La Eurocámara decidirá la próxima semana si lleva al TJUE el acuerdo de la UE con Mercosur

Dentro del Parlamento Europeo, representantes de distintos grupos han manifestado preocupación sobre la fragmentación del tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur, señalando que la Comisión Europea optó por separar el acuerdo en dos instrumentos jurídicos sin ajustarse al mandato negociador original del Consejo. De acuerdo con la información publicada por el medio de referencia, el pleno de la Eurocámara abordará la próxima semana la decisión de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para examinar la legalidad del acuerdo entre la Unión Europea y los países de Mercosur, una cuestión central que se decidirá mediante votación en Estrasburgo.

Según consignó la fuente, la sesión del Parlamento Europeo no debatirá los términos del acuerdo, pero sí someterá a votación dos resoluciones. Una de ellas fue impulsada por los Verdes y la Izquierda Europea, mientras que la otra procede del grupo Patriotas por Europa. Ambas buscan determinar la compatibilidad jurídica del tratado con los marcos legales de la Unión y, en algunos casos, su suspensión paralela a la resolución del Tribunal. En concreto, Patriotas por Europa plantea en su propuesta que el pacto comercial quede pausado hasta que la Justicia europea complete la revisión.

La eurodiputada francesa Manon Aubry, copresidenta de la Izquierda Europea, afirmó mediante un comunicado transmitido por el propio Parlamento que, tras dos meses en los que la presidenta de la institución obstaculizó el avance de la propuesta, la resolución para llevar el acuerdo ante el TJUE será por fin votada en el pleno, programado para el próximo miércoles. Aubry subrayó la importancia de cada voto en este proceso y señaló que la determinación del Tribunal será esencial para despejar dudas sobre la validez legal del tratado firmado con Mercosur.

En el caso del grupo de Patriotas por Europa, su resolución va dirigida expresamente a solicitar al TJUE una declaración sobre la adecuación del acuerdo a los Tratados de la Unión Europea y pide la suspensión de su aplicación durante el tiempo que requieran los magistrados para evaluarlo.

Vox, en un comunicado recogido por el mismo medio, criticó el procedimiento de la Comisión Europea. Según esta fuerza política, la Comisión decidió dividir el acuerdo en dos partes: un pilar comercial de competencia exclusiva de la Unión y un segundo componente de asociación que sí necesita la aprobación del Parlamento Europeo para entrar en vigor. Vox sostiene que esta división no se contempla en el mandato que el Consejo negoció con anterioridad y argumenta que la Comisión no tiene potestad para alterar unilateralmente la naturaleza jurídica de un tratado internacional ya pactado.

El medio detalló, además, que en paralelo a las votaciones sobre el acuerdo con Mercosur, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se enfrenta a una moción de censura promovida principalmente por grupos de ultraderecha que rechazan el pacto con los países sudamericanos. Esta moción será la cuarta en seis meses dirigida contra la responsable del Ejecutivo comunitario, lo que evidencia la crispación en algunos sectores del Parlamento respecto de la política comercial de la Comisión.

Bruselas, por su parte, ha sostenido que todavía no hay una decisión definitiva respecto a la eventual aplicación provisional del tratado. El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, explicó que el acuerdo puede comenzar a regir tras la firma prevista para este sábado, sin necesidad de esperar al voto final de la Eurocámara. Sin embargo, precisó ante la prensa europea que la Comisión se centrará en dialogar con los eurodiputados en las próximas semanas, con el objetivo de reunir apoyo suficiente antes de someter el texto a una votación definitiva. Olof Gill afirmó: “Para ser claros: No se ha tomado ninguna decisión sobre la aplicación provisional del acuerdo de Mercosur. En las próximas semanas, la Comisión se centrará en dialogar con los eurodiputados para obtener su apoyo, antes de la votación final sobre el acuerdo”.

Durante las semanas recientes, responsables de la Comisión han evitado concretar si optarán o no por la entrada en vigor provisional del pilar comercial tras la firma. Algunos gobiernos, como los de Francia e Irlanda, han expresado su oposición al proceso, sumándose a las críticas que han surgido en el entorno parlamentario y sindical europeo ante la posibilidad de que el tratado se aplique sin contar con el respaldo explícito del pleno parlamentario.

El acuerdo de asociación, cuyas negociaciones se prolongaron durante años, busca profundizar los lazos económicos entre la Unión Europea y los países del Mercosur. De materializarse la entrada en vigor provisional, lo haría exclusivamente sobre la parte comercial del texto, sin que se active el resto de disposiciones hasta que el Parlamento Europeo emita su voto final. La división del tratado ha generado dudas sobre la legalidad del proceso, mientras los eurodiputados debaten la conveniencia de remitir el documento a los jueces del TJUE y de suspender cualquier aplicación durante el tiempo que dure el análisis legal.