El Gobierno interino de Bangladesh, liderado por Muhammad Yunus, ha aprobado este jueves una ley para conceder inmunidad a los manifestantes que salieron a la calle durante las protestas antigubernamentales que estallaron en el verano de 2024 y que hicieron caer al Ejecutivo de la ex primera ministra Sheij Hasina.
El asesor jurídico del Gobierno, Asif Nazrul, ha explicado en declaraciones a la prensa tras la reunión del Gabinete que la medida se publicará en el Boletín Oficial de Bangladesh en un plazo de cinco a siete días, según ha recogido la agencia de noticias BSS.
Nazrul ha detallado que cualquier caso penal presentado contra los manifestantes antes de la aprobación de la medida serán retirados. "A partir de ahora no se podrán presentar nuevos procesos por las acciones llevadas a cabo durante julio y agosto como parte de la llamada 'resistencia política organizada'", ha precisado.
No obstante, ha puntualizado que la iniciativa no incluye delitos graves "en nombre de la resistencia política" y ha dejado claro que estas personas "no quedarán exentas de responsabilidad penal".
"La ley no se ha promulgado para otorgar inmunidad a los asesinatos cometidos por codicia, venganza o intereses personales o ajenos al objetivo de derrocar al Gobierno fascista y restaurar la democracia, ha reiterado Nazrul ante la prensa.
Hasina fue sentenciada a muerte en rebeldía por crímenes contra la humanidad por la represión de las protestas en el verano de 2024, que --según datos de la ONU-- costaron la vida a 1.400 personas y precipitaron su salida del poder y posterior huida a India tras quince años de mandato.
El Gobierno de Bangladesh ha reclamado a India la extradición de Hasina, declarada culpable de la muerte de seis manifestantes desarmados en Daca a manos de la Policía en agosto de 2024 durante las protestas, así como de ordenar a los agentes utilizar fuerza letal contra los manifestantes.
La ex primera ministra ya fue condenada a seis meses de cárcel por desacato tras ser imputada por crímenes contra la humanidad al ordenar la represión de las protestas, convocadas contra un polémico sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los puestos públicos a familiares de veteranos de guerra.
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