el tratado” mientras persista la posibilidad de que el Consejo de Europa lo impulse sin las medidas de salvaguarda reclamadas. Entre las principales preocupaciones expuestas se encuentran la posible entrada en el mercado europeo de productos agroalimentarios tratados con materias activas prohibidas en Europa, así como la existencia de diferencias significativas en requisitos ambientales y sanitarios frente a los vigentes para el sector local.
Tras la votación celebrada en Estrasburgo, que ha retrasado la ratificación pendiente del acuerdo comercial transatlántico, el Ejecutivo andaluz criticó que el proceso abra la puerta a una erección provisional del tratado sin que sus principales demandas hayan sido satisfechas. De acuerdo con Europa Press, los responsables andaluces reiteraron que resulta “imposible” aceptar la vigencia del acuerdo en ausencia de garantías que permitan a la producción regional competir en igualdad de condiciones, tanto en términos de legislación fitosanitaria como de compromisos ambientales y laborales.
El posible avance del pacto UE-Mercosur sin estas garantías se presentó como un motivo de alerta para el Gobierno autonómico. Europa Press reportó que la Junta defiende activamente la inclusión de salvaguardas concretas en defensas del sector primario, argumentando que la competencia desleal derivada de diferencias regulatorias podría tener repercusiones directas en la economía rural andaluza. Fernández-Pacheco insistió en la necesidad de establecer marcos de equivalencia normativa antes de que cualquier acuerdo entre en vigor, reclamando que los socios sudamericanos se atengan a los mismos estándares exigidos a los productores europeos en cuanto a prohibiciones de ciertas materias activas y obligaciones ambientales.
El medio también detalló que el contexto de esta postura está marcado por un clima de incertidumbre jurídica, ya que la decisión del Parlamento Europeo no prejuzga necesariamente la ejecución provisional del tratado, asunto que depende en gran medida de la Comisión Europea. Mientras tanto, la Junta mantiene su exigencia de asegurar condiciones justas para el sector agroalimentario andaluz, e insiste en que persistirá en sus demandas ante las instituciones comunitarias europeas.
Diversos representantes institucionales del Gobierno andaluz han señalado, según recogió Europa Press, que la entrada en vigor de un acuerdo comercial de esta magnitud sin medidas claras para equiparar exigencias regulatorias podría ocasionar desequilibrios severos en la competitividad de los productores regionales. Los agricultores y ganaderos, según evalúan fuentes autonómicas, afrontan el riesgo de verse desplazados por importaciones procedentes de países con diferentes normativas fitosanitarias y ambientales.
La Junta, conforme detalló Europa Press, recalca que continuará trabajando para influir en la toma de decisiones en Bruselas, buscando que cualquier acuerdo internacional que implique la apertura del mercado europeo garantice mecanismos efectivos de defensa para el campo andaluz. Esta estrategia abarca contactos tanto con la administración central española como con los órganos representativos de la Unión Europea, en un escenario que los responsables regionales consideran clave para la sostenibilidad económica y social del medio rural en Andalucía.
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