El Parlamento de Venezuela debatirá una nueva ley de minas tras recibir licencia de EE.UU.

La reunión en Caracas entre Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y Doug Burgum, secretario de Interior de Estados Unidos, marcó un punto de inflexión en las relaciones comerciales entre ambos países en el sector aurífero. En ese encuentro, Rodríguez solicitó acelerar la reforma a la Ley de Minas, persiguiendo como meta ampliar el marco legal que rige la explotación del oro en Venezuela y habilitar la participación de inversionistas tanto nacionales como extranjeros. El Parlamento venezolano someterá este lunes a una primera discusión un proyecto de ley orgánica de minas, determinación que se produce tan solo tres días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizara ciertas operaciones con oro venezolano. Según informó EFE, la decisión legislativa podría modificar sustancialmente el panorama del sector, regulado actualmente mediante una ley establecida en 1999 durante el mandato de Hugo Chávez.

Tal como publicó EFE, la sesión parlamentaria está programada para las 17:00, hora local (21:00 GMT). Hasta el momento, no se ha difundido públicamente el contenido preciso de la nueva normativa, aunque trascendió que buscaría reemplazar la legislación vigente, implementada en su momento por decreto presidencial tras la aprobación de poderes especiales por parte del Legislativo. La eventual aprobación de la ley depende de dos debates en la Asamblea Nacional: un primer intercambio que marcará el inicio del proceso y una segunda discusión que abordará cada apartado específico de la norma antes de su entrada en vigor.

El marco legal actual data del año 1999, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez promulgó la norma correspondiente con autorización especial del Parlamento. En la actualidad, la reforma de esa ley cobra protagonismo luego de la reciente concesión por parte del Departamento del Tesoro estadounidense de la llamada licencia general 51. Según detalló EFE, esta licencia permite a empresas de Estados Unidos desarrollar actividades comerciales concretas relacionadas con el oro venezolano, incluida la compra, el transporte y la reventa del mineral, incluso en transacciones donde estén involucrados el Estado venezolano o la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven). Además, la autorización habilita servicios logísticos, aseguradoras y operadores de transporte que participen en el comercio y distribución de ese recurso.

Previamente, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, había anunciado que el cuerpo legislativo ya revisaba desde hace semanas la Ley de Minas, argumentando la urgencia de una apertura legal que facilitara la llegada de inversiones extranjeras, siguiendo el precedente de la Ley de Hidrocarburos que reconfiguró el panorama del sector petrolero venezolano. Según informó EFE, la expectativa es que la nueva normativa estimule la llegada de capital extranjero e incentive procesos de modernización e internacionalización en la industria del oro.

La nueva orientación legal y administrativa ha generado diversas reacciones, tanto dentro como fuera de las fronteras venezolanas. La organización no gubernamental SOS Orinoco, en un comunicado recogido por EFE, sostuvo que la licencia recién otorgada “mantiene el ecocidio y blanquea la riqueza criminal” que, según la entidad, predomina en áreas selváticas de la Amazonía venezolana, localizadas en los estados Amazonas y Bolívar, además de Delta Amacuro, en el noreste del país. La ONG argumentó que la comercialización del oro extraído de estas regiones requiere “planes de debida diligencia de la cadena de suministro” por parte de Estados Unidos. No obstante, SOS Orinoco sostuvo que no existe manera de supervisar con eficacia las operaciones internas de Minerven ni las actividades en las Áreas Protegidas remotas del sur del territorio venezolano, donde —según remarcó la ONG— toda minería está prohibida por la ley nacional.

El impacto de la decisión estadounidense se aprecia en el contexto de una serie de sanciones impuestas previamente contra la actividad minera y la comercialización de oro en Venezuela, medidas que buscaban limitar el acceso del gobierno a recursos estratégicos e ingresos en divisas. La reciente flexibilización de esas restricciones, reportó EFE, representa un posible cambio para el sector aurífero, afectando tanto la economía nacional como los compromisos internacionales en materia ambiental y de derechos humanos.

EFE consignó que la reforma legislativa podría alterar el ambiente de inversión en Venezuela debido a la nueva posibilidad de participación extranjera. El texto indica que el país podría experimentar un aumento en el flujo de capitales y en la capacidad extractiva, aunque persisten cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión y protección ambiental, especialmente en regiones donde la normativa prohíbe explotaciones mineras.

La licencia general 51 destaca como un instrumento que abre el acceso a nuevos mercados para el oro venezolano y mejora la capacidad de actores privados internacionales y nacionales para operar en el sector, según informaron fuentes citadas por EFE. Sin embargo, las preocupaciones ambientales y el seguimiento de la legalidad en la explotación continúan siendo focos de atención tanto para la sociedad civil venezolana como para la comunidad internacional.

El proceso de reforma exige, según las normas legislativas del país, una segunda discusión en el Parlamento, espacio en el cual los diputados debatirán artículo por artículo los componentes de la nueva ley. Hasta entonces, la ley minera de 1999 prosigue en vigor, aunque su alcance y estructura podrían transformarse en breve si el Legislativo aprueba el proyecto, de acuerdo con lo reportado por EFE.