El respaldo a la denuncia del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por parte de eurodiputados españoles de distintas formaciones ha provocado un aplazamiento en la tramitación del pacto, dejando en suspenso su ratificación y depositando el siguiente paso en el Alto Tribunal. Según consignó Europa Press, la propuesta superó la votación con una estrecha diferencia de votos, reflejando desacuerdos considerables entre los representantes de los partidos españoles en el Parlamento Europeo.
El dictamen jurídico solicitado fue una iniciativa impulsada por grupos de izquierda debido a dudas sobre la compatibilidad del tratado con el derecho comunitario. De acuerdo con Europa Press, la moción recibió el apoyo de 334 eurodiputados, frente a 324 que se posicionaron en contra y 11 abstenciones, lo que llevó a la aprobación del recurso ante el TJUE. Paralelamente, una segunda moción similar, presentada en esta ocasión por la ultraderecha Patriotas por Europa, no prosperó, ya que solo registró 225 votos a favor frente a 402 en contra y recibió 13 abstenciones.
En la práctica, esta votación implica la suspensión del proceso de ratificación del acuerdo, aunque la posibilidad de su aplicación provisional permanece en manos de la Comisión Europea. Entre los eurodiputados españoles que respaldaron llevar el tratado ante la justicia europea figuran los representantes de Vox y los de Sumar, incluyendo a Estrella Galán y Vicent Marzá, adscrito a Compromís y miembro del grupo Los Verdes; además, Ana Miranda del BNG y Diana Riba de ERC también apoyaron la petición.
Europa Press detalló que, aunque no participaron directamente en la votación, las eurodiputadas de Podemos, Irene Montero e Isa Serra, junto a Jaume Asens de Comunes (parte de Sumar), transmitieron públicamente su respaldo a la iniciativa. Montero expresó en la red social X su satisfacción por la paralización del acuerdo con Mercosur, al considerar que “significa reventar el campo para que ganen las grandes empresas”. Asens también señaló su preocupación sobre la legalidad del pacto, afirmando que el convenio equidista profesionalmente con la “ilegalidad”, y cuestionó la posibilidad de que Europa ignore sus propias normas por intereses geopolíticos. De igual forma, el representante de Bildu, Pernando Barrena, se encontraba ausente debido a una baja, aunque pertenece al grupo Left, que promovió la denuncia judicial.
En cuanto a la lista Se Acabó La Fiesta (SALF), liderada por Alvise Pérez, Europa Press reportó que Pérez no estuvo presente en Bruselas durante la votación. Sin embargo, sus compañeros de lista, Nora Junco y Diego Solier, se desprendieron claramente de la posición de Pérez y de él mismo, y votaron en contra de la denuncia; ambos, además, han interpuesto acciones legales contra Pérez en el Tribunal Supremo por hostigamiento a través de redes sociales. Tanto Junco como Solier integraron el grupo Conservadores y Reformistas Europeos bajo el liderazgo de Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra italiana Georgia Meloni, que finalmente refrendó el acuerdo con Mercosur.
El medio detalló que la legitimidad del tratado fue defendida por representantes del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, así como por la eurodiputada Oihane Agirregoitia del Partido Nacionalista Vasco, quienes se manifestaron contrarios a denunciarlo ante la justicia europea y favorables a que continúe la tramitación del pacto.
Estos acontecimientos reflejan las profundas disputas políticas y jurídicas alrededor del tratado, tanto en la delegación española del Parlamento Europeo como entre los diferentes grupos europeos, y sitúan la continuación del acuerdo en manos del TJUE y de las autoridades comunitarias responsables de su aplicación provisional.
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