El titular emitido por el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda destacó que durante el periodo vigente del estado de sitio en Guatemala, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo la detención de 293 personas, la incautación de 37 armas de fuego y la recuperación de 205 motocicletas y 73 vehículos. Esta operación se ejecutó tras los disturbios protagonizados en cárceles y los ataques coordinados contra agentes, según reportó la agencia Europa Press. El gobierno declaró la medida para enfrentar la amenaza de las maras y reafirmar el control estatal ante el aumento de hechos violentos.
De acuerdo con lo informado por Europa Press, el presidente Bernardo Arévalo confirmó en un discurso desde el Palacio Nacional que 23 de los arrestados pertenecen a la pandilla Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha. El mandatario aseguró en su comparecencia que la actual administración se compromete a tomar acciones que, según sus palabras, no ejecutaron los gobiernos anteriores, entre ellas la recuperación del control de los centros penitenciarios, con el objetivo de frenar la expansión de estas organizaciones criminales. Arévalo remarcó que el enfrentamiento contra estos grupos constituye, en sus términos, “la lucha por la recuperación de la justicia y la paz” en Guatemala.
El decreto presidencial que instauró el estado de sitio se anunció el domingo y recibió validación legislativa al día siguiente. Esta medida otorgó facultades extraordinarias a las autoridades con la intención de responder a la escalada de violencia derivada de motines dentro de los penales y ataques directos que pusieron en riesgo a agentes de seguridad pública, según detalló Europa Press. El gobierno busca mediante operativos desplegados en municipios clave enfrentar de manera directa el accionar de las bandas delictivas.
En la misma intervención pública, el ministro Villeda manifestó que la ofensiva estatal no se limita a operativos puntuales sino que contempla la realización de todas las acciones necesarias para desarticular las estructuras de las bandas, con la promesa de no ceder a las amenazas que puedan emanar de los sucesos recientes. “Vamos a utilizar todos los recursos del Estado para arreglar esta situación de una vez por todas”, declaró el titular de Gobernación, según consignó Europa Press. La administración reiteró que la serie de motines y atentados no interrumpirá los planes estatales para restaurar el orden.
La decisión de imponer un régimen de excepción llegó tras una ola de violencia simultánea, en la que, de acuerdo con publicaciones previas de Europa Press, se registraron fugas masivas, ataques armados y disturbios dentro de centros penitenciarios. Estos incidentes generaron una respuesta inmediata en la que las fuerzas armadas y la policía asumieron tareas de control, allanamiento y vigilancia en las zonas señaladas como foco de conflicto. La recuperación de vehículos y el decomiso de armas resultó, según puntualizó Villeda y publicó Europa Press, de las distintas operaciones de seguridad dispuestas durante las primeras 48 horas de aplicación de la medida.
Además de los arrestos y las incautaciones, las autoridades informaron que la vigilancia y la presencia en puntos estratégicos de las ciudades permanecen reforzadas. El estado de sitio faculta a las fuerzas de seguridad a realizar allanamientos sin orden judicial y restringe derechos, como la libre locomoción y reunión, para responder a la emergencia de seguridad pública provocada por las pandillas. Las detenciones de miembros de Barrio 18 y Mara Salvatrucha se consideran estratégicas dentro del plan de contención y desarticulación de las estructuras delictivas, según enfatizó Europa Press.
El presidente Arévalo invitó en su mensaje a la cooperación ciudadana y reiteró la voluntad política para actuar con firmeza frente a los grupos que han desafiado el control institucional. Insistió en que la respuesta estatal seguirá orientada tanto a frenar los hechos delictivos como a garantizar el funcionamiento del sistema penitenciario y la protección de los servidores públicos. La comunicación oficial difundida por Europa Press subrayó el compromiso de la administración con la restitución de la autoridad del Estado en las áreas impactadas por la actividad de las maras.
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