Condenado en rebeldía a cinco años de prisión el exdiputado y líder del partido tunecino Al Karama

La sala correccional del Tribunal de Primera Instancia de Túnez declaró culpable de alteración del orden público y atentado contra la seguridad del Estado a Seifedín Majuf, presidente del partido tunecino Al Karama (Dignidad, en árabe), que permanece en paradero desconocido tras recibir una condena en rebeldía de cinco años de prisión, según informaron los medios Mosaique FM y Kapitalis. Esta sentencia forma parte de una serie de decisiones judiciales recientes contra figuras políticas opositoras en el país, que han enfrentado cargos por supuestas actividades dirigidas contra las instituciones del Estado.

De acuerdo con las fuentes citadas, Majuf, quien ejerció como diputado en la Asamblea tunecina, fue encontrado responsable de delitos relacionados con la seguridad nacional y actos que las autoridades consideraron una amenaza al orden público. Los procedimientos contra él tuvieron lugar en ausencia del acusado, ya que no se conoce su paradero desde hace meses.

Según publicó Mosaique FM, los problemas legales de Majuf tienen antecedentes previos. En septiembre de 2021, tras el momento en que el presidente Kais Saied concentró todas las competencias ejecutivas —una medida calificada como golpe de Estado por partidos opositores y organizaciones civiles—, un tribunal militar dictó prisión preventiva contra el dirigente de Al Karama. Desde entonces, la figura de Majuf ha estado en el centro de la confrontación política entre el gobierno y sectores críticos que acusan a las autoridades de persecución y represión.

El medio Kapitalis añadió que este contexto no es exclusivo del dirigente de Al Karama, sino que la presión judicial ha alcanzado a otras figuras de la oposición tunecina. Entre los casos más notorios se encuentra el de Rashid Ghanuchi, ex primer ministro y líder del partido Ennahda, quien se encuentra en prisión desde abril de 2023 tras recibir también cargos vinculados con la seguridad del Estado. Su detención se produjo en el marco del fortalecimiento del control presidencial sobre las instituciones democráticas del país.

El mismo miércoles de la condena a Majuf, la emisora Mosaique FM informó sobre otra sentencia dictada por la sala penal del Tribunal de Primera Instancia de Kaserín. Este fallo afectó a Mouadh Ghanuchi, hijo de Rashid Ghanuchi, y a otras tres personas, quienes recibieron también condenas de cinco años por “conspiración para atentar contra la seguridad del Estado”. Estas decisiones refuerzan la tendencia de las autoridades tunecinas de recurrir a cargos de connotación estatal en el marco de la disputa política, afectando especialmente a miembros y simpatizantes de partidos opositores.

Según detalló Kapitalis, la concentración de poder emprendida por Kais Saied generó una fuerte controversia desde julio de 2021, cuando el presidente argumentó la necesidad de intervenir en el Parlamento y suspender sus actividades. A partir de entonces, la presidencia inició un proceso de reforma institucional que incluyó la disolución del órgano legislativo y la posterior organización de elecciones en 2024. Estas elecciones, según reiteran las fuentes citadas, han sido descritas por críticos y por la oposición como una “farsa”, resaltando la baja participación ciudadana y denunciando un ambiente de control político sobre el proceso democrático.

De acuerdo con Mosaique FM, distintas personalidades y agrupaciones políticas han acusado a Saied de instaurar un modelo de gobierno autocrático, desplazando las garantías parlamentarias y judiciales previas por un esquema centrado en el Ejecutivo. Las nuevas condenas a figuras como Majuf y Mouadh Ghanuchi han reavivado el debate sobre el equilibrio de poderes y las condiciones para la competencia política en Túnez, en particular desde la oleada de arrestos y procesos judiciales que siguió a la concentración de poder del actual presidente.

En este contexto, el legado de la transición democrática tras la llamada Primavera Árabe en Túnez ha quedado marcado por una polarización cada vez mayor, donde tanto medios como fuentes judiciales, citados por Mosaique FM y Kapitalis, vinculan los procesos judiciales a la dinámica de enfrentamiento entre el Ejecutivo y la oposición islamista y laica. Las acusaciones de conspiración, atentar contra la seguridad nacional o alterar el orden público aparecen como instrumentos recurrentes en la administración de justicia bajo la actual presidencia.

El caso de Seifedín Majuf sintetiza el momento actual del país, donde líderes opositores afrontan procedimientos judiciales y condenas severas mientras permanecen fuera del alcance de las autoridades, en contraste con las afirmaciones de la presidencia sobre la defensa de la estabilidad y la legalidad. Las consecuencias políticas de estos procesos, según los medios locales citados, perfilan un nuevo escenario en el que el margen para la disidencia política y la competencia electoral continúa siendo objeto de tensión y controversia en Túnez.