
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arrancado su segundo mandato al frente del país con una misión clara en lo que a política interior se refiere: expandir el alcance del poder Ejecutivo a niveles que rara vez atisbó durante sus primeros cuatro años en la Casa Blanca, como demuestra el récord de 225 órdenes que ha firmado en 2025, con la intención última de convertirse en principio y fin de la autoridad nacional.
Un repaso a las órdenes ejecutivas de Trump, en especial las promulgadas durante su primera semana de su retorno a la Casa Blanca, permite apreciar el interés expresado por el presidente en centralizar en su Ejecutivo el funcionamiento del Gobierno.
Sin ir más lejos, su primera orden ejecutiva, del 28 de enero, tuvo como objetivo "poner fin a la instrumentalización del Gobierno federal". Un día después, Trump declaró la puesta en marcha del Departamento de Eficacia Gubernamental con la misión, bajo la batuta del magnate Elon Musk, de reducir el tamaño de las agencias federales para "combatir el despilfarro". La ofensiva continuaba un mes después con una segunda orden presidencial que anunciaba el comienzo de una iniciativa para "reducir la burocracia federal".
Entre medias, Trump declaró la guerra a la "ideología extremista de género" para "defender a las mujeres" y restaurar "la verdad biológica", proclamó el fin de la "discriminación ilegal" representada en las políticas de "diversidad, igualdad e inclusión", y su intención de "erradicar sesgos anticristianos". Las órdenes de Trump, que designan por vez primera al inglés como "lengua oficial" de Estados Unidos, trazan las líneas maestras de su endurecida política migratoria contra "los extranjeros criminales" que amenazan "las comunidades americanas".
Pese a decir abiertamente en campaña que no tenía conocimiento del llamado Proyecto 2025, el plan diseñado por la ultraconservadora Fundación Heritage para su segundo mandato, Trump ha cumplido religiosamente sus principios básicos: reestructuración del Gobierno, restauración de los valores conservadores, control migratorio y desregulación. Su coautor, Russell Vought, es el actual director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca.
CONTRA LOS TRIBUNALES
Trump, además, con la lección aprendida de su primer mandato, ha multiplicado su agresividad, publicando estas órdenes a sabiendas de que esta conducta le iba a poner en rumbo de colisión con los tribunales federales, y especialmente con los magistrados nominados en su momento por presidentes demócratas como Barack Obama o Joe Biden.
Estos jueces comenzaron a emitir "medidas cautelares a nivel nacional" contra sus órdenes en cuestiones principalmente como la migración, al suspender las deportaciones de migrantes irregulares y sus expulsiones, en el caso de ser acusados de integrar bandas criminales con carácter de organización terrorista, a la cárcel CECOT de El Salvador.
Un informe del Servicio de Investigación del Congreso identificó 25 casos solo entre el 20 de enero y el 29 de abril en los que un juez federal emitió una orden judicial de alcance nacional. Estos incluyen casos sobre temas que abarcan desde la financiación federal hasta consideraciones de diversidad, equidad e inclusión, y la ciudadanía por nacimiento.
No obstante, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo, que Trump se encargó de instalar durante sus primeros cuatro años, le concedió en junio una de sus mayores victorias a este respecto, al fallar a favor de limitar las competencias de los tribunales para vetar decisiones presidenciales. "Los tribunales federales no están capacitados para ejercer una supervisión general del poder ejecutivo", explicó la jueza Amy Conney Barrett en representación de la mayoría conservadora.
CONTRA LAS INSTITUCIONES
Los primeros 365 días de Trump han estado marcados también por su intervención en determinados ámbitos institucionales tradicionalmente alejados de su esfera de influencia como son las universidades del país y la Reserva Federal. En el primer caso, cortando fondos en represalia por manifestaciones propalestinas y contra la ofensiva militar israelí en Gaza, y en el segundo, ordenando una investigación contra el "corrupto e incompetente" presidente de la Fed, Jerome Powell.
Los medios de comunicación no han quedado exentos. Trump excluyó a Associated Press de los grupos de prensa del Despacho Oval tras negarse a seguir al presidente y renombrar el Golfo de México como Golfo de América. En octubre, el Pentágono anunció que condicionaría la entrega de credenciales a cambio del silencio de los medios sobre informaciones clasificadas y ha demandado a la cadena británica BBC por editar su discurso del 6 de enero de 2021 en el National Mall antes del asalto al Capitolio.
Trump ha hecho gala de sus competencias presidenciales para indultar a los participantes en el ataque, a numerosos funcionarios condenados por delitos de corrupción pública y a decenas de personas condenadas por delitos financieros, incluso en circunstancias que parecían beneficiar a la familia Trump, quien a su vez se ha visto enormemente beneficiadas de las políticas a favor de las criptomonedas impulsadas por el mandatario. Raro es el aspecto que ha escapado por ahora a sus ánimos de control.
EL PRESIDENTE POR ENCIMA DE TODO
"La larga marcha del 'marxismo cultural' ha llegado a su fin", rezaba el prólogo del Proyecto 2025. En su lugar aparece la llamada "Teoría del Ejecutivo Unitario": la concentración del poder ejecutivo en la figura del presidente, un hombre que a principios de año declaro abiertamente que el uso de su poder solo está constreñido por su "propia moralidad". Con esta frase, Trump trasladó una concepción de la Presidencia que no conoce límites en su intervención, ni políticos ni ideológicos.
A Trump le quedan once meses de apogeo dado que las dos cámaras del Congreso seguirán bajo su control absoluto hasta las elecciones legislativas de noviembre. Hasta entonces, el Legislativo no representará en modo alguno un obstáculo a su política interior.
"Tenemos que ganar esas elecciones", manifestó recientemente el presidente frente a unas encuestas que, ahora mismo, conceden a la oposición demócrata como mínimo la mayoría en la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso, pero incluso ahora el efecto de su presidencia expandida ha calado tanto en la política interior estadounidense que, casi con toda probabilidad, estas herramientas de control vertical sobrevivirán a su mandato.
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