El Supremo de EEUU no emite su veredicto sobre los aranceles de Trump

Donald Trump sostuvo la semana pasada que, si la Corte Suprema de Estados Unidos se manifestaba en contra de los aranceles globales implementados desde abril, el país se vería obligado a realizar reembolsos por valores billonarios. Sin embargo, en la última jornada clave, el máximo tribunal no hizo pública ninguna decisión acerca de la legalidad de estas medidas, dejando en suspenso el futuro de los gravámenes y de numerosos litigios que involucran a miles de empresas. De acuerdo con lo reportado por medios internacionales, la falta de pronunciamiento mantiene la incertidumbre sobre el alcance y las consecuencias de una eventual resolución.

Según consignó la fuente original, el Tribunal Supremo de Estados Unidos publicó este miércoles tres dictámenes sobre distintos temas, sin incluir en ellos el de los aranceles, pese a la expectativa generada en torno a este asunto. El organismo, compuesto en la actualidad por una mayoría conservadora de seis magistrados frente a tres progresistas, tampoco anunció cuándo podría abordarse nuevamente el caso ni estableció un calendario para deliberaciones futuras, una práctica habitual que refuerza el hermetismo respecto a las materias que serán tratadas en cada sesión.

Los aranceles adoptados por el presidente Trump en abril de 2025 están en el centro de una disputa legal, luego de que una docena de estados y numerosas compañías estadounidenses impugnaran su aplicación. Dicha política se basó en la invocación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, según las siglas en inglés), normativa de 1977 que permite al jefe del Ejecutivo regular o restringir operaciones internacionales en situación de emergencia nacional. La controversia radica en si las acciones del mandatario pueden considerarse legítimas en el marco de esa legislación.

El periódico detalló que la Administración Trump defendió sus argumentos ante el Supremo a inicios de noviembre de 2025, ocasión en la que también fueron escuchadas las razones de un tribunal federal previo, el cual cuestionó que la Casa Blanca recurriera a la IEEPA para justificar la imposición de gravámenes a decenas de socios comerciales del país. A finales de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional había resuelto que Trump se excedió en sus facultades al promulgar estos aranceles amparándose en dicha ley, fallo que acentuó la controversia y reforzó el papel de la Corte Suprema como instancia decisiva en el desenlace de la disputa.

De acuerdo con lo publicado en la prensa, el impacto de un eventual rechazo de la Corte a los aranceles de Trump podría tener consecuencias financieras inéditas. Numerosas compañías y sectores industriales afectados por el aumento de los costos de importación podrían iniciar reclamos de devolución por sumas multimillonarias. En ese contexto, la prensa también recordó las palabras del expresidente, quien calificó de "completo desastre" la posibilidad de que se obligara al Tesoro estadounidense a efectuar estos reembolsos, interpretando la situación como una amenaza financiera significativa para el gobierno federal.

La cobertura periodística explicó que el Tribunal Supremo no suele anticipar ni el contenido de las cuestiones a dirimir ni la fecha precisa de sus fallos, lo que contribuye a la opacidad sobre la resolución de uno de los casos más trascendentales para la política comercial de la actual administración. Durante la jornada, los jueces se pronunciaron sobre tres asuntos distintos, pero el tema de los aranceles quedó postergado, aumentando la expectativa sobre cuándo y cómo se tomará una decisión en el litigio.

El alcance de la decisión del alto tribunal no solo afecta a las empresas y sectores directamente implicados en el cobro de aranceles, sino también al futuro de la legislación de emergencia nacional y la interpretación de los poderes presidenciales en materia económica, según reportaron las agencias. Si la Corte determinara que el Ejecutivo se extralimitó al activar la IEEPA para establecer aranceles, la sentencia representaría la revocación legal más significativa enfrentada por Trump desde su retorno a la Presidencia un año atrás y sumaría presión sobre la Casa Blanca para modificar la estrategia comercial en curso.

Medios estadounidenses precisaron que la demanda inicial fue encabezada por varios estados y empresas que consideraron perjudiciales las nuevas tarifas para la dinámica del comercio internacional y para la competitividad nacional. El recurso judicial formalizó el cuestionamiento al uso de poderes ejecutivos excepcionales para cuestiones estructurales de la economía, un aspecto que ya había sido motivo de debate en sesiones anteriores del Supremo y que se mantiene como uno de los puntos más observados por el sector empresarial.

A la espera de la resolución, la atención se concentra en la capacidad de la Corte Suprema para definir los límites legales de los poderes presidenciales y el posible impacto económico para miles de compañías sujetas a los aranceles. Según informaron distintos medios, en caso de un fallo adverso al gobierno de Trump, la vía para reclamaciones de reembolso se abriría de manera masiva, anticipando la presentación de miles de solicitudes por parte de empresas afectadas por el incremento de los precios de importación.

El proceso ilustra la relevancia de las decisiones judiciales en el ámbito económico y político de Estados Unidos, y el efecto de las políticas comerciales adoptadas por el Ejecutivo sobre la relación con sus socios y sobre el marco normativo nacional. Con el fallo aún pendiente, la incertidumbre persiste para las partes involucradas y para la economía estadounidense, mientras el máximo tribunal se reserva su pronunciamiento sobre un caso con implicaciones de largo alcance.