
El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, expresó que cualquier medida que brinde garantías y asegure un desarrollo adecuado de los procesos cuenta con el apoyo de la administración catalana. Sus declaraciones fueron recogidas en un contexto en el que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur enfrenta un nuevo obstáculo, después de la decisión del Parlamento Europeo de frenar su avance a la espera de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según informó el medio de comunicación, Ordeig subrayó que la prioridad radica en exigir protección para los productores locales ante cualquier escenario futuro.
De acuerdo con lo publicado, Ordeig manifestó a los medios de comunicación este miércoles que, sin importar el momento en que se apruebe el acuerdo entre la UE y Mercosur, la Generalitat mantendrá su compromiso de velar por los intereses de los agricultores catalanes. El conseller aseguró: "Pase lo que pase, lo que pediremos es que se defienda a nuestro tejido productivo". Esta posición se presenta en respuesta a la reciente paralización del acuerdo por parte de los miembros de la Eurocámara, quienes solicitaron una revisión previa por parte del TJUE para valorar la solidez jurídica del texto.
Tal como detalló la fuente, el Gobierno catalán lamentó la decisión del Parlamento Europeo, ya que la denuncia interpuesta implica un retraso en la eventual aprobación del tratado comercial. Pese a este nuevo hito en el proceso, el Ejecutivo autonómico ha expresado confianza en que el Tribunal de Justicia europeo ratificará la legalidad del pacto alcanzado entre la Unión Europea y el bloque sudamericano.
El medio aclaró que el acuerdo UE-Mercosur ha generado intensos debates en los países miembros, ante las preocupaciones sobre el impacto que podría tener sobre los sectores agrícolas y ganaderos locales. En el caso de la administración catalana, la prioridad, según indicó Ordeig, sigue siendo la defensa de los productores de la región ante cambios regulatorios o de mercado que pudieran derivarse del tratado. El conseller indicó que toda medida encaminada a reforzar la transparencia y la adecuación del proceso es bienvenida, situando en el centro la garantía de condiciones equitativas para los actores productivos locales.
La intervención judicial solicitada por el Parlamento Europeo supone que el texto del acuerdo no podrá avanzar hasta contar con el aval explícito del TJUE. El Gobierno catalán, según consignó la fuente, interpreta este paso como una dilación técnica, más que un rechazo de fondo al tratado, y se mantiene a la expectativa de la resolución que emita el tribunal con sede en Luxemburgo. La Generalitat considera elemental que todo acuerdo de libre comercio cumpla con los estándares jurídicos y proporcione herramientas eficaces de defensa para los sectores más sensibles de la economía.
Entre las inquietudes expresadas por las autoridades catalanas destacan la posibilidad de que los productores locales enfrenten una competencia desigual frente a mercancías sudamericanas, las diferencias regulatorias en temas medioambientales y de sanidad, y el posible efecto sobre los precios y el empleo. Ordeig hizo hincapié en que el Govern planteará ante las instituciones comunitarias las reclamaciones y condiciones necesarias para salvaguardar el desarrollo del sector primario catalán ante las nuevas circunstancias.
El proceso de aprobación del acuerdo UE-Mercosur lleva años en discusión y ha atravesado numerosos condicionamientos políticos, económicos y legales. La pausa impuesta por la Eurocámara representa el episodio más reciente en una negociación marcada por el escrutinio y las demandas de diversos sectores de la sociedad, que exigen garantías de transparencia y respeto a los intereses económicos nacionales y regionales. Según recordó el medio, la Generalitat insiste en la importancia de que todas las partes implicadas actúen con responsabilidad y transparencia para evitar consecuencias negativas sobre el tejido productivo catalán.
Las autoridades autonómicas reiteraron su intención de seguir de cerca todos los desarrollos relacionados con el futuro del acuerdo, manteniendo el contacto con representantes europeos y defendiendo un marco que priorice la viabilidad y la competitividad de los agricultores y ganaderos catalanes. Ordeig dejó en claro que el papel de la administración será activo a lo largo de todo el procedimiento, remarcando que cualquier aprobación futura deberá asegurar la protección efectiva de los productores locales.
La posición oficial del Gobierno catalán, recogida por el medio, es mantener la vigilancia sobre los pasos institucionales y jurídicas que impliquen el acuerdo entre la UE y Mercosur, articulando sus demandas conforme a la evolución del proceso y anticipando posibles necesidades de adaptación o defensa para el sector primario regional.
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