Irán confirma la muerte de más de 3.000 personas en protestas pero las atribuye a "incidentes terroristas"

La Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos de Irán hizo público que hasta 3.117 personas han sido reconocidas como fallecidas en el contexto de las recientes protestas, de acuerdo con un informe transmitido por la cadena estatal IRIB. De este grupo, según consignó Europa Press, se contabilizan tanto civiles como miembros de las fuerzas de seguridad, aunque las autoridades no han detallado la identidad de cerca de setecientas de las víctimas. Este primer balance oficial contrasta con las estadísticas difundidas por organizaciones de Derechos Humanos, que registran más de 4.500 muertos confirmados y están en proceso de verificar otros 9.000, todo esto agravado por las restricciones impuestas a las telecomunicaciones en el país.

Según el comunicado difundido por la televisión pública iraní y recogido por Europa Press, la mayoría de estas muertes habrían ocurrido como resultado de "incidentes terroristas", tesis que sostiene el gobierno de Teherán y que descarta la participación directa de cuerpos policiales o militares en los decesos. Las autoridades insisten en que los actos violentos han sido ejecutados por agrupaciones "entrenadas", respaldadas y armadas desde el extranjero, a las que califican de responsables de ataques que incluyeron torturas y asesinatos, incluso de menores de edad.

El organismo gubernamental responsabilizó de manera directa a supuestos terroristas influenciados o dotados de recursos por países como Estados Unidos e Israel. En el comunicado, se lee la frase: “Los asesinos de los niños de esta patria, y quienes los apoyan, responderán por sus malas acciones”. Las autoridades sostienen que los autores de los crímenes operan en el marco de la agenda de lo que denominan el "régimen sionista criminal" y sus aliados, a quienes acusan de haber transformado protestas inicialmente pacíficas en eventos sumamente violentos, con características comparables a las acciones perpetradas por el Estado Islámico.

Europa Press reportó que, para el Consejo de Seguridad Nacional, la escalada de violencia en el país tuvo lugar principalmente entre los días 9 y 17 de enero, periodo en el que células organizadas, definidas como "del caos", intervinieron para alterar el desarrollo pacífico de las protestas que surgieron como reacción a la crisis económica y las condiciones sociales. Las fechas del 18 y 19 de enero se describen como momentos de extrema violencia, donde se habría buscado deliberadamente desestabilizar el país mediante atentados armados, destrucción de infraestructuras y ataques selectivos.

La información oficial brindada por el Consejo de Seguridad Nacional indica que la táctica de las agrupaciones violentas consistió en causar daños tanto a bienes públicos como privados, atentando contra mercados, bancos, hospitales, lugares religiosos y medios de transporte, incluidas ambulancias. El organismo señala que estos actos fueron cometidos con el propósito de "sembrar la inseguridad" y provocar una fractura en la cohesión social iraní. Asegura, además, que esta estrategia representa un giro en la forma de intervención extranjera contra Irán, tras la denominada Guerra de los Doce Días impulsada por Israel. De acuerdo con el Consejo, "el enemigo concluyó que el mero uso de medios militares no podía obligar a la nación iraní a rendirse", refiriéndose a que los adversarios internacionales habrían adaptado su enfoque, poniendo ahora el acento en la división social interna.

En paralelo a las acusaciones hacia potencias extranjeras, el discurso oficial sostiene que la violencia registrada en las protestas sirvió a los intereses de Estados Unidos, pues habría ofrecido un pretexto al entonces presidente Donald Trump para considerar una intervención militar. Europa Press señala que, mientras el gobierno iraní sostiene la versión de los eventos como parte de un complot externo, también propuso a Washington iniciar un proceso de diálogo dirigido a la resolución de diferencias, aunque reafirmó que el país se mantiene preparado para responder a un posible conflicto bélico.

Las cifras todavía no esclarecen la proporción exacta de civiles y fuerzas de seguridad entre los muertos. Europa Press detalló que la mayoría de las víctimas identificadas corresponden a estas dos categorías, quedando aún sin información transparente sobre otros centenares de fallecidos. En relación con la gravedad de los hechos, el comunicado de la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos hace referencia explícita a asesinatos mediante decapitación, incineraciones y ataques letales a transeúntes y manifestantes.

Esta situación tiene lugar en medio de un apagón en las comunicaciones que, según reportó Europa Press, dificulta la verificación independiente por parte de organizaciones internacionales y locales sobre el saldo exacto de víctimas y las causas de las muertes. Las diferencias entre las cifras oficiales y las estimaciones de ONG se inscriben en ese contexto de opacidad informativa, a lo cual se suma la falta de datos disponibles sobre los eventos exactos que llevaron al fallecimiento de muchas personas en distintas ciudades.

Europa Press destacó que el registro gubernamental constituye la primera vez que se da a conocer un conteo oficial sobre fallecidos desde que las manifestaciones se generalizaron a finales de diciembre, motivadas por el deterioro económico. Mientras tanto, diversas organizaciones de Derechos Humanos continúan revisando casos y acumulando información para intentar esclarecer el número total de víctimas. Las imágenes de las protestas y los daños resultantes se encuentran disponibles en los canales audiovisuales de Europa Press Televisión.