IU pide "voluntad política" para intervenir la vivienda tras el aval del Supremo al tope de la subida del alquiler

La controversia entre PSOE y Sumar en torno a la política de alquileres se ha intensificado después de que el Tribunal Supremo respaldara la limitación en la actualización de la renta de los contratos de arrendamiento residencial en España, establecida ante la crisis inflacionaria derivada de la guerra en Ucrania. Según informó Europa Press, este fallo ha llevado al coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, a emplazar al Gobierno a actuar con decisión para garantizar el derecho a la vivienda, proponiendo medidas concretas como la intervención del mercado y la restricción de precios.

La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo valida las medidas recogidas en el Real Decreto-ley del 29 de marzo de 2022 y sus prórrogas, que establecieron límites para la subida de los alquileres con la intención de mitigar el impacto de la inflación en las familias. De acuerdo con Europa Press, el dictamen judicial considera que tales actuaciones resultan tanto legítimas como lícitas en el contexto de una situación extraordinaria. Esta decisión respalda la postura defendida durante meses por formaciones de izquierda y actores del Gobierno de coalición que priorizan el acceso a la vivienda como derecho fundamental.

Antonio Maíllo expresó a través de la red social X que el control de los precios del alquiler constituye una herramienta esencial para hacer frente a la crisis habitacional. “La vivienda es un derecho a garantizar, no un bien de mercado. Hoy más que nunca: la crisis de la vivienda se combate interviniendo en el mercado, limitando precios y prorrogando contratos. Solo hace falta voluntad política”, afirmó el dirigente, según publicó Europa Press. Maíllo insistió en que el Ejecutivo central debe asumir un papel más proactivo y emplear los mecanismos legales que ahora cuentan con el aval del Supremo, superando las diferencias políticas internas.

Sumar, el socio minoritario del Gobierno, mantiene su rechazo a las bonificaciones fiscales destinadas a los propietarios que no incrementen los precios, una medida que sí es respaldada por el PSOE. Alternativamente, desde la formación que lidera Yolanda Díaz, se plantea la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler vencidos a lo largo del año, gestionada por decreto, para evitar subidas automáticas y proteger a los inquilinos en un contexto de encarecimiento generalizado. Europa Press detalla que este debate evidencia las diferentes aproximaciones dentro del bloque gubernamental respecto a las soluciones para afrontar la emergencia de vivienda.

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, celebró el sentido del fallo judicial y cuestionó la actuación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a quien reprochó la falta de medidas más ambiciosas y contundentes, de acuerdo con el informe de Europa Press. El diputado insistió en la urgencia de implementar prórrogas contractuales y la limitación efectiva a los precios, siguiendo las recomendaciones avaladas ahora judicialmente.

El Real Decreto-Ley de marzo de 2022 surgió como parte de un paquete de respuesta estatal frente a las consecuencias económicas de la invasión rusa sobre Ucrania y el consiguiente repunte en el costo de vida. Según consignó Europa Press, en ese contexto el Gobierno optó por congelar la revisión de la renta de los contratos de arrendamiento para evitar mayores cargas a las familias afectadas por el aumento inflacionario. La medida fue prorrogada dos veces durante ese año ante la persistencia de la crisis global y sus efectos sobre el mercado inmobiliario español.

Maíllo, desde IU, subraya que la actual coyuntura exige voluntad política para profundizar y sostener este enfoque regulador, entendiendo la vivienda como un derecho a proteger frente a las dinámicas del mercado. El dirigente federal ha reiterado que “congelar los precios de alquiler no solo era legítimo, sino también lícito”, en referencia a la interpretación jurídica emitida por el Supremo. Europa Press subraya que estas declaraciones se producen mientras continúan las tensiones en la coalición gobernante sobre la orientación de las políticas públicas en la materia.

La declaración del Supremo representa una validación de las iniciativas planteadas por el sector más intervencionista del Gobierno, las cuales abogan por limitar los precios de alquiler y extender los contratos, trasladando así la carga de la crisis económica de los inquilinos a los dueños de propiedades. Tal como publicó Europa Press, este enfoque ha generado tensiones no solo entre los aliados del Ejecutivo, sino también con el sector inmobiliario y los propietarios, que expresan preocupación por una posible huida de inversión y una reducción de la oferta.

En paralelo al debate político, los indicadores muestran una presión creciente sobre el acceso a la vivienda en diferentes ciudades y territorios de España. El fallo judicial empaqueta un contexto en el que la vivienda se sitúa como uno de los ejes centrales de la agenda social y parlamentaria. El respaldo legal proporcionado por el Supremo refuerza las demandas de las plataformas y movimientos sociales que reclaman medidas contundentes de intervención para revertir la dinámica inflacionista en los alquileres y proteger el derecho a un hogar digno, según recoge Europa Press.

La posición de IU y Sumar, en línea con otras formaciones progresistas, enfatiza la necesidad de articular políticas de control y supervisión estatales, señalando que el incremento sostenido de los precios en los arrendamientos podría agudizar la desigualdad social y limitar las posibilidades de acceso a una vivienda adecuada para amplios sectores de la población. La jornada cerró con llamados a una mayor cooperación gubernamental para la definitiva consolidación de este tipo de intervenciones, en el marco de una crisis habitacional que cuenta ya con el respaldo del máximo órgano judicial del país.