El nuevo texto constitucional de Guinea Bissau elimina elementos ideológicos y revolucionarios en su preámbulo, según explicó el portavoz del gobierno, Fernando Vaz, con la intención de que la Carta Magna represente a la totalidad de la ciudadanía y no se perciba vinculada a un partido político determinado. De acuerdo con lo recogido por Radio Voz do Povo y referido por El País, la Constitución recién sancionada concede atribuciones ampliadas al presidente de la transición, Horta N'Tam, quien ejercerá como jefe de Estado y de Gobierno en el contexto posterior al golpe militar de noviembre pasado.
Según informó El País, la decisión de fortalecer la Presidencia y transformar el sistema político llega menos de dos meses después de la destitución de Umaro Sissoco Embaló por medio de un golpe de Estado. La presidencia resultante de la nueva Constitución asume el liderazgo pleno del Ejecutivo y preside el Consejo de Ministros, además de que se le faculta para designar tanto al primer ministro como a los integrantes del gabinete. El portavoz gubernamental aclaró que el presidente se convierte en el principal referente para la cooperación institucional entre los actores políticos del país.
El Parlamento, que ahora recibe el nombre de Asamblea Nacional, retiene atribuciones legislativas y de supervisión sobre el trabajo del Gobierno, aunque el presidente adquiere la capacidad de disolverlo conforme al nuevo texto legal. La composición del Consejo Nacional de Transición (CNT), la entidad responsable de aprobar la reforma, incluye 65 miembros. Entre ellos figuran diez representantes elegidos directamente por Horta N'Tam, 16 delegados nombrados por la junta militar instaurada tras el golpe, 20 representantes de partidos políticos, once miembros provenientes de organizaciones de la sociedad civil y nueve enviados de las regiones del país. Así lo detalló El País en su cobertura.
La promulgación de la nueva Constitución aguardará a la firma de Horta N'Tam, quien dirige el gobierno provisional. Según el medio El País, el inicio del proceso de transición formalizó la designación de un nuevo Ejecutivo compuesto por 23 ministros y cinco secretarios de Estado. Esta conformación fue ejecutada tras el golpe y contempla un periodo de transición política de doce meses, sometido a la propuesta inicial de la propia junta militar que derrocó al gobierno anterior.
El País también consignó que la sanción de este texto constitucional sustituye la anterior Carta Magna vigente durante tres décadas, la cual había establecido un modelo semipresidencialista. Ese régimen repartía el poder ejecutivo entre la presidencia y el primer ministro, mientras que ahora la jefatura del Estado asume también liderazgo sobre el gobierno y la totalidad del aparato ejecutivo. Las modificaciones institucionales planteadas concentran el control en la figura presidencial con la justificación de facilitar la cooperación interinstitucional.
De acuerdo con lo explicado por el portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa registrada por Radio Voz do Povo, la intención detrás del nuevo texto es "depurar" la Constitución para ajustarla al contexto nacional presente, eliminando formulaciones de tinte partidista o revolucionario. El medio El País señaló que esta reconfiguración constitucional se presenta como un intento de establecer un marco legal que regule la transición y el ejercicio del poder en el nuevo contexto político surgido tras la intervención militar de noviembre.
El establecimiento de un único jefe de Estado que dirige simultáneamente el Consejo de Ministros y nombra a los principales cargos políticos representa un cambio sustancial respecto a la estructura previa, que distribuyó funciones entre distintos órganos durante treinta años. El nuevo diseño institucional busca centralizar la autoridad ejecutiva y conferir mayor capacidad de acción al titular de la Presidencia tanto en la dirección del país como en la supervisión de la gestión gubernamental, según remarcó El País en su abordaje de los cambios impulsados desde el Consejo Nacional de Transición.
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