
"Los heridos, enfermos y detenidos en relación con el conflicto deben ser respetados y protegidos en todas las circunstancias y deben recibir atención médica sin demora y sin discriminación. El personal médico, las instalaciones médicas y los medios de transporte sanitarios deben ser respetados y protegidos", resaltó el responsable de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Sudán del Sur, Daniel Bunnskog, al pronunciarse sobre el acceso limitado a la atención sanitaria registrado en diversas zonas del país africano. Según consignó el medio, la organización exhortó este viernes a todas las partes enfrentadas a facilitar la labor de asistencia y garantizar la circulación segura de la ayuda humanitaria, luego de que la violencia resurgiera con fuerza al cierre de 2025, dejando a pacientes con heridas de bala sin la posibilidad de recibir tratamiento.
De acuerdo con el CICR, la reciente escalada de enfrentamientos en distintas regiones ha obstaculizado la llegada de personal y suministros para la atención de personas vulnerables, entre ellas civiles afectados y heridos por el uso de armas de fuego. Tal como informó la organización internacional, la crisis se agravó tras una serie de ataques perpetrados por el llamado Ejército Blanco en el condado de Nasir, en el estado de Alto Nilo, una zona próxima a la frontera con Etiopía. Estos hechos provocaron que el gobierno de Yuba responsabilizara al Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO) encabezado por Machar, aunque este grupo rechazó la acusación.
El CICR recordó a las partes involucradas sus compromisos legales contemplados en el Derecho Internacional Humanitario. La organización subrayó la urgencia de diferenciar estrictamente entre población civil y combatientes, así como entre bienes de carácter civil y objetivos militares, a fin de proteger a las comunidades afectadas y evitar daños a infraestructuras no vinculadas con la guerra. Según detalló el CICR, la obligación de permitir y facilitar el paso rápido y sin obstáculos de ayuda humanitaria resulta fundamental para asistir tanto a civiles con necesidades básicas como a los lesionados por el conflicto.
En declaraciones recogidas por el medio, Daniel Bunnskog destacó: "Instamos a las partes en conflicto a que permitan y faciliten el paso rápido y sin trabas de la ayuda humanitaria a los civiles necesitados y a los heridos por armas, y a que respeten y protejan al personal humanitario que realiza actividades humanitarias imparciales". La entidad informó que mantiene canales de comunicación directos y bilaterales con los distintos actores armados para denunciar los obstáculos enfrentados por los equipos de socorro y reiterar la obligación de garantizar el acceso seguro del personal que brinda atención de emergencia.
El repunte de las tensiones coincide con episodios de inestabilidad política registrados este año, luego de que el presidente Salva Kiir promulgara en septiembre de 2024 una modificación a la Constitución de 2011, ampliando por dos años más el periodo de transición política. Esta decisión recibió cuestionamientos por parte de la comunidad internacional, la cual demandó progresos en el cumplimiento de los puntos establecidos en el pacto de paz de 2018. En particular, observadores internacionales señalaron que continúan pendientes compromisos como la convocatoria y organización de elecciones libres en el país.
El CICR ha puesto énfasis en la necesidad de distinguir protección para quienes se encuentran fuera de combate y para las instalaciones médicas y medios de transporte dedicados a la atención de emergencias. La organización indicó que el personal y las ambulancias operan en condiciones de riesgo ante la intensificación de los combates, lo que ha condicionado la prestación de asistencia en áreas afectadas por la violencia. Según el CICR, el aumento de los enfrentamientos en ciertas zonas impide el traslado seguro de víveres, medicinas y equipos médicos, así como el desplazamiento de heridos hacia centros de atención especializada.
La preocupación de la organización internacional se dirige principalmente a las poblaciones vulnerables atrapadas en áreas de conflicto, quienes carecen de acceso a servicios básicos o corren peligro debido a las hostilidades. El CICR reiteró su llamado a que se respeten los principios del Derecho Internacional Humanitario, lo que incluye la obligación de evitar ataques sobre la población civil y las instalaciones o medios destinados a la ayuda, además de proporcionar vía libre para misiones de socorro. La organización aseveró que este enfoque resulta imprescindible para responder a las urgencias humanitarias creadas por la reanudación del conflicto.
Entre las demandas formuladas por el CICR, se destaca la protección del personal sanitario y la preservación de los bienes civiles, así como la garantía de que los actores armados no obstaculicen acciones imparciales. Según reportó el propio CICR, existe preocupación por la situación de las personas que han sufrido lesiones relacionadas con el conflicto y que continúan sin recibir los cuidados adecuados como resultado del acceso restringido a las zonas de mayor confrontación.
Las autoridades de Sudán del Sur han señalado a grupos opositores como responsables de los hechos de violencia reciente, lo que ha intensificado la tensión política y militar en el país. El SPLM-IO, encabezado por Machar, negó las acusaciones formuladas por el ejecutivo de Yuba en torno a su presunta implicación en los ataques ocurridos en el Alto Nilo. Mientras persisten los enfrentamientos y recrudecen las hostilidades en varias localidades, la asistencia internacional enfrenta serias limitaciones para responder ante la magnitud de la crisis humanitaria.
El CICR remarcó la persistencia del diálogo con las partes enfrentadas a través de canales bilaterales, estrategia que busca incidir sobre el respeto a la legalidad humanitaria internacional y facilitar la operación de equipos médicos y logísticos en los lugares afectados. Según publicó la organización, este contacto directo mantiene activas gestiones para asegurar el acceso a quienes más lo requieren y garantizar condiciones mínimas de seguridad tanto para el personal humanitario como para los habitantes impactados por la violencia armada.