García Ortiz pide la nulidad de su condena y alega que actuó por la "credibilidad" de la Fiscalía frente a "ataques"

García Ortiz ha solicitado que las actuaciones judiciales regresen al punto adecuado del proceso, fundamentando su petición en la alegación de que se vulneraron sus derechos fundamentales durante la causa que concluyó con la sentencia del Tribunal Supremo. Según informó Europa Press, el ex fiscal general del Estado presentó un incidente de nulidad tras haber sido condenado por el Supremo a dos años de inhabilitación al considerar que participó en la filtración de datos personales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este recurso plantea que la condena por revelación de secretos representa una limitación indebida a la libertad de expresión institucional, dado que García Ortiz sostiene que su intervención buscaba proteger la credibilidad de la Fiscalía frente a lo que califica como ataques a la institución.

El documento, remitido por la Abogacía del Estado que representó a García Ortiz durante el juicio, incluye argumentos destinados a demostrar que la reacción del ex fiscal general estuvo motivada por su responsabilidad de salvaguardar la legitimidad e independencia de la Fiscalía. De acuerdo con el escrito, al que accedió Europa Press, el propio García Ortiz considera que la función democrática de la libertad de expresión en el plano institucional debe ser interpretada con amplitud, al punto de permitir errores, excesos o decisiones discutibles, siempre que su propósito sea defender el correcto funcionamiento y la autonomía de un organismo público ante amenazas a su integridad. El texto resalta que esta libertad no debería derivar en una criminalización penal por acciones cuya finalidad era proteger la imagen pública de la entidad que dirigía.

La sentencia del Tribunal Supremo se fundamentó en la consideración de que García Ortiz estuvo implicado en la revelación de datos protegidos, específicos de Alberto González Amador, relacionados con una investigación de relevancia pública. Europa Press reportó que el fallo le impuso dos años de inhabilitación y le señaló como responsable de una filtración que trascendió a la opinión pública y se vinculó directamente al entorno de Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña. La resolución judicial determinó que los hechos analizados excedieron los límites de la legítima defensa institucional y constituyeron una vulneración del derecho a la privacidad de la pareja de la dirigente.

En la argumentación presentada a través del incidente de nulidad, García Ortiz rechazó la interpretación jurídica de que su respuesta ante las acusaciones públicas de prevaricación debiera haberse limitado a un desmentido de carácter genérico o atenuado. Según el ex fiscal general, exigirle una declaración vaga habría supuesto ceder ante una ambigüedad creada por quienes promovieron la imputación penal y, por extensión, convertir una crítica posterior sobre la estrategia de comunicación institucional en un criterio penal. El escrito advierte sobre las consecuencias de impedir o restringir los comunicados públicos de la Fiscalía y su máximo responsable cuando la institución se enfrenta a cuestionamientos severos, ya que esto, señala, privaría al organismo de parte de su función constitucional y podría intimidar su futura actuación.

Europa Press detalló que García Ortiz critica lo que considera una posible limitación de la capacidad de la Fiscalía para ejercer públicamente su función informativa y de defensa de la legalidad ante la ciudadanía. El documento remitido en su defensa sostiene que las limitaciones penalizadoras a la comunicación institucional no solo afectarían el derecho individual de quienes ocupan cargos de dirección, sino que también impactarían la transparencia y la rendición de cuentas requeridas en el ámbito público.

En el escrito, la Abogacía del Estado insiste en la importancia de establecer márgenes claros que permitan a las instituciones realizar aclaraciones o desmentidos en respuesta a acusaciones que podrían menoscabar su validez democrática. Además, plantea que las críticas a la gestión de la comunicación no deben evaluarse a posteriori como parámetros de responsabilidad penal, ya que esto supondría restringir injustamente la actuación legítima de funcionarios que deben responder en momentos de crisis o presión pública.

El recurso de nulidad planteado por García Ortiz pide que se revise la condena y que se restituyan las garantías procesales consideradas vulneradas, lo que implicaría la repetición parcial de la causa desde el momento que corresponda. Según informa Europa Press, el ex fiscal general subraya que la legitimidad de la Fiscalía depende también de la capacidad de sus dirigentes para responder ante acusaciones y ataques que, a su juicio, pueden amenazar el buen nombre y la independencia de la institución.

El caso ha adquirido notoriedad por involucrar a figuras relevantes de la vida pública y por situar en debate los límites entre la defensa institucional y la protección de datos personales. Europa Press ha puesto de relieve que el asunto continúa abierto mientras el Tribunal Supremo estudia la viabilidad del recurso de nulidad presentado por la Abogacía del Estado en nombre de García Ortiz.