La participación activa de las organizaciones profesionales agrarias en el análisis de los términos del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur será determinante para la formulación de la postura oficial de Andalucía ante este proceso. Tal como publicó la Junta de Andalucía en un comunicado, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, bajo el liderazgo de Ramón Fernández-Pacheco, mantiene encuentros con representantes del sector con el objetivo de desmenuzar y revisar de forma exhaustiva los detalles y condicionantes de dicho pacto, de manera que se salvaguarden los intereses de los agricultores y ganaderos andaluces.
Según informó la Junta, la administración andaluza va a redactar un documento en el que demandará el establecimiento de cláusulas de salvaguardia objetivas y automáticas en el marco del acuerdo UE-Mercosur. El texto incluirá la petición explícita de que las ayudas que pudieran otorgarse no provengan de la reserva de crisis de la Política Agraria Común (PAC), motivo por el cual también se urge a la Unión Europea a habilitar mecanismos objetivos, automáticos y transparentes en la gestión de posibles desequilibrios o perjuicios derivados del tratado comercial. Estas exigencias serán trasladadas por la Junta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tal y como lo ha indicado el consejero del ramo tras la celebración de una nueva sesión de la Mesa de Interlocución Agraria.
El consejero Fernández-Pacheco detalló que la administración autonómica ha reiterado su disposición para escuchar las demandas e inquietudes presentadas por las organizaciones agrarias profesionales, con la finalidad de que Andalucía disponga de una voz representativa y fundamentada al respecto. De acuerdo con la misma fuente, Fernández-Pacheco señaló que estas inquietudes se elevarán al Gobierno de España, con el objetivo de que la postura española defienda efectivamente los intereses de los actores implicados en el campo andaluz.
Fernández-Pacheco reconoció la preocupación manifiesta de los productores agrícolas y ganaderos de la comunidad ante las posibles consecuencias que acarrearía la entrada en vigor del acuerdo. Según reportó la Junta de Andalucía, el consejero consideró que dichas inquietudes son comprensibles en un contexto en el que la competencia exterior podría derivar en impactos adversos para el tejido productivo agrario de la región. Por este motivo, la administración autónoma subrayó la necesidad de que el Gobierno central garantice la aplicación de cláusulas de salvaguardia que aseguren el principio de reciprocidad en las exigencias normativas: sanitarias, ambientales y laborales.
La Junta insistió en la importancia de reforzar los controles fronterizos con el propósito de asegurar el cumplimiento estricto de las normas por parte de los productos importados de los países que componen Mercosur. Fernández-Pacheco reiteró que la Junta está dispuesta a implementar todas las acciones que resulten necesarias para proteger al campo andaluz y solicitó que el ministro Planas realice gestiones ante el Ejecutivo nacional para que la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos sea prioritaria.
En relación con la Política Agraria Común, el consejero destacó la importancia de disponer de una PAC robusta, ajustada a las necesidades reales del sector y exenta de vínculos con otros fondos europeos. En palabras de Fernández-Pacheco, según lo difundido por la Junta, resulta esencial que el modelo de futuro de la PAC considere las particularidades de la producción andaluza y se articule sobre dos pilares, previendo que el segundo lo propongan las propias regiones, las cuales —argumentó— han demostrado sus capacidades en la gestión eficaz y oportuna de recursos.
Ante las recientes propuestas de la Comisión Europea sobre el nuevo marco financiero plurianual, el consejero expresó que, aunque la Junta valora una evolución en la postura de la Comisión respecto a anteriores criterios, considera que las nuevas fórmulas presentadas no aportan certezas ni consolidan una solución definitiva a las preocupaciones existentes. Precisó que el meollo de las inquietudes está en el diseño del próximo modelo de la Política Agraria Común, al que percibe “diluido en un fondo único”. Según lo consignado por la Junta, esta percepción genera incertidumbre sobre el futuro de las ayudas europeas y la capacidad de las regiones para continuar liderando la mejora de la vida de los productores locales.
La Junta de Andalucía insistió en que su concentración en el análisis minucioso del acuerdo UE-Mercosur —en coordinación estrecha con las organizaciones agrarias— tiene como principal finalidad blindar al sector agrario ante cualquier amenaza derivada del tratado, así como propiciar que la defensa institucional española venga respaldada por la realidad productiva y las demandas del territorio.
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