Bangladesh aprueba una ley para otorgar inmunidad a los manifestantes de las protestas de 2024

La nueva ley de inmunidad para manifestantes en Bangladesh, aprobada por el gabinete interino presidido por Muhammad Yunus, excluye de sus beneficios los delitos de mayor gravedad, como homicidios y crímenes motivados por intereses personales, según precisó el asesor legal del Gobierno, Asif Nazrul. Esta legislación surge tras las intensas protestas que ocurrieron en el verano de 2024 y que provocaron el derrocamiento del gobierno encabezado por Sheij Hasina, según reportó la agencia de noticias BSS.

De acuerdo con la información publicada por BSS y reproducida por diversos medios locales, la nueva normativa será publicada en el Boletín Oficial de Bangladesh en un plazo estimado de cinco a siete días. La ley ordena el retiro de todos los procesos penales existentes contra quienes participaron en las protestas antigubernamentales previas a su entrada en vigor. Asimismo, quedó establecido que no se podrán iniciar nuevos procedimientos judiciales relacionados con acciones desarrolladas entre julio y agosto de 2024, periodo que el Gobierno ha calificado como “resistencia política organizada”.

Tal como explicó Nazrul a los medios, la inmunidad no se concederá a quienes hayan cometido delitos graves bajo la justificación de la “resistencia política”. La legislación, aseguró el asesor legal, no implica el perdón de homicidios u otros crímenes cometidos por motivos ajenos a la lucha contra el gobierno anterior o que busquen intereses particulares o de terceros. Nazrul puntualizó ante la prensa: “La ley no se ha promulgado para otorgar inmunidad a los asesinatos cometidos por codicia, venganza o intereses personales o ajenos al objetivo de derrocar al Gobierno fascista y restaurar la democracia”.

Según detalló BSS, el trasfondo de la regulación está vinculado al conflicto social que protagonizó el verano de 2024, cuando miles de personas se movilizaron en rechazo a la gestión de Sheij Hasina, especialmente por la vigencia de un sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los cargos públicos a familiares de veteranos de guerra. La respuesta gubernamental ante las manifestaciones incluyó el uso de la fuerza por parte de agentes policiales, lo que culminó en un balance de 1.400 personas fallecidas, según cifras de Naciones Unidas citadas en la cobertura.

A raíz de ese saldo, la ex primera ministra Sheij Hasina fue juzgada en rebeldía y sentenciada a muerte por crímenes contra la humanidad relacionados con la represión de estas protestas. Tras quince años en el poder, Hasina dejó el país rumbo a India, donde permanece refugiada. El actual Gobierno interino ha solicitado oficialmente a las autoridades indias la extradición de Hasina. Entre los cargos atribuidos, se incluye la muerte de seis manifestantes desarmados en Daca, en agosto de 2024, hechos por los que la ex mandataria enfrenta también acusaciones de ordenar el empleo de fuerza letal contra los ciudadanos movilizados.

El proceso judicial en contra de Hasina no se limita al caso de inmunidad para manifestantes. Previamente, un tribunal ya había condenado a la ex jefa de Estado a seis meses de prisión por desacato, tras la investigación inicial por crímenes contra la humanidad derivados de la represión. La ley aprobada por el gabinete de Yunus busca normalizar la situación legal de miles de ciudadanos implicados en las movilizaciones, al tiempo que excluye expresamente a quienes perpetraron delitos considerados graves en el contexto de la crisis política reciente.

Estos cambios legislativos implican un paso en la reconfiguración política y judicial en Bangladesh tras la caída del gobierno anterior. Según reportó BSS, la medida busca evitar nuevas persecuciones judiciales contra participantes en manifestaciones políticas, siempre y cuando dichas acciones no involucren delitos graves ni trasciendan los propósitos de la “resistencia política organizada”.