Facua avisa a los viajeros del AVE entre Madrid y Andalucía de sus derechos tras la suspensión del servicio

Las consultas de usuarios afectados ante la suspensión de los trenes AVE entre Madrid y Andalucía se han multiplicado, muchas de ellas centradas en los derechos que asisten a los viajeros según la normativa europea vigente. La organización Facua-Consumidores en Acción ha recalcado que los pasajeros pueden exigir la devolución íntegra del importe de los billetes o utilizar los medios de transporte alternativos proporcionados por la empresa ferroviaria, tras la interrupción producida el lunes a raíz del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el domingo, según publicó el medio.

De acuerdo con la información de Facua recogida por el mismo medio, la paralización del servicio de alta velocidad ha afectado los trayectos entre Madrid y diversas ciudades andaluzas, incluyendo Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva. La entidad ha recordado que la legislación europea —concretamente el Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021— garantiza al usuario el derecho a elegir entre el reembolso total del billete o el transporte alternativo hasta su punto de destino, tan pronto como sea posible o en una fecha posterior a convenir con el viajero. Tal como informó el medio, en caso de que la empresa ferroviaria no habilite un transporte alternativo en un plazo máximo de 100 minutos desde la hora programada de salida, y el pasajero opte por contratar por su cuenta otro medio, la compañía deberá afrontar el coste del viaje en autocar. Este derecho también se ejerce si la empresa autoriza expresamente la compra de billetes alternativos por parte del usuario, detalló el medio.

El accidente, que motivó la suspensión, tuvo lugar en Adamuz el domingo y ha desencadenado una amplia reacción institucional y social. Facua trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales y manifestó, según reporta el medio, su confianza en que la investigación esclarecerá las causas del siniestro. La organización reconoció el trabajo realizado por equipos de emergencia como sanitarios, miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, y otros profesionales, así como la solidaridad mostrada por los vecinos de Adamuz y municipios aledaños con las personas afectadas.

En relación con las respuestas institucionales, el medio informó sobre la movilización inmediata de recursos materiales y humanos por parte del Gobierno central, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos del Alto Guadalquivir. La colaboración de otras comunidades autónomas también se hizo efectiva para afrontar la situación de emergencia tras el incidente ferroviario.

Facua advirtió sobre la circulación de desinformación respecto al origen del accidente. La asociación instó a los ciudadanos a no dar crédito a rumores divulgados en redes sociales acerca de supuestos incumplimientos de inversión en mantenimiento de la vía afectada, señalando que en dicho tramo se había ejecutado recientemente una inversión de 700 millones de euros y que las obras finalizaron hace ocho meses. Según informó el medio, Iryo, una de las empresas implicadas, aseguró que el convoy accidentado fue fabricado en 2022 y que superó una revisión técnica la semana anterior al suceso.

En cuanto a otros derechos reconocidos por la normativa europea, el artículo 20.2b del reglamento mencionado recoge que los pasajeros forzados a cancelar sus regresos y que requieran alojamiento mientras gestionan su traslado alternativo pueden exigir a las compañías ferroviarias que les proporcionen hospedaje. Si esto no sucede, los usuarios pueden reclamar el reembolso de los gastos derivados del alojamiento que debieron contratar por su cuenta, detalló el medio.

El tratamiento y asistencia a familiares de víctimas también viene estipulado por la legislación española. Según el Real Decreto 627/2014, de 18 de julio, particularmente el artículo 13, Iryo y Renfe están obligadas a facilitar el transporte de al menos tres familiares hasta el lugar del accidente, incluyendo su regreso, al igual que a costear alojamiento y manutención mientras continúan las labores de rescate e identificación, según publicó el medio.

La normativa sobre los derechos de los viajeros, explicada por Facua y recogida en la información difundida, busca garantizar protección y respuesta efectiva ante incidentes de esta gravedad, estableciendo obligaciones concretas para las empresas ferroviarias ante suspensiones, cambios o cancelaciones involuntarias del servicio. El medio indicó que las reclamaciones están respaldadas jurídicamente y contemplan tanto la devolución de importes de billetes como la cobertura de gastos relacionados con transportes alternativos o necesidades sobrevenidas a raíz de la interrupción del servicio ferroviario entre Madrid y el sur del país.