
El juez Abdulá al Nayar firmó la sentencia que, de acuerdo con la agencia de noticias Saba, confirmó la absolución de dos acusados previamente condenados en un tribunal inferior. El mismo dictamen mantuvo la absolución para otros dos imputados, mientras seis personas recibieron sentencias de prisión, bien como pena principal, bien en conmutación de la pena capital. En total, nueve individuos fueron sentenciados a la pena de muerte por delitos de espionaje a favor de Israel, Estados Unidos y Arabia Saudí en Yemen.
Según publicó la agencia Saba, la División Criminal Especializada de las autoridades de facto instauradas por el movimiento hutí en el centro y norte de Yemen emitió este fallo el lunes. Las acusaciones señalan que los implicados integraban una red de espionaje supuestamente vinculada con los servicios secretos de los mencionados países. El tribunal estableció que los condenados proveyeron información clasificada de índole política, militar y de seguridad, así como ubicaciones de instalaciones estratégicas.
El dictamen judicial, según recogió Saba, detalló que el grupo procesado no solo entregó datos sensibles sino que también participó en reclutar ciudadanos y distribuir equipos de vigilancia. Este material habría permitido monitorizar movimientos y operaciones, lo que se tradujo en ataques dirigidos contra instalaciones militares y civiles y, según la sentencia, en la muerte de cientos de personas. Los acusados habrían recibido pagos a cambio de sus actividades, siempre según la investigación presentada en tribunales hutíes.
La resolución conocida este lunes varió la suerte judicial de varios procesados respecto al dictamen previo de un tribunal de primera instancia emitido el 22 de noviembre. Aquella resolución inicial condenaba a muerte a diecisiete personas y a diez años de prisión a otros dos, al tiempo que absolvía a otros dos imputados. El nuevo fallo redujo a nueve el número de condenados a la máxima pena, mientras que dos sentencias de muerte fueron conmutadas por sendas penas de diez años de prisión. Otros dos acusados obtuvieron la libertad tras cumplir la totalidad de la condena contemplada por la justicia.
Según informó la agencia Saba, las acciones atribuidas a la supuesta red de espionaje incluyeron la provisión de coordenadas y descripciones de emplazamientos estratégicos. De acuerdo con el reporte, estos datos resultaron clave para el lanzamiento de ataques en los que se vieron afectados objetivos tanto militares como civiles en diferentes regiones bajo control hutí.
El proceso judicial se desarrolló en medio del prolongado conflicto civil que vive Yemen. Según el mismo reporte de Saba, la División Criminal Especializada está instaurada en las zonas gobernadas por el movimiento hutí, grupo que desde 2014 controla el centro y norte del país y mantiene un enfrentamiento armado con las fuerzas leales al gobierno reconocido internacionalmente y a la coalición liderada por Arabia Saudí. Las condenas dictadas marcan un nuevo episodio en el uso de tribunales especiales para procesar casos de seguridad, espionaje y “alta traición”, según la terminología utilizada por las autoridades hutíes.
La agencia Saba consignó además que el tribunal examinó la existencia de transferencias económicas recibidas supuestamente por los acusados como compensación por sus servicios. El fallo hace referencia a pruebas documentales y testimoniales sobre el pago de sumas vinculadas a los actos por los que se les juzgó. Entre las evidencias mencionadas figuran equipos electrónicos y comunicaciones incautados durante las investigaciones, según consta en la sentencia publicada este lunes.
La agencia Saba detalló en su crónica que la investigación y el enjuiciamiento de este caso han sido persistentes motivos de disputa entre el movimiento hutí y representantes internacionales que han expresado inquietud por las garantías procesales y la imparcialidad judicial en el sistema yemení bajo control hutí. No obstante, las autoridades del grupo han defendido la legalidad de los procedimientos y la necesidad de actuar frente a lo que califican como amenazas de espionaje extranjero.
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