
Las autoridades ucranianas se han visto forzadas a cerrar múltiples centros educativos en ciudades como Kiev, debido a la imposibilidad de garantizar condiciones seguras ante las bajas temperaturas y la interrupción de servicios esenciales. Esta situación se produce en medio de un aumento de los ataques contra infraestructuras energéticas, que han dejado sin electricidad ni calefacción a cientos de miles de familias en algunas de las principales urbes del país. Según informó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estos ataques han tenido un impacto especialmente severo sobre los colectivos más vulnerables, incluidos menores de edad, personas mayores y quienes presentan alguna discapacidad.
El jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, denunció que la reciente ola de bombardeos rusos agravó la crisis energética en Ucrania. Turk definió las acciones rusas como "crueles", atribuyendo esta calificación a las consecuencias sobre la población civil, y destacó expresamente el "grave impacto" que los cortes de servicio tienen en quienes residen en ciudades sometidas a temperaturas extremas, de hasta -10 °C. El representante de Naciones Unidas remarcó que estos actos violan normas internacionales sobre la conducta en conflicto armado, y señaló la necesidad urgente de poner fin a los ataques sobre servicios esenciales, que la noche anterior habían causado interrupciones generalizadas de luz y calefacción en varias regiones ucranianas.
De acuerdo con el medio que cita las declaraciones de Turk, Moscú mantiene la ofensiva sobre infraestructuras críticas a pesar del daño comprobado entre la población. Naciones Unidas alertó que, desde octubre de 2025, las fuerzas rusas intensificaron sus ataques contra redes eléctricas y de distribución energética. A este incremento se suman los registros del año anterior, por lo que el país enfrenta limitaciones severas para satisfacer la demanda interna. Según publicó el organismo internacional, cortes de electricidad y restricciones de calefacción han llegado a prolongarse durante hasta 18 horas diarias en algunos momentos de estos meses.
El medio también detalló que el cierre de escuelas se extiende a diversos puntos del país debido a la imposibilidad de garantizar calefacción adecuada en los edificios educativos. Sven Coppens, responsable de la respuesta humanitaria para Ucrania de la organización Plan Internacional, explicó al medio que la suspensión de las clases presenciales representa una nueva dificultad para los niños y niñas, quienes ven restringido su acceso a un espacio clave de seguridad, estabilidad y apoyo emocional. Coppens afirmó que el trabajo de las organizaciones de ayuda no alcanza a compensar todas las necesidades en el actual escenario, e insistió en la importancia de continuar invirtiendo en soluciones energéticas de emergencia y estrategias de aprendizaje flexibles.
Según destacó la organización humanitaria a través del citado medio, la prolongación de las interrupciones educativas aumenta las desigualdades y los desafíos psicológicos para la infancia ucraniana. La falta de alternativas suficientes y la imposibilidad de garantizar entornos escolares calefaccionados han dado pie a llamados dirigidos tanto a las autoridades ucranianas como a sus aliados internacionales, con el fin de asegurar recursos para el mantenimiento de la educación en condiciones extremas y la ampliación de programas inclusivos para que los menores puedan retomar sus estudios en entornos adaptados a la situación de emergencia.
La ONU, según describió el medio, reiteró que los ataques sobre instalaciones de energía suponen una vulneración clara de las reglas humanitarias del derecho internacional, puesto que afectan de manera desproporcionada a la población civil, interfiriendo en los derechos básicos como acceso a servicios esenciales, educación y protección frente a las bajas temperaturas. Naciones Unidas insistió en la necesidad de que Rusia cese de inmediato los ataques contra la infraestructura crítica, subrayando el sufrimiento que atraviesan quienes carecen de alternativas para afrontar el frío y mantenerse conectados a servicios básicos.
En ese contexto, la presión internacional sobre el Gobierno ruso ha aumentado, tanto por las consecuencias directas sobre la vida cotidiana de familias ucranianas como por el impacto acumulado en sectores como la educación, la salud y la asistencia social. El medio consignó que la comunidad humanitaria internacional evalúa la situación como un desafío persistente, ante la reducción significativa de la capacidad nacional para producir y distribuir energía en los principales núcleos urbanos del país.
El protagonismo de la crisis energética en Ucrania se refleja, según publicó el medio, en la agenda de las organizaciones humanitarias y agencias multilaterales, que evalúan el alcance de los daños y las posibles estrategias de asistencia para los próximos meses, ante la posibilidad de nuevas olas de frío y de ataques adicionales sobre infraestructuras clave. El informe subraya que la permanencia de estos ataques amenaza con mantener y profundizar la vulnerabilidad de la población más sensible, especialmente de menores, ancianos y personas con discapacidad, quienes dependen de la continuidad en los servicios básicos para preservar su integridad y bienestar.
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