La inclusión del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, en la lista de sancionados revela el nivel de jerarquía de los funcionarios señalados por Estados Unidos como responsables de la respuesta violenta a las manifestaciones. De acuerdo con la información publicada por medios como Europa Press, la administración de Donald Trump adoptó este jueves nuevas medidas sancionatorias dirigidas a distintas autoridades iraníes y a varios actores económicos, a quienes vincula con graves violaciones de derechos humanos desde el inicio de las protestas en Irán a finales de diciembre de 2025.
Según comunicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el paquete de sanciones apunta a líderes y altos mandos de las fuerzas de seguridad iraníes, en respuesta a la represión contra manifestantes. Las autoridades estadounidenses atribuyen al gobierno iraní y a sus cuerpos de seguridad la responsabilidad de la muerte de más de 3.400 personas durante las protestas, conforme a cifras de organizaciones civiles recogidas también por Europa Press. Las sanciones alcanzan a varios comandantes de las fuerzas de seguridad de la provincia de Lorestán, acusados de cometer numerosas violaciones contra la población civil; así como a responsables militares de la provincia de Fars, señalados por la muerte de numerosos manifestantes.
La administración estadounidense sostiene que Alí Lariyani tuvo un papel clave como uno de los primeros altos cargos iraníes en manifestar un llamado a la violencia frente a lo que define como legítimas demandas de la población. El Departamento del Tesoro denunció que las fuerzas de seguridad dispararon contra civiles en diferentes puntos del país. Además, estos organismos retuvieron al menos un cuerpo para presionar a la familia a reconocerlo falsamente como mártir en beneficio de la narrativa oficial, según consignó Europa Press.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, expresó que Estados Unidos “respalda firmemente al pueblo iraní en su llamamiento a la libertad y la justicia”. Bessent afirmó que, por orden presidencial, el gobierno sanciona a “líderes iraníes clave involucrados en la brutal represión contra el pueblo iraní” y subrayó que utilizarán todos los mecanismos disponibles para identificar y castigar a los responsables de lo que denominó opresión tiránica de los derechos humanos. Bessent también apuntó que las autoridades obligaron a familias de fallecidos a rendir testimonio falso en la televisión estatal, a fin de apoyar la versión oficial del régimen.
Aparte de las medidas dirigidas a individuos, el gobierno estadounidense amplió la ofensiva a operaciones financieras internacionales vinculadas a la economía iraní. Según informó Europa Press, la OFAC identificó a 18 personas y entidades clave en el blanqueo de fondos procedentes de las exportaciones de petróleo y petroquímicos iraníes hacia mercados externos. Estas operaciones emplean lo que el Tesoro de Estados Unidos llama “redes clandestinas de banca paralela”, basadas en instituciones financieras iraníes que ya han recibido sanciones previas.
De acuerdo con la administración estadounidense, la red de banca paralela constituye el mecanismo principal que permite a Irán movilizar decenas de miles de millones de dólares cada año a través del sistema financiero internacional reglamentado. Bank Melli, una de las principales instituciones bancarias de Irán, figura señalada por haber establecido una compleja red de compañías fachada dedicadas al envío y recepción de recursos fuera del país. Por este motivo, las sanciones no solo afectan a bancos nacionales, sino también a entidades financieras establecidas en Emiratos Árabes Unidos, además de altos cargos relacionados con estas firmas y redes empresariales.
Más allá del aspecto bancario, la OFAC detalló que gran parte de estas empresas pantalla, utilizadas para blanquear capitales generados por la exportación de hidrocarburos, operan desde Emiratos Árabes Unidos. Una de ellas, Nanshan Ltd, se encuentra registrada en Reino Unido. Estas entidades cumplen un papel crucial en el flujo de recursos que el gobierno de Irán recaba a pesar de las restricciones internacionales, generando inquietud sobre el alcance de su capacidad para sortear controles y continuar operando en mercados globales.
La ampliación de sanciones refleja una estrategia centrada en presionar tanto a individuos como a estructuras económicas y comerciales de Irán, con el objetivo de restringir el acceso del gobierno iraní y sus asociados a los sistemas financieros globales e impedir la continuidad de prácticas señaladas como ilícitas por las autoridades estadounidenses. Según indicó Europa Press, Washington enfatiza que hará uso de todos los instrumentos legales a su alcance, reforzando así su postura frente a las dinámicas internas y externas consideradas contrarias al respeto a los derechos humanos y al cumplimiento de sanciones internacionales.
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